El Estado argentino deberá explicar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por qué impulsó y puso en marcha una regresiva reforma laboral que, como denunció el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu), “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”. Así lo resolvió el organismo internacional y convocó al Estado a una audiencia presencial, que se desarrollará en Washington el próximo martes 4 de agosto.
“La ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas. Asimismo, restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical. Por otro lado, deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”, señaló el Fresu en el segundo párrafo de la presentación realizada el 24 de abril pasado.
Además, al detallar las políticas que desarrolló el gobierno nacional hasta lograr la sanción de la regresiva reforma laboral la denuncia precisó: “El proceso de reformas encarado por el gobierno combina el shock con la represión”.
Estas políticas denunciadas continuaron profundizándose en la Argentina, con casos como la multimillonaria multa por más de 21 mil millones de pesos al sindicato ferroviario de La Fraternidad, o la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica.
La denuncia, firmada por el Fresu, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), precisa que las represiones a las movilizaciones tuvieron “un ensañamiento especial respecto de las y los trabajadores de prensa y las personas mayores”.
De la audiencia, que se realizará durante el 196° período de sesiones de la CIDH, participarán representantes de las organizaciones denunciantes.
Denuncia en la OIT
En paralelo, el Fresu denunció ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la intervención de la Unión Obrera Metalúrgica (OIT) y el desplazamiento “ilegal” de su secretario general, Abel Furlán.
“El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial están entrometiéndose en la vida de los sindicatos imponiendo multas millonarias e interviniendo al sindicato industrial más grande de la Argentina como es la UOM”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional y referente del Fresu desde Ginebra, Suiza, en la 114° Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT.
El dirigente exigió que la Corte Suprema se expida sobre el caso de la UOM y calificó la intervención judicial del gremio como “uno de los hechos de mayor gravedad institucional de nuestra democracia”.
En su denuncia, el Fresu sostiene que los jueces participantes en la intervención del sindicato metalúrgico “carecen de la imparcialidad” exigida por la Constitución y que su actuación “vicia de nulidad todo lo actuado”.
