El gobierno provincial aceleró con la segunda fase de seguridad tras un semestre de buenos resultados. Narrativa para cambiar la percepción. Rosario, el foco
Por Facundo Borrego
Foto: Gobierno de Santa Fe.
El gobernador Maximiliano Pullaro en la Junta Provincial de Seguridad.
“Pongamos orden y sigamos trayendo paz a Rosario”, arengó el gobernador Maximiliano Pullaro frente a una marea azul en el 170° aniversario de la creación de la policía en la ciudad. Paz y orden, el binomio aspiracional de una sociedad fatigada vuelve a estar en el discurso de la política, aunque esta vez tiene de qué agarrarse.
Aquella vez no. Terminó siendo un mero deseo en el marco de una campaña electoral en la cual Omar Perotti prometió “Ahora la paz y el orden”. Todo un escupitajo hacia arriba que cayó sin piedad, algo de lo que no está exento ningún gobierno, ni el actual por más que esté encarrilando el asunto. El exceso de confianza, propia y en los soportes operativos, así como la saciedad de resultados, son riesgos que siempre estarán presentes en la lucha contra la inseguridad.
Tras siete meses de gestión, el gobierno provincial entró en la segunda fase: trabajar sobre una narrativa ahora que tiene con qué sustentarla. Hora de usufructuar lo conseguido. La baja de los homicidios en un 61 por ciento en Rosario, del robo callejero y predatorio y de heridos con armas de fuego funcionan como un pack que se comenzó a comunicar como estrategia.
Una vez lograda transitoriamente la seguridad objetiva, se pasa a trabajar sobre la subjetiva, un proceso de percepción del ciudadano complicadísimo de dar vuelta, que se logra en base a “buenas y verdaderas noticias”, según entienden en el gobierno.
No es un mensaje que se pueda bajar de modo vertical. El gobierno no puede decir: “Bueno, ahora sentite más seguro”. Tiene que generar el contexto y ser verificado. La “sensación de seguridad” no se imita, justamente, se siente. Puede transitoriamente ser emulada, pero tiene patas cortas. Por eso, por ahora no recurren a slogans aunque sí se comunican los buenos resultados.
En materia de seguridad es muy fácil dar vuelta las promesas o los espejitos de colores, con un par de tiros alcanza. Si la recordada frase en pandemia del Frente de Todos (FdT) "El Estado te salva" terminó en una farsa, por más que sanitariamente tuvo éxito, un relato similar aplicado a la seguridad es aún más fácil de incendiar.
Pullaro había colocado al primer semestre como mojón para comenzar a hablar del tema, una vez conseguida la consolidación de resultados y no casualidades. Se cuidó al máximo no hablar de más, algo que se contrapuso con la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien rápidamente festejó los logros y los ató al Plan Bandera. La tensión se pudo controlar.
“Hay que levantarle el autoestima a Rosario”, dicen en el gobierno y juran que ya hay ciudades que están peor en índices de homicidios y robos. Pese a la mejora, los valores siguen siendo altos.
“La gente se debe sentir más cuidada y recuperar la normalidad de antes de 2007/2008”. La fecha, casualmente, es cuando comenzó a gobernar el Frente Progresista encabezado por el socialismo y secundado por el radicalismo. Hoy, ambas fuerzas invierten el protagonismo en Unidos.
El plan discursivo fue acompañado por uno de inversión de recursos anunciados la semana pasada. Cinco penales para reclusos, estaciones policiales, cámaras de seguridad que convertirían a Rosario en la ciudad más monitoreada del país y 150 móviles más para la Unidad Regional II.
En el acto, el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, dijo que Pullaro les pidió especialmente “tener ciudades seguras y devolverles la tranquilidad a los santafesinos”. De nuevo, lo subjetivo y lo objetivo.
Lo que más impacta, y de lo que más se aferra el gobierno, es que no hubo gradualidad en la merma, se bajaron de un hondazo los homicidios y los balazos. Encuentran explicaciones en algunas cuestiones bien concretas. La más simple puede ser la presencia y control policial en la calle. Pero emerge con fuerza el endurecimiento del régimen carcelario para primeras y segundas líneas de bandas criminales, algo que generó polémica en un primer momento de demasiada vehemencia y exposición.
También hay especialistas que lo vinculan con la reglamentación de ley de microtráfico o narcomenudeo, que obliga a fiscales a investigar delitos que eran materia exclusiva de la Justicia federal. Eso impulsó una nueva forma de abordar la violencia.
El gobierno no empuñó públicamente la ley como se podía pensar en proporción a lo que insistió para su aprobación, pero parece central en el despliegue. El derribo de búnkeres viene de la mano de ese marco normativo y no es solamente utilizado para impacto mediático o mostrar una medida palpable para llevar tranquilidad a los barrios calientes.
El búnker siempre fue un lugar geográfico violento asociado a la disputa de territorio por ser un punto de venta físico. Al derribarlo, se achica ese expendio, claro, pero lo que parece buscarse de fondo es erradicar la violencia feroz que atrae ese entorno.
Con las paredes hechas escombros, el mercado de drogas puede seguir por otros canales de venta, incluso no físicos, pero los ajustes y homicidios ya no cuentan con ese centro de gravedad. Eso parece ser un criterio y también un mensaje de ir primero contra la violencia letal, lo salvaje de las bandas criminales, luego el resto.
La pacificación como método de reparación integral y verdadera solución del conflicto y del drama, como definen los académicos de la persecución penal, llevará su tiempo. Las tramas violentas de bandas organizadas que no tienen que ver exclusivamente con el narcotráfico continúan, como volvió a verse con la nueva disputa de la barra de Newell’s.
“Gracias a Dios no se murió Pillín”, comentaba entre la risa y la sinceridad alguien de roce fiscal respecto del tiroteo que sufrió Andrés Bracamonte, caratulado líder de la barra de Rosario Central.
En la Casa Gris hablan de milagro. Es que, literalmente, por centímetros no se desmadró la situación en la otra barrabrava de la ciudad. Parece necesaria una cuota de suerte o de providencia en todo proceso de pacificación.
El fallo declaró responsables a Iván Reyes y Norma Vega por homicidio culposo. Diego Román murió en 2019 tras ser atacado por unos diez perros en la localidad de Recreo.
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