El DNU y un plan de estabilización con ancla salarial

La libertad avanza a decretazos. El presidente Javier Milei garantizó otro diciembre caliente con la puesta en marcha de su devaluación y plan de ajuste, pero también por su desafío a la protesta social y al Congreso.

El DNU con más de 300 artículos que desmantela las regulaciones sobre las principales corporaciones empresarias, provocó estupor en los referentes políticos y una ola de protestas, con cacerolazos incluidos, en todo el país.

El paquete de desregulación económica, es en rigor un patrullaje sicario sobre leyes y reglamentaciones que limitan el desarrollo de negocios de grupos empresarios específicos. Elimina la ley de alquileres y habilita su pago en moneda extranjera. También cierra la posibilidad de que algún juez pesifique contratos. “Los contratos se podrán hacer en bitcoin o kilos de carne”, dijo la canciller Diana Mondino. Deroga las leyes de abastecimiento y de góndolas, desregula los mercados de medicina prepaga, de tarjetas, de telecomunicaciones, entre otros. En todos los casos, par remover trabas u observaciones sobre las decisiones de aumentos de precios, aranceles y comisiones que cobran las empresas. No pasaron 24 horas y se ya se conocían los primeros anuncios de aumentos.

Un capítulo importante está dedicado a las privatizaciones y otro a pulverizar la ley de contrato de trabajo y liberar el mercado laboral. Reducción de indemnizaciones, posibilidad de pactar nuevos convenios a la baja, flexibilización del régimen de trabajo, son algunos puntos. Para garantizar esta reversión, el combo se completa con la limitación del derecho de huelga a tal punto que la mayoría de las actividades pasan a ser consideradas esenciales o trascendentes.

Todo esto, según Milei, en nombre de recuperar salario y calidad del empleo, dos ítems que fueron pulverizados en los gobiernos de los que participaron sus más cercanos ministros, y que recibieron en las últimas dos semanas el zarpazo de la megadevaluación, los aumentos desmadrados de precios y la suba de impuestos.

El conjunto de estos movimientos contribuye a confirmar que, contra lo que dice el gobierno, el ancla del supuesto plan de estabilización es menos fiscal que salarial. Los números de las cuentas fiscales de noviembre, antes del cambio de mando, muestran como el ajuste en el gasto se vino haciendo este año, con un déficit que todavía está en el orden del 1,7% del PBI.

En cambio, con salarios casi congelados o hiperatrasados, la inflación semanal de los supermercados que mide el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz ya registró dos picos enormes de aumento en un mes. Uno después del resultado del balotaje, cuando las empresas dieron por caídos los acuerdos de precios, y el de la última semana, con una suba de casi 14%.

Un estudio del Centro de Economía Política Argentina repasó la distribución del ajuste fiscal que anunció el ministro Luis Caputo para bajar cinco puntos del déficit. Entre suba de impuestos y recortes, el 67% del ajuste lo pagarían los trabajadores y trabajadoras activos, pasivos y pymes.

El propio Milei expuso esta ecuación en la reunión que mantuvo con los gobernadores para proponerles que se asocien al plan de recortes. La prenda de cambio fue la reversión del alivio al impuesto a las ganancias sobre los salarios que había impulsado Sergio Massa y que el presidente votó. El bonaerense Axel Kicillof y un grupo de colegas peronistas rechazó la iniciativa en soledad. El resto pivoteó entre el estupor político que provoca la nueva figura presidencial y la rebatiña de ajuste que induce el escenario de paritaria a la baja.

En Santa Fe la preocupación estuvo monopolizada por el aumento de las retenciones a la exportación a los complejos agroexportadores y a la industria. El gobernador Maximiliano Pullaro se reunió con las entidades del sector y prometió quejarse por este “golpe inesperado”. Mientras, presentó la ley impositiva que viene con aumentos del 146% para el impuesto inmobiliario, suba en patentes y alícuotas de Ingresos Brutos para servicios financieros y el juego. El ajuste mayor vendrá de la mano de los servicios. La EPE ya activó una suba de 9% que había congelado Perotti y pronto será la audiencia pública para definir el aumento de Aguas.

En la ciudad, el nuevo período político llegó con aumento del boleto del colectivo, que se ajustará bimestralmente por inflación, de la TGI y el Drei y la creación de la tasa vial.

Si la idea es secar la plaza de pesos, como argumenta el gobierno, todos los niveles del Estado aparecen como muy comprometidos en la tarea. En las últimas dos semanas, esos billetes que el nuevo presidente odia, vienen saliendo de los mismos bolsillos. Y tienen que ver con decisiones políticas y no con un pasado del que supuestamente heredó una hiperinflación futura.