La flamante Constitución establece plazos máximos para sancionar normas que garantizarán nuevos derechos y tocarán nervios sensibles del poder
Por Mariano D'Arrigo
La Convención terminó, pero el proceso de la reforma constitucional continúa a su modo en la Legislatura santafesina.
La Convención terminó, pero la reforma constitucional continúa. Con la flamante Carta Magna santafesina promulgada, la Legislatura provincial tiene la tarea de sancionar una veintena de leyes, que deberán operativizar nuevos derechos y tocarán nervios sensibles del ejercicio del poder. No sólo eso: exige plazos.
La cláusula transitoria séptima establece el criterio general. “Todas las leyes que deban dictarse de conformidad con lo dispuesto por esta Constitución serán sancionadas dentro del plazo máximo de dos años, contado a partir de su entrada en vigencia, salvo que se prevea expresamente un plazo menor. Hasta tanto se dicten, continúan vigentes las actuales”, plantea.
Una de las excepciones es la ley orgánica de municipios, que debe sancionarse dentro del plazo de un año. Esa norma definirá la arquitectura institucional de los municipios con menos de diez mil habitantes y aquellos que no dicten su carta orgánica, una suerte de mini-Constitución local.
Además, el artículo 157 de la nueva Carta Magna da un plazo de dos años para sancionar una nueva ley de coparticipación. La mayoría es exigente —una mayoría absoluta del total de los miembros de ambas Cámaras— pero realizable.
En Santa Fe nadie quiere repetir lo que sucede a nivel nacional, donde el Congreso arrastra una deuda de más de tres décadas. También deberá regularse por ley la creación de regiones metropolitanas.
La Constitución del 25 también exige una nueva ley de planificación y ordenamiento del territorio (artículo 49), tanto urbano como periurbano y rural.
En cuanto al régimen electoral y de partidos políticos (artículos 56 y 57) se deberá sancionar una ley —también con mayoría absoluta de los integrantes de cada Cámara— que establezca cuál es el órgano con competencia judicial permanente y específica en este tema.
Una cuestión clave de la nueva ley electoral es cuál es el umbral a partir del cual los partidos ingresan al reparto de bancas en la Cámara de Diputados —hoy, del 3 % del padrón— y que determinará cuán fragmentada será la representación en el nuevo período, ya sin la cláusula de la mayoría automática de 28 miembros.
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La cláusula transitoria cuarta estipula que hasta que la Legislatura sancione la ley electoral se incorporarán al padrón las personas mayores de 16 años y las personas extranjeras para que puedan ejercer el derecho al sufragio.
A su vez, se necesitan leyes específicas para regular los nuevos instrumentos de participación ciudadana, como la iniciativa popular, el referéndum, la consulta y la revocación de mandato (artículos 59 a 62).
Respecto de la Justicia, el artículo 133 plantea la sanción de una nueva ley orgánica, que establezca el marco de funcionamiento del Poder Judicial. También se requieren normas específicas sobre la organización del nuevo Ministerio Público (artículo 134), el Consejo de Selección del Poder Judicial y del Ministerio Público (artículo 141), el Jurado de Enjuiciamiento de magistrados, fiscales y defensores (artículo 142) y la Defensoría del Pueblo (artículo 145) como órgano de control.
La cláusula transitoria décima octava requiere, además, una ley particular para establecer el plazo, las pautas del traspaso y la protección del derecho a la carrera de los agentes de las defensorías generales y el ministerio pupilar, dependientes del procurador General, que pasan a la órbita del Ministerio Público de la Defensa.
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Como si fuera poco, la nueva Constitución demanda leyes que reglamenten la responsabilidad del Estado (artículo 9), el acceso a la salud (artículo 22), la defensa de consumidores y usuarios (artículo 32), la protección ambiental (artículo 33), la organización del sistema educativo (artículos 37 a 41) e institutos como el hábeas corpus (42), el amparo y las acciones colectivas (43) y el hábeas data (44).
En Unidos reconocen que todavía no hay una definición sobre la hoja de ruta, pero rankean alto en las prioridades la ley orgánica de municipios, el régimen electoral y los cambios en el Poder Judicial.
“Hay que avanzar primero con la sala de máquinas”, dijo a La Capital un dirigente de Unidos que fue un jugador clave en la Convención.
En esa línea, otra de las principales espadas del oficialismo adelantó que no esperarán hasta después de las elecciones de octubre próximo. "Se va a empezar a charlar antes", precisó.
Con mayoría garantizada en ambas Cámaras, Unidos tiene el número para sacar las leyes sólo con el acuerdo entre el radicalismo, el socialismo, el PRO y los otros espacios.
De todos modos, como lo hicieron en la Convención, seguramente buscarán ampliar el marco de acuerdos a otras fuerzas.
Dado el rol cooperativo que tuvieron los senadores peronistas en la Constituyente y la lógica que suele primar en el Senado, es probable que la Cámara alta las leyes salgan por unanimidad o con un consenso muy alto entre los legisladores radicales y del PJ.
El escenario es diferente en Diputados. No sólo porque el PS tiene 14 de las 28 bancas del oficialismo. También porque aparecen otros jugadores que no estuvieron representados en la Convención y viceversa.
No estarán los tres votos del Frente de la Esperanza y La Libertad Avanza tendrá una representación mínima. Sólo habrá una aliada de los libertarios, Beatriz Brouwer, del partido Unite. En ese marco, Amalia Granata será la principal crítica por derecha a la nueva Constitución.
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En el otro extremo del espectro ideológico tendrá más protagonismo el Frente Amplio por la Soberanía de Carlos del Frade, quien no llegó al piso para ingresar a la Convención. También tendrá mayor protagonismo el bloque del exgobernador Omar Perotti, que votó la ley de necesidad de la reforma pero después decidió no competir en las elecciones de abril.
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