Las detenciones espontáneas de ciudadanos a presuntos delincuentes, últimamente difundidas en los medios como “arrestos civiles”, parecieron ir en aumento en los últimos meses. Se trata de acciones que, según establece la ley, deben culminar con la inmediata entrega del aprehendido a la policía. En la mayoría de casos registrados en la ciudad en el último tiempo fue un punto en común que las personas detenidas por vecinos fueron muy golpeadas por éstos, lo que implica otro delito. Y a veces, cuando los casos devienen mortales y se convierten en “linchamientos”, el homicidio termina siendo un delito mucho más grave que aquel por el cual se inició la aprehensión.
Uno de los últimos de estos casos que fue difundido ocurrió el viernes al mediodía cuando dos personas que iban en moto arrebataron una cadenita de oro a un hombre en la zona de Santa Fe y Roca, pero al intentar fugarse un auto los chocó. Al reponerse uno de ellos huyó a pie y el otro fue retenido por peatones hasta que llegó la policía. A metros de ahí, por Roca entre Santa Fe y San Lorenzo, el lunes pasado ocurrió un hecho similar. Pero en esta ocasión se trató de un solo ladrón que terminó muy golpeado.
“Quisieron hacer justicia por mano propia. Hubo gente que saltó a defenderlo y otros que querían que le sigan pegando”, dijo un testigo de ese hecho a Canal Tres. Su relato habilita un viejo y largo debate. Están quienes sugieren “lecciones” a los delincuentes y a que quienes objetan ese proceder deberían vivir en carne propia un robo o la pérdida de un ser querido para saber qué se siente. Y, en una vereda distinta, están quienes cuestionan que estas reacciones no aparezcan en otros tipos de delitos. Lo que sí queda claro es que estos hechos son una respuesta violenta a la violencia delictiva.
En ese escenario hay distintos actores. No solo quienes participan del hecho sino también quienes los comunican, quienes reciben esa información y la decodifican. En octubre de 2020 se dio a conocer un caso en el que la víctima del robo, residente en Arroyito, se sentó encima de la persona que le había robado para que otros vecinos no continuaran pegándole. “Yo le digo a la gente, usen la cabeza y piensen, porque pueden cometer un acto del que se pueden arrepentir toda la vida”, dijo el hombre a los medios. En los comentarios de los sitios web de noticias la víctima del robo fue destinatario de los peores deseos.
Fuera de la ley
“Es válido que un particular, cuando el Estado no llega a través de las fuerzas de seguridad, pueda aprehender a alguien que está en situación de flagrancia. Lo que sucede es que esas aprehensiones particulares van acompañadas muchas veces de golpizas de parte de quienes realizan la aprehensión. Ahí sí obviamente se está actuando fuera de la ley y se comete un delito”, explicó Francisco Broglia, defensor público y docente de la Facultad de Derecho de la UNR. “La aprehensión privada es totalmente válida en caso de flagrancia, pero no es válido pegarle a una persona indefensa, que llega muchas veces a casos muy graves”, agregó.
Estos arrestos suelen terminar lógicamente con una causa contra el detenido, pero no contra sus captores y agresores. “En general no hay ninguna investigación posterior. No tanto por responsabilidad de la Fiscalía, sino porque a la Fiscalía le llegan las actuaciones de la policía, que ni siquiera identifica a las personas que agredieron al supuesto ladrón”, explicó Broglia.
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“En mis años de defensor nunca encontré una persona procesada por este tipo de hechos, salvo el caso David Moreira que sí tiene personas imputadas pero fue un caso mucho más grave”, recordó. En algún lugar de la memoria colectiva están esos diez segundos de video como único registro del linchamiento de David Moreira, ocurrido en marzo de 2014 cuando el chico de 18 años y sin antecedentes robó una cartera y fue asesinado a golpes por vecinos del barrio Azcuénaga. Por el hecho, del cual en la causa se dijo que participaron decenas de personas, solo se identificó a tres hombres. Uno fue condenado en un juicio abreviado a tres años de prisión condicional y los otros dos esperan juicio oral, los tres por el delito de homicidio en riña.
