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Foto: Archivo / La Capital.
El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, también comanda el Consejo de la Magistratura.
La jura prevista para el martes próximo de once de los veinte integrantes del Consejo de la Magistratura genera expectativa sobre la actitud que asumirá el alto tribunal respecto del senador nacional Martín Doñate, ratificado por la Cámara alta en un claro desafío a la decisión judicial de que ese lugar lo ocupe el legislador de la oposición Luis Juez.
Sin esperar a que la Corte Suprema defina si le toma juramento a Doñate, Juez presentó un amparo en el fuero Contencioso Administrativo solicitando la “nulidad absoluta e insaneable” de la designación de Doñate, invocando “gravedad institucional” por la “violación del marco normativo”.
Es el segundo amparo que presenta Juez buscando bajar a Doñate del Consejo. El primero tuvo su trámite y fue rechazado en primera y segunda instancia bajo el criterio de que la organización de los bloques parlamentarios no es materia judicializable.
A contramano de los tribunales inferiores, la Corte definió que sí puede juzgar las motivaciones de los senadores para agruparse políticamente, aunque aclara en el fallo que no se arroga esa función sino que busca establecer un criterio para “identificar” los bloques al momento de elegir su representación en el Consejo.
Para la Corte, el bloque Unidad Ciudadana, desprendido del oficialista Frente de Todos (FdT), representó un “ardid” para quedarse con tres de los cuatro lugares asignados para el Senado en el organismo que designa y remueve jueces.
“La manipulación de los bloques para desplazar la segunda minoría violenta el criterio de buena fe”, señaló el fallo. Y consideró a ese principio “cardinal en las relaciones jurídicas”.
Pero en la dimensión política, el oficialismo ratificó el miércoles pasado, en una sesión especial de la que no participó la oposición, su decisión de que Doñate ocupe la banca.
Sin fisuras ni abstenciones, los 37 senadores del oficialismo y sus aliados votaron desconocer el mandato de la Corte con duros discursos que hicieron eje en el conflicto que desató el alto tribunal entrometiéndose en cuestiones que vulneran la división de poderes.
El primer orador, en representación del FdT, el senador Adolfo Rodríguez Saá, dijo que el máximo tribunal “ignora y viola el espíritu de la Constitución Nacional”.
Pablo Yedlin, de Tucumán, cuestionó al bloque de Juntos por el Cambio (JxC) por no bajar a ocupar sus bancas y colocar, en su lugar, textos de la Constitución.
Alberto Weretilnek, de Juntos Somos Río Negro, calificó como “gravísima” la intervención de la Corte en las facultades de los senadores y expresó que el fallo “es violatorio de su autonomía y limita la libertad de los legisladores de “organizarse políticamente”.
La jefa del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, cuestionó que los jueces de la Corte hayan “aceptado ser nombrados por decreto” por el entonces presidente Mauricio Macri (en alusión a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) y advirtió que, si admitieron asumir de ese modo, están dispuestos a “violar mil veces más” la Constitución.
Con el listado de votos adjunto por pedido de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, el Senado envió a la Corte sus representantes: los oficialistas María Pilatti Vergara, Mariano Recalde y Doñate y el radical Eduardo Vischi por la oposición.
Un día después, Diputados hizo lo propio y mandó los pliegos de los legisladores del Frente de Todos Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, del PRO Alvaro González y del radicalismo Roxana Reyes.
Antes de esas definiciones, la Corte había dispuesto que el martes juren los académicos Hugo Galderisi y Guillermo Tamarit; los abogados Miguel Piedecasas, Héctor Recalde, Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez; los jueces Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, María Alejandra Provítola y Agustina Diaz Cordero, más el representante del PEN, Gerónimo Ustarroz.
Será, a partir de las 10, en el Salón Bermejo del cuarto piso del Palacio de Tribunales, reservado a la Corte y sus vocalías, y con acceso exclusivo para los consejeros y sus familias.
Sin embargo, la expectativa está puesta en la próxima reunión de acuerdo de los ministros que definirá el curso a seguir por la Corte en su pulseada con el Senado.
Los animales ya habían atacado gravemente a dos personas en Recreo y sus dueños habían sido advertidos del peligro. La Justicia cambió la calificación a homicidio con dolo eventual y elevó las condenas a 8 años y medio y 8 años de prisión.
