Reforma en seguridad: "El piso de garantías constitucionales está salvaguardado"

La propuesta de una serie de reformas vinculadas a la política de seguridad despertó críticas de fuerzas opositoras y especialistas en derecho. En ese contexto, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, contestó este miércoles: "El piso de garantías constitucionales está salvaguardado".

El funcionario está convencido de que hace falta una nueva modificación del Código Procesal Penal de la provincia. Asimismo reivindicó los resultados de la primera oleada de cambios normativos implementados desde diciembre de 2023: "En toda la provincia se empieza a dar respuestas a la problemática del microtráfico en función de las herramientas legislativas que nos han dado hace dos años".

El ex secretario de Asuntos Penitenciarios subrayó que los legisladores están "satisfechos" con los datos del informe bianual sobre la desfederalización parcial de la ley de estupefacientes. A continuación se refirió al aval que tambien generan los cambios de las estadísicas criminales y concluyó: "Esto nos da el pie para plantear nuevas herramientas".

¿Cómo está la seguridad en Santa Fe?

Si bien Cococcioni está conforme con lo hecho desde que comenzó su gestión, consideró que Santa Fe todavía está lejos de igualar a otras provincias e incluso sigue por encima de la tasa de homicidios nacional. "No podemos decir que estamos bien en materia de seguridad. Los indicadores han mejorado muchísimo si los comparamos con los de 2022 o 2023", explicó respecto de la evolución de los registros propios.

"Estamos lejos de una situación óptima. Por eso, la instruccion fue no levantar el pie del acelerador", señaló este miércoles el ministro de Justicia y Seguridad respecto de las órdenes del gobernador Maximiliano Pullaro. En cuanto a la reforma del Código Procesal Penal, puntualizó que el proyecto no perfora el piso de garantías constitucionales, pero "permite llevar hasta el máximo posible el esfuerzo de política criminal".

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Previamente, el titular de la cartera de Justicia y Seguridad había dicho que no era momento de "ablandar" la política para frenar la violencia y el desarrollo de las organizaciones delictivas. "En algunos casos, tal vez nos acercamos a los límites consensuados socialmente, pero ninguna cláusula constitucional es lesionada", remarcó.

Entre las nuevas herramientas en consideración, el Poder Ejecutivo aspira a implementar el procedimiento por decreto penal sin la intervención de un juez para dictar una condena. Sobre este punto, comentó: "En Alemania lo tienen hace un siglo para ofensas leves y no hay ningún cuestionamiento. Lo aplicamos nosotros cada vez que pagamos una multa por estacionar mal".

Derribaron un búnker cerca de Villa Moreno y Villa Centeno

Mientras Cococcioni se refería al debate legislativo, una cuadrilla enviada por orden judicial inició la demolición de un búnker de drogas en Centeno al 2400. El fiscal César Cabrera confirmó que el lugar era utilizado por la misma banda que regenteaba otros puntos de venta cercanos en la zona sur de la ciudad.

El representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) recordó que el sitio fue allanado mientras había un comprador. En ese momento arrestaron a una persona menor de edad y a otra adulta. Después empezaron a verificar si era viable derribar el inmueble, ya que fue utilizado nuevamente para comercializar estupefacientes tras el operativo policial.

Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.

"La intervención no es solamente en el búnkeres sino una intervención barrial en Villa Moreno y Villa Centeno por los índices altos de violencia que había y reportes de venta de estupefacientes", comentó el funcionario judicial. En ese caso puntual, constataron que el lugar no era habitable en absoluto y prácticamente no tenía techo.

Cabrera adelantó que seguirán adelante con el plan de control territorial e incluso deslizó que ya identificaron otros inmuebles similares en varias cuadras a la redonda. En lo que respecta al contexto general de la investigación, fuentes oficiales indicaron que desde principios de 2024 se inactivaron 119 puntos de venta de droga en la provincia y 76 de ellos se ubicaban en Rosario.