Otros dos policías involucrados en las golpizas y vejaciones contra un grupo de jóvenes ocurrido en las Cuatro Plazas de Mendoza y Provincias Unidas la madrugada del pasado 23 de marzo fueron imputados como coautores de apremios ilegales por ejercicio de la violencia. Fue en una audiencia donde se valoró la prueba colectada en la investigación que encabeza la Unidad de Violencia Institucional de la Fiscalía en la que se les dictó prisión preventiva hasta el 2 de julio. Así, ya son nueve los policías imputados (cinco en prisión preventiva), aunque con el transcurso de la investigación podría sumarse otra decena de uniformados que tuvieron una actitud pasiva frente al desempeño de sus colegas.
La fiscal Carina Bartocci describió que tras el análisis de las evidencias se pudo establecer que Juan O., Leonel R. y Roberto S. (este último ya imputado), todos del Comando Radioeléctrico, también participaron de la golpiza a siete amigos imprevistamente corridos, golpeados y vejados en las Cuatro Plazas y en la seccional 14ª.
A las 4 de la mañana del 23 de marzo la policía irrumpió en el lugar y detuvo sin causa a siete jóvenes que tomaban gaseosas en un sector de la plaza. Uno de ellos Sasha, de 22 años, fue golpeado y le cortaron el pelo (rastas) con un cuchillo. Antes, y al intentar escapar atemorizado, recibió un proyectil antitumulto que lo hirió en una pierna.
Del operativo participaron al menos 23 móviles del Comando Radioeléctrico, Policía de Acción Táctica (PAT) y Policía Comunitaria. Los jóvenes fueron trasladados a la comisaría 14ª donde siguieron bajon maltratos y hostigamientos.
Los abogados querellantes de las víctimas, Julia Giordano y Federico Pagliero, sostiveron que los delitos deben enmarcarse en torturas y tormentos (ver aparte). Sin embargo esa posición no coincidió con lo impulsado por la fiscal, que calificó los hechos como apremios ilegales. Ante la jueza Melania Carrara la funcionaria pidió ampliar la imputación a otros dos policías.
Menciono los resultados obtenidos sobre los GPS de los móviles y de los handys policiales, imágenes de una cámara de seguridad que registró la secuencia a las 4.41, fotos, escuchas a los teléfonos de los uniformados, y de ese entrecruzamiento de datos surgió que Juan O. y Leonel R. también participaron de la golpiza junto a los siete policías ya imputados.
Pero además, las fotos y la filmación sirvieron para ampliar la imputación a Roberto S., a quien se le endilgó golpear y cortar el pelo a Sasha, una de las víctimas del inusual procedimiento. El joven ayer hizo referencia al momento de la detención y a lo "humillante" que resultó para él que le cortaran el pelo.
La fiscal Bartocci solicitó entonces que los policías queden imputados por apremios ilegales por ejercicio de la violencia y se les dicte la prisión preventiva sin plazos hasta el juicio.
Las defensas, encabezadas por los abogados Luis Tomasevich, Nelson Flores y el defensor público Franciso Broglia rechazaron el planteo de la querella, se opusieron a la cautelar y ofrecieron medidas alternativas.
Finalmente, la jueza Carrara aceptó la calificación legal presentada por la Fiscalía y dictó prisión preventiva efectiva para los tres policías hasta el 2 de julio. Antes, la funcionaria hizo referencia a "la afectación de los bienes jurídicos" y que se trató de un hecho "de gravedad importante" .
Tras la denuncia de los hechos, ocho policías de la PAT y del Comando identificados como partícipes en las lesiones y los vejámenes contra el grupo quedaron a disposición de la Fiscalía de Violencia Institucional. Siete de ellos fueron imputados por apremios ilegales, falsificación de acta, incumplimiento de deberes de funcionario y abuso de autoridad. Unos días después una mujer policía se entregó y quedó imputada por los mismos delitos. De todos, sólo dos quedaron en prisión preventiva efectiva: los suboficiales del Comando Mariano S. y Erika D. A ellos ahora se sumaron los tres imputados ayer. El resto permanece en libertad aunque con medidas restrictivas.
El caso ya llegó a la ONU
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos realizó una presentación del caso de las Cuatro Plazas ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la que manifestó su preocupación por los casos de apremios de las fuerzas de seguridad apostadas en Santa Fe. En tanto, la abogada querellante Julia Giordano dijo estar "convencida de que los hechos deben encuadrarse como torturas. En la resolución se indica claramente que existen elementos que deben profundizarse para investigar las torturas. Esperamos que la Fiscalía se sume a ello".
