La fiscal regional, María Eugenia Iribarren, admitió este miércoles por la tarde que existe una fuerte “crisis” en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario y atribuyó los problemas internos, con denuncias cruzadas entre los fiscales, a una cuestión de “egos personales” entre los miembros del organismo.
Iribarren compareció en la comisión bicameral de Acuerdos de la Legislatura, en el marco del caso del fiscal Matías Edery, quien fue denunciado penalmente por sus colegas Pablo Socca y Miguel Moreno por su presunto vínculo (y probable encubrimiento) con la “informante” Mariana Ortigala, acusada de ser testaferro de la banda de Los Monos.
El caso llegó a la Legislatura santafesina porque el auditor general del MPA, Leandro Mai, se excusó de atender internamente en la denuncia entre fiscales, al considerar que las faltas de Edery son graves y, por lo tanto, la potestad para intervenir debe estar en manos de la Legislatura.
La reunión entre Iribarren y los integrantes de la comisión duró casi cuatro horas. En ese lapso, diputados y senadores produjeron un ida y vuelta con la fiscal regional, que insistió en que las denuncias cruzadas entre sus subordinados intervienen cuestiones de “egos personales”.
La diputada socialista Lionella Cattalini, presidenta de la comisión, rechazó el planteo de Iribarren sobre los “problemas de ego”, aunque coincidió con la funcionaria judicial sobre la “crisis” que atraviesa el MPA de Rosario.
“La reunión fue larga e intensa. El MPA es una institución que debe funcionar con profesionalismo. Se necesitan acciones y medidas para solucionarlo. No creo que el posible mal desempeño de sus integrantes se deban a una cuestión de vanidades”, dijo a La Capital luego de la reunión.
Cita con Vranicich
Cattalini explicó que luego de escuchar a Iribarren, este jueves será el turno de que exponga ante la comisión la fiscal general, María Cecilia Vranicich. Tras ello, evaluarán si la Legislatura se involucra directamente en el caso.
De resolver en ese sentido, automáticamente arrancará una investigación que deberá atravesar varias etapas: acusación, provisión de pruebas, escucha de testimonios y defensa del señalado. Finalmente, llegará un dictamen por la suspensión o la destitución que se resolverá por votación en una sesión conjunta de diputados y senadores.
A la bicameral de Acuerdos, además de Cattalini, la integran sus pares radicales Fabián Bastía, Juan Cruz Cándido y Julián Galdeano, Clara García (PS), Gabriel Real (PDP) y Nicolás Mayoraz (Vida y Familia), además de los senadores Joaquín Gramajo, Rubén Pirola y Alcides Calvo (del peronismo) y Lisandro Enrico (de la UCR).
La situación interna que sacude hoy al MPA (hoy tiene 15 legajos disciplinarios en la Auditoría de Gestión) preocupa y mucho a la política, sobre todo al gobernador electo Maximiliano Pullaro, quien ha basado buena parte de la campaña en la promesa de combatir fuertemente los delitos complejos y el narcotráfico, y para ello necesita de fiscales comprometidos con esa misión.
El propio Pullaro, en Santa Fe, se refirió al tema cuando acompañó en una actividad de campaña al candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Luis Petri. Lo hizo en la previa a la reunión de la fiscal Iribarren con la comisión de Acuerdos.
“Lo mejor que nos puede pasar es que esta situación se ordene y que pueda haber una conducción muy fuerte en el MPA de Rosario y que eso nos permita trabajar de manera mancomunada con la policía. También con la Justicia y con las fuerzas federales”, indicó el mandatario electo.
Esa consideración del diputado radical supone una crítica implícita hacia Iribarren por el manejo del MPA en la regional Rosario.
Tras ese comentario, Bastía, una de las espadas parlamentarias de Pullaro, blanqueó con un tuit el malestar con la fiscal regional. “Está detonado el MPA en Rosario por el manejo de la fiscal Iribarren”, planteó el legislador radical, también integrante de Acuerdos.