Un condenado
El caso Moreira trascendió a nivel nacional e internacional y hasta el papa Francisco se pronunció al decir que “sentía las patadas en el alma”. En Rosario la repercusión no fue solo discursiva. “Se empezó a reproducir el discurso de que la gente estaba cansada, de que si el Estado no hace nada es legítimo pegar. A mí me pasó en mis turnos de ver muchos más pibes que llegaban linchados en esas aprehensiones privadas, mucho más frecuentemente de lo que venía sucediendo”, recordó Broglia.
Cuando murió David Moreira se inició una investigación por homicidio en la cual los padres del chico se constituyeron como querellantes con el patrocinio del abogado Norberto Olivares. “No fue justicia por mano propia, fue justicia privada. Para mí el delito penal es un conflicto social y no se puede resolver privadamente”, dijo Olivares a este diario.
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“Hay gente que cree que golpeando o matando se va a solucionar el problema. Hay una disputa en la sociedad entre quienes apoyan el linchamiento y quienes se oponen. Pero hay que ensanchar el campo de la crítica, ir a las causas y no caer en creer que la solución es esto”, dijo Olivares sobre este tipo de aprehensiones dadas a conocer en las últimas semanas.
Hechos recientes
Suele ocurrir que estos casos de aprehensiones por parte de vecinos se produzcan en cadena, tal como lo analizó Broglia sobre lo sucedido después del linchamiento de David Moreira. Entre el 20 de septiembre y el 8 de octubre del 2020 se registraron al menos siete casos. La mayoría terminó con el ladrón golpeado y entregado a la policía, pero uno terminó con un joven muerto en un confuso episodio aún no esclarecido.
Fue el 29 de septiembre pasado cuando a un hombre le robaron su auto a punta de pistola y luego pactó con el ladrón una entrega controlada con supervisión policial a cambio de una recompensa. Al día siguiente la víctima del robo acudió al lugar acordado, en Pasco y Felipe Moré. Lo que ocurrió luego no está claro pero concluyó con la muerte de Franco Velázquez, de 25 años, acusado de ser el ladrón. La primera versión fue que a Velázquez lo linchó un grupo de personas que no tenía que ver con el dueño del auto. El joven murió unos días después y su familia dijo que antes de ser golpeado el chico fue atropellado por el dueño del auto robado, que había llegado en otro vehículo. A casi cinco meses de esa muerte desde la Fiscalía indicaron que están en espera del informe final de autopsia y de pericias accidentológicas.
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En lo que va de 2021 se registraron al menos seis casos similares que se difundieron como “arrestos civiles”. En uno de ellos, sobre fines de enero en Valentín Gómez y Godoy Cruz, zona norte, fueron atrapados dos adolescentes acusados de robar una bicicleta. Uno de ellos fue retenido y golpeado por vecinos, que se fueron del lugar cuando vieron llegar a la policía. El otro chico fue atrapado cuando se escondía en un contenedor de residuos.
Uno de los últimos casos sucedió el 5 de febrero, en la zona de Eva Perón y Paraná, cuando dos personas en moto intentaron asaltar a una adolescente. El robo fue frustrado por los vecinos que se abalanzaron sobre uno de los ladrones, mientras que el otro huyó. En este caso no hubo agresión porque un testigo, tal como lo contó a Canal Tres, lo sugirió “para evitar problemas judiciales a los vecinos”. En esa zona fue donde asaltaron y asesinaron al Trinche Carlovich y donde en el último tiempo se registraron muchos otros robos, incluso a la nieta del ex futbolista. Un panorama que preocupa a los vecinos por tratarse de un punto del barrio desprotegido y del cual surgen las preguntas sin responder sobre las condiciones que generan este presente que no deja de reproducir violencia.
