Un conflicto por momentos ingobernable que generó problemas en el tema matriz del gobierno. La sobre exigencia a los policías, los reclamos y la salida
Por Facundo Borrego
Llamas en la protesta en Jefatura
La crisis de la que el gobierno provincial intentó salir no fue el reclamo policial propiamente dicho sino sus posibles efectos: que se resienta la operatividad policial en la calle. Sostener el naipe de abajo de todo el castillo de Maximiliano Pullaro era la cuestión.
En ese casillero se plantó el gobierno provincial mientras los patrulleros en la puerta de Jefatura prendían las sirenas y los manifestantes cubiertas, en un ambiente vidrioso, con representatividad confusa, lo mismo que la heterogeneidad de los reclamos y de los manifestantes, entre genuinos y oportunistas, jóvenes cebados y retirados con hambre vieja.
Todo es caótico siempre en estos casos, pero hubo un enrarecimiento particular del clima. Un tufo de época subterráneo desde las redes sociales y fakes más podridas que nunca hasta la entrada de la Jefatura que tuvo la particularidad de calentarse siempre, nunca ceder, ni siquiera cuando se dieron beneficios de manera oficial. No hubo anuncio ni conferencia de prensa que lo apague, siempre se gritó encima. Esa característica generó incierto el desenlace.
Mientras, el gobierno priorizaba el operativo en calle y mantenerlo pese al caos. “La seguridad estuvo garantizada, nunca fue descuidada en Rosario”, se enfocó el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni. El talón de Aquiles de la gestión lo cubrió como pudo; el conflicto se llevaría adelante, también, como pudiera.
Esto significa salir del pantano y luego ver cómo sacarse el barro. Gestionar conflicto, ceder, perseverar. Con esta lógica se analiza la negociación.
Pasó en un día de mandar a disponibilidad a 20 policías acusados de fogonear y cortar el servicio, incluso a pensar en duplicarlo como mínimo, a ponerlos en stand by y exigirles que salgan a patrullar. "Yo me comprometí a que las medidas de disponibilidad se levanten, porque además, hay que decirlo, yo necesito que esa gente, busque el arma y vaya a patrullar", soltó el ministro.
También otorgó más aumento económico. Incluso dijo evaluar en algún momento readecuaciones de los horarios sin que resienta la seguridad pública. “No puedo negociar la policía en la calle”, dicen para explicar que si se cambia la estructura de horas de fondo, impactaría en el personal de patrullaje.
“En momentos así, todo se evalúa”, agregaron en momentos los más críticos, y fortalecieron aquella idea de que gestionar es priorizar en momento picantes. Y este lo fue.
Con todo esto sobre el tablero, retrocede un turno, pero en términos de gestión y práctica se mantiene en el casillero inicial de su plan de seguridad.
El núcleo del conflicto fue el personal subalterno de rangos inferiores. Se pasaron de mambo de exigencia con los graduados en pandemia, es decir, la camada más joven de hasta 24 años, oriundos sobre todo de otras localidades lejanas, pero que trabajan en Rosario. Agentes que no quieren residir en la ciudad, tampoco resisten el esquema exigente de horarios que le impide tener las horas deseadas a quienes viajan lejos hasta 500 km de distancia.
Hay un tema socioeconómico ahí: sus familias no tienen otro ingreso, y encima bajo. Al margen de lo económico que puede retocarse, la cuestión del martes por la tarde era el tema horarios y trabajo.
“Los exigimos mucho, un esfuerzo sobrehumano, pero no porque somos unos tarados sino porque veníamos de procesos de delito y violencia que arrojaron 400 y 450 homicidios dolosos en Santa Fe y había que resolverlo”, largó ya sin filtros Cococcioni después de días estresantes y sin frenar.
Estuvieron demasiado presionados para lograr los resultados de los últimos dos años y particularmente los últimos 40/50 días. Esa carga horaria genera estrés. “El motor estaba a fondo”, reconocen lo que traspasa los límites de cualquier trabajador. Y ese motor se prendió desde el día uno de gestión, incluso con postergación de vacaciones al inicio. Es decir, vienen de dos años al palo.
El argumento es que había una situación extraordinaria. La situación al asumir era grave -unos días antes de asumir el gobierno habían matado en un colectivero en Eva Perón, recuerdan- y el gobierno entendió que lo ameritaba. El procedimiento podría ser discutible, los resultados evidentes y objetivos.
El ministro de Economía, Pablo Olivares, recordó que hace dos años había movilizaciones pidiendo por víctimas de delitos más duros. “Hoy lo que vemos es parte del resultado de haber atendido esa situación y el problema es el estrés que ha generado la exitosa forma en que se abordó el problema de seguridad”. ¿El precio del éxito?
Con el telón de fondo del estrés, las complicaciones económicas, y otras variables que atañen a la salud mental, el 2 de febrero se pegó un tiro el suboficial del Cuerpo de Guardia de Infantería Oscar Valdez, de 32 años, oriundo de Vera. Eso fue lo que activó la protesta pero las condiciones previas ya estaban dadas.
Incluso, las artificiales o no genuinas. Uno de los puntos que remarcan en el gobierno provincial al buscar el origen del conflicto es que hubo descabezamiento de la cúpula policial de los últimos cuatro años, de los cuales hay 16 policías presos que estalló por la corrupción del combustible. Dicen que hubo allegados a los presos que dieron fuego a la manifestación. Marginales también. “Indudablemente derramó a otros cuerpos de las fuerzas de seguridad”, analizaban en Gobernación.
El año pasado hubo limpieza de la Regional Rosario de jefes y subjefes de las distintas divisiones. Por eso se pierde el control del mando porque esos los formaron a la camada más joven. Algo se corrió y los que quedaron no pudieron.
El episodio último fue cuando increparon fuerte este miércoles al mediodía al jefe de la policía provincial, Luis Maldonado, al pedir que depusieran en su actitud. ¿Era el límite o camino de no retorno?
Finalmente se rubricó el acuerdo y normalización con conferencia de prensa del propio Pullaro para darle el cierre final de autoridad. Para el futuro deberá analizarse qué se desprende de todo esto en el vínculo del gobernador y el ministro con el cuerpo policial, llámase movimientos y relación. Como también qué efectos políticos derivan de este episodio que no es uno más. "Lo que aseguro que esto a la política de seguridad pública no le va a hacer mella", dijo el gobernador.
Un combo inflamable en la materia central del gobierno que no previó o falló en su contención y surfeó con lo justo como sucede en estos casos. “¿Agitado? Agitado y podrido. Al pedo tanto”, sintetizó un efectivo con tareas en dependencias del gobierno.
La demora llega hasta facturas de octubre de 2025. El servicio no fue cortado de manera oficial, pero no descartan que individualmente se hayan tomado medidas drásticas
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