Foto: Archivo / La Capital.
El recurso presentado a la Corte Suprema de Justicia lleva la firma del procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra.
El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, afirmó este lunes que "no hay vuelta atrás" para el decreto de desregulación de la economía; consideró que "van a ser derrotados los amparistas" contra la medida por la "jurisprudencia" de la Corte Suprema y planteó que "los legisladores pueden dividirlo en diez distintas leyes con un contenido 'espejo' o más o menos modificado".
A la vez, recordó que "valen" los contratos que fueron firmados antes de la derogación de la Ley de Alquileres que dispone el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei.
El funcionario, quien indicó que "hay tres" amparos y que "puede haber más", cuestionó estas acciones y argumentó que "el país está en una situación terrible" y se "necesitan medidas de urgencia". Lo hizo en declaraciones a radio Rivadavia.
"Si la impugnación al decreto es que no hay necesidad de urgencia, yo creo que eso se pierde. Por lo que ya ha dicho la Corte y por lo que es de sentido común", señaló el exintegrante del máximo tribunal del país, ex ministro de Justicia del gobierno de Carlos Menem y ex auditor General de la Nación.
En ese sentido, Barra indicó que "no hay vuelta atrás" al DNU anunciado la semana pasada por el jefe de Estado, y "en especial cuando hablamos de esto en Navidad, una fecha de esperanza".
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En relación al pedido de un sector de la oposición de dividir el decreto en leyes para que sea tratado por el Congreso, el Procurador del Tesoro señaló que los legisladores "ya lo tienen allí y lo pueden hacer". Y añadió: "Si quieren, los legisladores pueden dividirlo en 10 distintas leyes aprobando lo que está o con un contenido 'espejo', o más o menos modificado".
Consultado sobre la vigencia de los contratos firmados con la Ley de Alquileres, Barra sostuvo que "en principio, ese contrato vale". Y concluyó: "Sí, el contrato sí, pero siempre que no se oponga al cambio de régimen. Dice el Código Civil que no se puede invocar derechos adquiridos frente a normas de orden público", agregó.
Por María Laura Cicerchia