El nuevo sistema acusatorio federal se acomoda a la Justicia provincial en medio de diferencia de criterios. La Corte y el empuje del gobierno
Por Facundo Borrego
“Tengo mucha expectativa en el sistema acusatorio: las primeras estadísticas que me llegan de la jurisdicción de Rosario son alentadoras, vamos por el buen camino”, afirmó el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, sobre el nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) aplicado en Santa Fe.
La misma cantidad de expectativas seguramente tenga el gobernador Maximiliano Pullaro que trabaja en varios abordajes para combatir el narcotráfico y violencia en Santa Fe. Por lo pronto, en el primer semestre se registró una fuerte baja en materia de homicidios y de heridos con armas de fuego.
Una de las patas que se puso en marcha en Santa Fe para encarar la compleja situación fue la implementación del sistema acusatorio federal que ponderó Rosatti en el XXIV Encuentro de Jueces de Tribunales Orales que, según coinciden fiscales federales en Rosario a tres meses de su implementación, es “auspicioso” porque hay recursos mejor utilizados.
Claro que en semejante proceso hay clavijas que ajustar, sobre todo porque casi en simultáneo se aprobó la ley de narcomenudeo en la provincia de Santa Fe, que habilita a fiscales del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe (MPA) a investigar delitos de drogas que eran materia exclusiva de la Justicia federal. Esa fue una norma que empujó con énfasis el gobernador y logró aprobar fácilmente con la amplia mayoría del oficialismo en la Legislatura.
Desde entonces emergieron en la Justicia diferencias entre autoridades federales y provinciales a la hora de definir la competencia de las causas. Incluso también entre jueces y fiscales de la misma competencia. Por ahora no parece pasar a mayores, pero es un tema que se habla recurrentemente en el ámbito judicial.
“No hay cortocircuitos, solo criterios encontrados de competencia”, simplifican por el lado de los magistrados. En esa nueva convivencia, hay quienes señalan a algunos jueces provinciales por aprovechar con holgura el envión del nuevo régimen procesal federal.
“Ningún juez provincial patea causas”, desmienten a La Capital en el cuerpo de magistrados santafesinos, y acotan que hasta ahora no hay muchos casos de narcomenudeo. Esto tiene clara resonancia en los fiscales quienes son los encargados de llevar las causas a instancia imputativa frente al juez.
Sutilezas aparte, las diferencias en algún momento deberán limarse. La solución para unificar criterios serán los precedentes que se establezcan, aunque aclaran que una discrepancia entre un juez provincial y federal puede terminar resuelta por la Corte Suprema de la Nación y, claro, lleva tiempo.
Justamente eso está ocurriendo con la causa por lavado de activos contra Andrés Pillín Bracamonte, líder de la barra de Rosario Central. La fiscalía federal de Rosario pide llevarla adelante pero la Cámara de Apelaciones la confirmó a la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos de Santa Fe. Puede terminar en la Corte nacional. Así y todo, en la fiscalía federal juran apostar al diálogo porque “la idea es no llegar a tener conflictos de competencia”.
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Al margen de la discusión sobre si los casos judicializados son muchos o pocos, la ley de microtráfico entra en acción. Como la normativa abarca la posibilidad de derribo de búnkeres, el gobierno avanza con el operativo y busca efectos de alivio en esos focos geográficos violentos. La ley adquirió un sentido práctico en el territorio para borrar los entornos hostiles, lo que no quiere decir que la comercialización se haya terminado.
Desde el inicio de la gestión provincial se concretaron 27 operativos de derribos y tapiado de puntos de ventas. “La cantidad de puntos de venta relevados en la ciudad son muchísimos más, seguimos trabajando apoyados en una herramienta que es la Ley de Microtráfico con el Ministerio Público de la Acusación”, pasó en limpio el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira.
El funcionario contó que esos lugares inhabilitados representaban un simbolismo que tiene que ver con "cuestiones dolorosas". Puntualmente allí se concretaron las medidas preparatorias para la ejecución del asesinato del joven trabajador de la estación de servicios, Bruno Bussanich, un punto de inflexión en la seguridad de la gestión.
Días atrás, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, desembarcó en Rosario y junto a Pullaro mostraron los resultados del Plan Bandera. “Se viene el llamado a concurso para 52 fiscales con el objetivo de cubrir las vacantes con subrogantes que faltan en el MPA para que se pueda mejorar la investigación”, avisó el gobernador.
Por lo pronto, el Ejecutivo, en la vorágine por imponer su plan en la materia, enfrenta una disputa por otras vacantes, la de jueces de la nueva Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, que entró en una etapa de confrontación política con la oposición y hasta interna en Unidos, y con el Colegio de Magistrados.
"No son estos pliegos en particular sino lo que deja asentado para el futuro, ya que se tienen que llenar muchas vacantes", advierten los magistrados. De nuevo, como en las discrepancias de la competencia, el peso de los precedentes se cuelan en la discusión.
Se suma el intento de renovación de la Corte provincial en un vínculo que ahora atraviesa un tire y afloje presupuestario. La Corte empuja en ese sentido e invitó a una reunión en su despacho para este martes al ministro de Economía, Pablo Olivares, pero no asistirá porque coincide con la presentación del Santa Fe Business Forum, al que el gobierno le pone muchas fichas. Habrá invitación a la inversa. Todos dan pasos medidos para no caer en sometimientos.
Claramente, en la provincia se atraviesa un contexto de refundación con tensiones y final abierto.
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