Dos policías de la provincia fueron reimputados en el marco de la causa que investiga un hecho de violencia institucional ejercida contra un grupo de jóvenes la madrugada del 23 de marzo de 2018 en la zona conocida como las Cuatro Plazas, en Mendoza y Provincias Unidas. Se trata de los dos agentes que persiguieron a una de las víctimas, la tiraron al suelo, la golpearon y le cortaron el pelo, por lo cual se le sumó a sus acusaciones el delito de tortura. Dos policías más, que estuvieron ausentes en la audiencia por tener Covid19, serán imputados por lo mismo en los próximos días.
La madrugada del 23 de marzo de 2018 siete amigos de entre 21 y 24 años estaban tomando unas gaseosas en un banco de la plaza cuando de un momento a otro quedaron en medio de un operativo policial. Según la reconstrucción hecha por la fiscal Carina Bartocci dos de los jóvenes subieron a una moto, propiedad de uno de ellos, para ir a un kiosco y en ese momento vieron que un patrullero los seguía. Unas cuadras después el conductor frenó y varios móviles se le fueron encima.
Minutos después volvieron a la plaza y una decena de móviles policiales del Comando Radioeléctrico, Policía de Acción Táctica y Policía Comunitaria se sumaron al operativo. Después de una serie de golpes los jóvenes fueron trasladados a la comisaría 14º, donde según la fiscal continuaron los maltratos y hostigamientos. Las víctimas denunciaron que les robaron dinero y en la investigación se supo que los policías habían mentido en su versión de los hechos. Por esa serie de delitos hay 24 policías imputados por apremios ilegales, falsedad ideológica de documento público, hurto agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Nuevas imputaciones
A más de tres años del hecho la fiscal Carina Bartocci sumó imputaciones a dos policías involucrados en este hecho. Los suboficiales Roberto Damián Salinas y Santiago Alejandro Morgan fueron imputados por el delito de tortura. En los próximos días serán imputados por el mismo delito otros dos policías, Leonel Romero y Diego Ojeda, que no pudieron estar presentes por haber dado positivo de Covid19.
Las nuevas imputaciones están enmarcadas en un momento preciso del hecho. Una de las víctimas, Sasha V., entonces de 22 años, salió corriendo en un intento de escapar de las agresiones que estaba padeciendo. En ese momento se inició una breve persecución que duró unas dos cuadras.
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Según el relato de la fiscal el joven detuvo su marcha en calle Marcos Paz al 6700, levantó los brazos y fue derribado por Salinas, que venía siguiéndolo. Un instante después arribó al lugar el policía Ojeda, y con la víctima boca abajo en el suelo comenzó a pegarle trompadas en la cara y el cuerpo junto con Salinas. Luego fueron llegando más policías.
En medio de la golpiza los agentes Ojeda y Romero retuvieron a la víctima en el piso mientras el suboficial Salinas tomó un cuchillo y le cortó el pelo al joven, quien en ese entonces usaba rastas. Con el correr de la investigación se pudo identificar a los cuatro policías que participaron de esa etapa de la agresión, por lo cual se les sumó a sus imputaciones el delito de tortura. También se supo que hubo otros uniformados que estuvieron presentes viendo la escena y serán imputados por haber omitido denunciar los delitos cometidos por sus pares.
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Las cosas por su nombre
Federico Pagliero, abogado querellante en representación de cinco de las siete víctimas de este hecho, considero "muy importante" que parte de los delitos cometidos por los agentes policiales sean tipificados como tortura. "Es muy importante para estas causas de represión policial que la traducción jurídica sea realmente lo que ocurrió, y estos hechos delictivos fueron de tortura", explicó el abogado.
"Es de gran importancia por los grandes obstáculos que tienen las querellas para probar estos hechos, en los cuales los imputados como agentes estatales son quienes en procura de su propia impunidad eliminan pruebas, adulteran documentos", agregó Pagliero, quien integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (Apdh).
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Asimismo insistió en la necesidad de que se impute a más policías por el delito de tortura, sobre todo por los hechos acontecidos dentro de la comisaría 14º. "Continuaremos como querella sosteniendo que los policías aplicaron tormentos fuera y dentro de la comisaría, y así lo solicitaremos en nuestro requerimiento acusatorio", afirmó.
Doce horas esposados
El relato de los hechos que consta en el legajo fiscal da cuenta de la violencia a la que fue sometido el grupo de jóvenes. Entre ellos había una joven, pareja de Sasha V., quien fue golpeada por mujeres policías que también están imputadas en la causa. Después de los golpes en la plaza los chicos fueron trasladados a la comisaría 14º. En el trayecto fueron amenazados: les dijeron que iban a terminar en una zanja, que les iban a plantar un arma y droga a cada uno.
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Dentro de la seccional los varones fueron esposados unos a otros en un cuarto y no les permitieron ir al baño, por lo que tuvieron que orinar en botellas que otros detenidos habían usado anteriormente. Uno de los jóvenes fue obligado a desnudarse y en ese momento un policía le apoyó sus genitales y lo amenazó con abusar sexualmente de él.
Los jóvenes estuvieron esposados durante doce horas y fueron liberados pasadas las 17. Según relataron en varias declaraciones los golpes, las burlas, las amenazas y vejaciones no cesaron. Incluso, una vez libres, constataron que les faltaba dinero que llevaban encima.
