Piden inhibir los bienes de la sucesión de Kirchner por la causa Hotesur

La Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la inhibición general de los bienes de la sucesión del fallecido ex presidente Néstor Kirchner en el marco de la causa Hotesur, por la cual se investiga a la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos.

Fuentes judiciales informaron que la entidad antilavado pidió al juez Julián Ercolini el congelamiento de los bienes de la sucesión de Néstor Kirchner a raíz de presuntas irregularidades en la sucesión en la que Máximo Kirchner está nombrado como administrador.

Puntualmente, la UIF considera que debe desplazarse a Máximo Kirchner de su rol como administrador de la sucesión para nombrar en su lugar un administrador judicial, hasta tanto terminen las investigaciones que tienen en la mira a Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia.

La sucesión no sólo comprende varios millones de pesos en efectivo depositados en distintas cuentas bancarias, sino también algunos inmuebles y participación accionaria en algunas empresas.

En la causa Hotesur son investigados Cristina Kirchner y sus hijos por presuntas maniobras de lavado de dinero a raíz de las supuestas maniobras del empresario Lázaro Báez por las cuales pagaba cánones mensuales por el alquiler de los hoteles de la ex presidenta pero que en realidad nunca ocupaba.

La Justicia sospecha que los pagos por parte de Báez por el presunto alquiler de plazas hoteleras eran una suerte de retorno de dinero tras haber sido beneficiado con gran cantidad de licitaciones de obra pública.

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques reclamaron por segunda vez esta semana la indagatoria de Cristina Kirchner y Báez, entre otros, por presunto fraude en la concesión de obra pública al empresario patagónico durante el período 2003-2015.

Además, los fiscales le solicitaron al juez Julián Ercolini que inhiba todos los bienes de la ex mandataria, a quien hicieron responsable de un "plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación para saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial".

Lo hicieron al acompañar unas 227 presuntas evidencias del requerimiento hecho ante Ercolini, por el que también pidieron las indagatorias del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, del ex secretario de Obras Públicas José López, y de los ex subsecretarios de Obras Públicas Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez y Abel Claudio Fatala.