La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe pidió informes respecto de una pareja que quiere hacerse cargo legalmente del cuidado
Foto: X/@gastonbais.
La investigación sobre la supuesta apropiación ilegal de una nena de 4 años en Guadalupe Norte generó este lunes un llamado de atención oficial. La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe expresó su preocupación por el riesgo que conlleva trasladar al espacio público o mediático este tipo de situaciones.
El organismo dependiente de la Legislatura provincial criticó la exposición del reclamo de Jorge Rodríguez y Valeria Chapero tras la restitución de la menor a la que cuidaban desde fines del año anterior. La pareja argumenta que la madre biológica les pidió que se hicieran cargo de ella y accedieron a pesar de que no tenían autorización judicial. Semanas después se pusieron a disposición de las autoridades para regularizar la situación, pero no les permitieron seguir cuidándola.
En paralelo con la intervención del gobierno santafesino, la defensoría anunció este lunes su intervención. Dos días después de la reunión en Reconquista para entregar a la menor de edad, confirmaron el pedido de informes con el fin de garantizar la protección integral de sus derechos.
Desde el organismo provincial recordaron que las medidas de cuidado alternativo son de "carácter exepcional y transitorio", de acuerdo a la normativa vigente. "Su finalidad principal es proteger a niñas y niños mientras se trabaja para el fortalecimiento de sus vínculos familiares y comunitarios, siempre que ello resulte posible y compatible con su bienestar integral", enfatizaron.
El pedido de la pareja conformada por un policía retirado y una docente tuvo eco en la ciudad de Reconquista, donde el último sábado cumplieron con la orden judicial de darle a la nena al personal de la Secretaría de Derechos de Niñez, Adolescencia y Familia. Los profesionales al servicio del Poder Ejecutivo se hicieron cargo de llevarla a una institución especializada, una medida que generó protestas de vecinos y allegados a quienes la habían recibido cinco meses atrás en su hogar.
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Las autoridades de la defensoría provincial señalaron que la difusión del conflicto "puede afectar derechos esenciales como la intimidad, la dignidad, la identidad y la protección contra toda forma de exposición inadecuada". Así cuestionaron indirectamente las manifestaciones que incluyeron, entre otras acciones, carteles con el nombre de la niña.
Voceros del organismo enfatizaron que cualquier decisión en este tipo de casos "debe fundarse prioritariamente en el interés superior del niño, garantizando el respeto de sus vínculos familiares, su identidad y su derecho a ser oído". En esa línea destacaron la necesidad de cumplir con las leyes y respetar los estándares vigentes a nivel nacional e internacional.
Los funcionarios especializados en el tema indicaron que es fundamental garantizar el acompañamiento adecuado a las familias de origen cuando se da un conflicto como el de Guadalupe Norte. Así plantearon que la separación para declarar la adoptabilidad es una "medida extrema" que sólo puede disponerse cuando se agotan las acciones para sostener ese vínculo de manera saludable.
La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes remarcó que cualquier decisión referida al cuidado de una persona menor de edad requiere una resolución judicial debidamente fundada. En el caso de Rodríguez y Chapero, la pareja espera una respuesta favorable a su pedido para hacerse cargo legalmente de la nena a la que recibieron el último 15 de diciembre en el pequeño pueblo del departamento General Obligado.
Fuentes del organismo recordaron que las familias de acogimiento cumplen una función fundamental en materia de acompañamiento y sostén afectivo. Sin embargo, aclararon: "Dicha tarea no habilita por sí misma procesos de adopción por fuera de las decisiones y procedimientos establecidos por la ley".
El alojamiento transitorio para niños, niñas y adolescentes está previsto de un programa del gobierno santafesino que requiere inscripción previa. Esta opción sólo se habilita cuando se dicta una medida de protección excepcional para favorecer su desarrollo integral y respetar su identidad.
Por Javier Felcaro
Por Pablo Mihal
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