La reciente adhesión a la ley de narcomenudeo hizo su debut este martes en Rosario. Un discapacitado y una jubilada, los dos mayores de 70 años, fueron imputados por intentar alcanzarles a sus hijos presos dos recipientes con comida que ocultaban cápsulas de marihuana. Uno con 85 gramos y el otro con 38. Los dos fueron detenidos entre la mañana y la tarde del sábado durante el horario de visita en la cárcel de Piñero. Recibieron el año nuevo presos por primera vez en sus vidas y se convirtieron en los primeros acusados por la flamante ley, que otorga a la provincia la facultad de perseguir el microtráfico de drogas.
Por la cantidad de sustancia involucrada, la edad de los detenidos, el carácter gratuito del envío y sin un criterio de peligrosidad a la vista, los dos quedaron en liberad. Sus defensores públicos y el fiscal en turno, Mariano Ríos Artacho, acordaron que pasen a firmar cada quince días o una vez por mes al Centro de Justicia Penal. Además tienen prohibido acercarse a los centros penitenciarios donde estén alojados sus hijos, a quienes a partir de ahora sólo podrán contactar por teléfono o videollamada.
Estos son los primeros dos casos que se tramitan en el fuero penal de Rosario tras la sanción de la ley 14.239. La normativa promovida por el gobernador Maximiliano Pullaro faculta a los fiscales y la policía provinciales a perseguir la venta de drogas en baja escala, lo que hasta entonces era de incumbencia federal. Las cuestiones ligadas a estupefacientes se abordaban en el fuero penal rosarino de manera tangencial, en causas por homicidios y asociación ilícita. En estas dos audiencias fueron lo medular, aunque en situaciones de bajo impacto.
La jueza Silvia Castelli validó los acuerdos para que los acusados recuperen la libertad. Tuvo en cuenta que se trata de personas con arraigo familiar y que los casos podrían transitarse con salidas menos gravosas que una condena o, incluso, con un archivo. Es que, según indicó, es de esperar que a futuro se prioricen otros supuestos mencionados tanto en la ley que adhiere a la desfederalización como en el protocolo de trabajo que acordó el Ministerio Público Acusación (MPA) el miércoles pasado.
>>Leer más: Narcomenudeo: fiscales provinciales actuarán desde este viernes en casos de droga
Allí se prioriza el abordaje del microtráfico en mercados abiertos, en espacios públicos, con participación de menores de edad, la distribución en búnkeres, escuelas o plazas o que supongan la alteración de la tranquilidad pública. Las situaciones que no involucren “tráfico oneroso o habitual”, dice la resolución de la Fiscalía General, podrán ser archivadas. Todo es nuevo y así lo indicó la jueza en la audiencia. El MPA dispuso hace sólo seis días la creación de un equipo de trabajo que intervendrá en la materia de manera progresiva, hasta que se reúnan los recursos y el equipamiento. Su intervención en el microtráfico arrancó el viernes.
El chapista
Miguel Angel A. tiene 74 años. Fue chapista pero ya no trabaja porque sufrió una pérdida considerable de la vista y no escucha bien. Tiempo atrás sufrió un ACV y arrastra las secuelas de un choque que sufrió hace unos cuatro años. Tiene carné de discapacitado y atiende a su esposa enferma de cáncer de estómago. Viven de una pensión mínima en la zona oeste. Algo desorientado, creía que lo habían detenido el 23 de diciembre cuando en realidad fue el 30. “Es por la isquemia”, dijo señalando hacia el costado izquierdo de la cabeza con las dos manos unidas por las esposas.
El defensor público Daniel Kantor le acercó un escrito con las condiciones para su libertad. Alto, canoso y vestido con una gastada chomba a rayas, el hombre achicó los ojos y acercó el papel casi hasta rozarle el rostro para poder leerlo. “¿Le pueden sacar las esposas? Tiene 74 años, no va a salir corriendo”, les pidió Kantor a los custodios. Aún así, hubo que esperar la autorización de la jueza para que el hombre pudiera plasmar su firma, que trazó muy despacio.
>>Leer más: Rosario y drogas: en qué casos actuarán desde ahora fiscales provinciales
Luego el fiscal Mariano Ríos Artacho dio cuenta de la imputación. Dijo que el sábado a las 9.30 de la mañana A. fue detenido cuando intentaba ingresar un recipiente hermético con comida que contenía 119 envoltorios con una sustancia vegetal. En la requisa se sospechó que podía tratarse de marihuana. Las cápsulas sumaban en total 85 gramos. El tupper iba a dirigido a su hijo, que cumple condena por intento de homicidio en el pabellón 15. Toda la evidencia es el acta del Servicio Penitenciario, que esta semana comienza a regirse bajo una nueva ley impulsada por Pullaro.
Se citó entonces a policías de la ex Drogas Peligrosas. El personal tomó cuatro muestras de la sustancia y la prueba con reactivos químicos arrojó que se trataba de marihuana. A. fue imputado por el delito de suministro gratuito de estupefacientes en grado de tentativa y agravado por ocurrir en una unidad penitenciaria, lo que prevé una pena mínima de 2 años y 3 meses. Si se determina que la sustancia es para uso personal del destinatario se prevé una merma en la pena. Esa cuestión, así como la gratuidad del envío, son aspectos que según la jueza serán abordados en otra instancia del trámite.
El chapista quedó comprometido a firmar cada quince días por tres meses y una vez por mes a lo largo de otros nueve meses. No podrá acercarse en ese lapso a instituciones penitenciarias. Su esposa y su hija, presentes en la sala, serán garantes de esas medidas. “Alejandra, ¿sos vos?”, le dijo el hombre a esta cronista, confundido, mientras buscaba a su hija en la sala. Antes de volver a su casa contó que había recibido el 2024 en una celda "de dos por dos" en la comisaría 6ª, donde pidió que le dieran elementos de limpieza para entretenerse con algo. Pidió que le devolvieran le medicación y la jueza lo consignó en el acta.
Sin número
Unos minutos más tarde entró a la sala caminando con dificultad, también esposada, Teresa B. La segunda imputada por narcomenudeo. Viuda, jubilada, de 76 años, fue a la escuela primaria hasta cuarto grado. El fiscal indicó que a las 16.30 del sábado se encontraron 136 envoltorios conteniendo 38 gramos de marihuana en un tupper con comida que le había acercado su hijo a la cárcel de Piñero. Está preso por robo calificado, portación de arma y asociación ilícita como un detenido de alto perfil del pabellón 15. La mujer fue imputada por la misma figura penal que A., prevista en los artículos 5 y 11 de la ley de drogas.
En su caso el defensor público Hernán Soto acordó que recupere la libertad y se presente a firmar una vez por mes a lo largo de un año. No podrá visitar a su hijo en prisión en ese lapso. También tuvo que fijar domicilio. Vive sola en la zona de Génova y Cullen en una casa sin numeración asignada. Para precisar la dirección, dijo que queda a tres cuadras de una escuela y tiene un tejido de alambre con un poste de luz en el frente.
