Una irrupción policial sorpresiva en las Cuatro Plazas fue el punto de partida de un emblemático caso de violencia institucional en Rosario. Siete amigos que en marzo de 2018 estaban reunidos en un banco fueron golpeados, detenidos y vejados por agentes que a uno de ellos le cortaron el pelo con un cuchillo y a otro lo obligaron a desnudarse en una comisaría. Ocho años después, 21 policías llegarán a un demorado juicio oral y público con pedidos de 5 a 12 años de prisión acusados de apremios ilegales y el falseo de actas públicas.
Prácticas de este tipo son habituales en la fuerza. Lo infrecuente es que las víctimas se animen a denunciar y lo sostengan en el tiempo. Los siete jóvenes violentados en Mendoza y Provincias Unidas mantuvieron constante su reclamo judicial a lo largo de ocho años, a la espera del juicio que empezará el próximo miércoles en el Centro de Justicia Penal. Será ante un tribunal integrado por los jueces Florentino Malaponte, Gonzalo López Quintana y Fernando Sosa y se extenderá hasta el 9 de marzo, con más de cincuenta testigos convocados.
“Es un debate que tiene rasgos excepcionales. No es lo más común que los delitos protagonizados por personal policial lleguen a juicio. Esperamos que el tribunal ejerza su rol porque el servicio de Justicia es una de las formas de control que tenemos las y los ciudadanos en un Estado de derecho”, planteó en la previa de las audiencias la abogada querellante Julia Giordano, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. El equipo jurídico de la organización actuará en representación de cuatro víctimas: Valentina, Cristian, Nelson, Emmanuel y Sasha.
Reunión en las Cuatro Plazas
El incidente ocurrió la madrugada del 23 de marzo de 2018 cuando siete amigos de entre 21 y 24 años tomaban gaseosas en un banco de las Cuatro Plazas y de repente quedaron en medio de un operativo policial. A las 4 de la madrugada Emmanuel y Valentina fueron hasta un quiosco en una moto Honda Titán roja y notaron que los seguía un patrullero con las luces apagadas. Al volver a la plaza la chica bajó de la moto y el conductor se fue, pero advirtió que lo seguían varios móviles y al llegar a Provincias Unidas y San Lorenzo se detuvo.
Según la reconstrucción de la fiscal Karina Bartocci, dos agentes del Comando Radioeléctrico lo detuvieron, lo tiraron al piso, le quitaron pertenencias y lo golpearon en las costillas con los borcegos. Comprobaron que era el titular de la moto pero igual lo cargaron en la chata y regresaron con él a las Cuatro Plazas. Casi en simultáneo llegaron otros dos policías que se acercaron armados a los otros jóvenes y les ordenaron que se apoyaran contra el móvil para requisarlos “sin fundamento legal alguno”.
Una empleada policial ingresó a Valentina por la fuerza al móvil mientras Sasha pedía explicaciones a otro agente que lo insultó, lo golpeó con la mano abierta y le pegó un culatazo en la frente. Otros tres amigos —Nelson, Cristian y Álvaro— reaccionaron y le pidieron al policía que dejara de golpear a su compañero. Recibieron más golpes como respuesta.
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Para resguardarse, Sasha corrió hacia Provincias Unidas pero le dispararon con una escopeta antitumulto en la pantorrilla, mientras los otros jóvenes eran obligados a permanecer acostados boca abajo: “Quédense en el piso o van a terminar en una zanja”, les gritaron. Hubo más golpes hasta que el grupo fue trasladado en patrulleros a la comisaría 14ª. En el camino le dijeron a otra chica, Desiré, que iba a “aparecer muerta en una zanja” y que a su novio le iban a “romper el orto”.
"Perdí el conocimiento"
A Sasha lo corrieron hasta Marcos Paz al 6700, donde efectivos de la Policía de Acción Táctica lo golpearon y le cortaron las rastas. “Yo tenía las rastas hasta la cintura. Lo último que recuerdo es verme en la parte trasera de una chata policial. Estimo que perdí el conocimiento. En la seccional se reían de mí y me sacaban fotos con el pelo corto”, dijo el muchacho en la causa, y contó que había ido a las Cuatro Plazas “por casualidad” porque no eran del barrio.
Una vez en la comisaría 14ª, los seis varones fueron llevados a un patio donde los esposaron unos a otros, “obligándolos a mantenerse de pie durante horas” y a orinar en botellas. Además les sacaron fotos. Un agente se acercó a Nelson, que estaba esposado a la pared, le apoyó los genitales en los glúteos, lo golpeó en la cabeza y le dijo: “¿Sabés cuántos pibitos me cogí como vos?”. Luego lo obligaron a sacarse la ropa y girar desnudo.
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“Lo que pasó fue muy traumático tanto para las víctimas como para las familias —consideró Giordano—. Hay prácticas de la represión ilegal que suceden en democracia y tienen que ver con lo clandestino, con esa casi certidumbre de impunidad de las fuerzas de seguridad, que tienen a su favor todos los elementos para fraguar las evidencias”.
Bajo burlas constantes, el grupo estuvo preso hasta las 16 o 17 de esa tarde. Al salir, dos de ellos notaron que les faltaba dinero de las billeteras y a uno le habían cortado la tarjeta de crédito por la mitad. El acta oficial registró una versión falsa de los hechos.
Los policías y las penas
En la jornada de apertura del juicio se presentarán los acusados, que llegan al debate en libertad y la mayoría en funciones, y luego se escucharán los alegatos de apertura de las partes. Con pedidos de pena que van de los 5 a 12 años de prisión, los planteos acusatorios coinciden en lo esencial, aunque la querella pidió penas entre dos a tres años más altas para ocho acusados.
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Erica Denis, Mariano Saavedra, Gastón Farley, Ariel Godoy y Angela García están acusados como coautores de apremios ilegales, falsificación ideológica, hurto agravado e incumplimiento de deberes. La fiscal solicitó 6 años de prisión para los tres primeros y 5 años para los demás. Para Walter Duarte pidió 6 años por esos delitos más el de abuso sexual simple. Para todos requirió multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Por esos delitos más la figura de tortura pidió 10 años de prisión para Roberto Salinas y Santiago Morgan, para quienes la querella pide la pena más alta de 12 años al situarlos como responsables del procedimiento. Diego Ojeda y Leonel Romero también afrontan un pedido fiscal de 10 años de prisión como coautores de apremios ilegales, tortura e incumplimiento.
Para un último grupo de once policías las partes acusadoras solicitan 6 años de prisión por tortura e incumplimiento. Son María Florencia Gorocito, Alexis Cali, Ileana Romero, Adrián Molina, Nadia López, Cristian Nevares, Ángel Avalos, Agustín Eloy Cañete, Melina Lamanna, Lucas Sánchez y Jesús Soria.
