Tres muchachos rosarinos que estaban detenidos desde el pasado 9 de junio acusados como autores de facilitamiento y tenencia de pornografía infantil con fines inequívocos de distribución agravada por ser dichas representaciones de menores de 13 años, recibieron el beneficio constitucional de la prisión domiciliaria después de que el juez de segunda instancia Carlos Carbone entendiera que “no están dados los elementos de peligrosidad procesal puesto que la evidencia está cautelada, en proceso de pericias y las víctimas pertenecen a la ciudad de Rosario por lo que no existe peligrosidad de entorpecimiento probatorio”.
La medida judicial alcanzó a Leandro Andrés G., Germán Fabio A. y Cristian Eduardo A. quienes habían sido apresados en sus domicilios en el marco de un operativo desligado de la investigación iniciada en Brasil en 2017 y denominada “Luz de infancia” tendiente a perseguir delitos vinculados a la pedofilia y la pornografía infantil. Desde entonces el operativo continuo lleva ocho fases de investigaciones que se fueron ramificando por otros países, entre ellos la Argentina, cuando en noviembre de 2018 ingresó la Fiscalía de Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad de Buenos Aires un pedido de seguimiento de los casos y en mayo de 2019 fue detenido un pediatra del Hospital Garrahan, Ricardo Russo, condenado a 8 años y medio de cárcel por producir y consumir imágenes de explotación sexual infantil.
Respecto a los rosarinos privados de su libertad en junio pasado, a Leandro G. le atribuyeron “tener en su poder material de explotación sexual infantil y haber facilitado 305 archivos de explotación sexual infantil, consistiendo su accionar en descargar dichos archivos a través de una red P2P, cuya sesión se encuentra identificada, y haberlos puesto a disposición para ser descargados a través de la misma red en la carpeta servidor del software Emule en reiteradas oportunidades entre agosto de 2019 y febrero de 2021 desde su domicilio”; a Cristian A. le achacaron idénticos delitos pero con 103 archivos desde el 27 de enero de 2014 hasta el 1º de enero pasado; y a Germán A. iguales acusaciones pero con 304 archivos entre el 14 de febrero de 2020 al 3 de marzo del corriente año.
En la audiencia imputativa realizada el 10 de junio último la jueza de primera instancia María Trinidad Chiabrera les había impuesto a los tres acusados 90 días de prisión preventiva, en tanto que para un cuarto detenido, identificado como Mariano Emanuel E., la fiscal Alejandra Raigal desistió de pedir la misma medida cautelar y solicitó que cumpla con una serie de reglas de conducta como no ingresar a redes sociales, algo que la jueza admitió sin terminar de entender bien el porqué de la distinción.
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A pesar de no haber transcurrido los 90 días de cárcel impuestos en aquella oportunidad, la defensa de los acusados solicitó la morigeración de las medidas de encierro y solicitó la prisión domiciliaria. El pedido fue rechazado por la fiscal Raigal pero aceptado por el juez Carbone por lo que los acusados seguirán el proceso en sus casas bajo estrictas medidas establecidas por la Justicia.
Los cuatro detenidos hace dos meses cayeron en el marco de una saga de allanamientos que se produjeron en Argentina, Ecuador, Brasil, Paraguay, Panamá y Estados Unidos. Solo en la provincia de Santa Fe se llevaron adelante ocho procedimientos en manos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC): cinco en Rosario, dos en la capital provincial y uno en Villa Constitución.
