Este jueves el Congreso se apresta a debatir una nueva ley penal juvenil que, entre otros puntos, apunta a bajar la edad de punibilidad de los menores de edad
Foto: La Capital / Archivo.
Bajar la edad de imputabilidad de los menores. El tema vuelve a debatirse en el Congreso.
A través de un posicionamiento conjunto, los Defensores y Defensoras de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) de distintas provincias manifestaron su rechazo al proyecto que propone bajar de 16 a 14 la edad de imputabilidad. Abogan por un sistema de justicia restaurativa y el fortalecimiento de las políticas de protección integral.
Este jueves el Congreso se apresta a debatir una nueva ley penal juvenil que, entre otros puntos, apunta a bajar la edad de punibilidad de los menores de edad. En ese contexto, las defensorías emitieron un duro comunicado conjunto en el que fijan su postura contra las medidas punitivistas. Los organismos advierten que el endurecimiento de las sanciones, lejos de resolver los problemas de inseguridad, profundiza la vulneración de derechos de las adolescencias.
Recuerdan además que los delitos graves cometidos por adolescentes menores de 16 años representan menos del 1 % del total.
El documento detalla cinco puntos clave para una reforma que respete los estándares internacionales. Los defensores enfatizaron que una respuesta penal temprana no es la solución y solicitaron que se priorice un modelo de "justicia juvenil mínima".
"Una reforma del régimen penal juvenil no puede evaluarse por el endurecimiento de sus sanciones, sino por su capacidad de proteger derechos, prevenir la violencia y evitar la reincidencia", reza el comunicado.
Respecto de la edad de punibilidad, uno de los temas más debatidos públicamente, los defensores se oponen firmemente a cualquier intento de bajar la edad de responsabilidad penal (actualmente en 16 años), calificándolo como un retroceso en materia de derechos humanos.
"La evidencia empírica demuestra que bajar la edad de imputabilidad no reduce el delito ni mejora la seguridad, y por el contrario incrementa la exclusión social y la reiteración de trayectorias institucionalizantes. La situación de encierro genera reacciones contrarias a las esperadas en cualquier psiquis adolescente", advierten.
Además, exigen que se revisen y reduzcan los límites máximos de las penas de prisión, garantizando que esta medida sea siempre el último recurso y por el tiempo más breve posible.
El posicionamiento conjunto propone migrar de un sistema puramente sancionatorio hacia uno especializado y restaurativo, que busque la inclusión social real de los jóvenes.
Por otra parte, instan al Estado a intervenir de manera efectiva en las causas que originan el conflicto social, fortaleciendo los sistemas de protección integral antes de que los jóvenes lleguen a la instancia penal.
Este lunes el gobierno nacional retiró su proyecto de reforma de la ley penal juvenil, luego de haberlo enviado horas antes al Congreso de la Nación. Según trascendió, la razón fue que el oficialismo proponía bajar la edad de punibilidad de los 16 a los 13 años, cuando el consenso con los partidos aliados era de 14, tal como había quedado asentado en el dictamen de comisión aprobado el año pasado.
El comunicado de los Defensores concluye con un llamado a los legisladores para que el debate no se centre en soluciones "regresivas". Según los defensores, construir trayectorias de inclusión es el mejor modo de responder no solo a los adolescentes en conflicto con la ley, sino también a las víctimas y a la sociedad en su conjunto.
"El desafío es avanzar hacia un sistema que responda al conflicto sin renunciar al enfoque de derechos, evitando soluciones que profundizan los problemas en lugar de resolverlos", sentenciaron.
Por Gonzalo Santamaría
Por Matías Petisce
