En marzo de 2018 siete jóvenes que se encontraban en la Cuatro Plazas de Mendoza y Provincias Unidas denunciaron apremios ilegales por parte de agentes de la Policía de Acción Táctica (PAT) y el Comando Radioeléctrico. La fiscal de Violencia Institucional Karina Bartocci acusó a seis suboficiales y dos cabos bajo la imputación de "apremios ilegales y falsificación de documento público". En una audiencia que comenzará a las 9 de hoy y seguirá mañana en la misma Fiscalía se ampliará la imputación a los efectivos con nuevos delitos.
La realización de la medida judicial fue comunicada por allegados a las víctimas y confirmada por fuentes del Ministerio Público de la Acusación. Las siete víctimas no pasaban de los 25 años y no registraban antecedentes penales. En la madrugada del viernes 23 de marzo los jóvenes estaban reunidos en las Cuatro Plazas tras compartir un asado en la casa de uno de ellos. En un momento llegaron varios móviles del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica.
Sin ningún cargo y en medio de gritos, los ocho agentes a los que los jóvenes señalaron como "abusadores" los patearon, les pegaron, los insultaron y tras obligarlos a subir a los móviles los dejaron en la seccional 14ª ubicada a sólo 100 metros del lugar.
Allí estuvieron demorados más de 14 horas y en el acta 2316/18 escrita por un sumariante a las 5 de la mañana del viernes consta que no presentaban "peligrosidad" y que no encontraron entre sus pertenencias objetos fuera de lo común que motivaran su demora o detención.
Las víctimas de la violencia policial fueron Sasha V., de 23 años; Emanuel C., de 24; Cristian F., de 23; Nelson R.,de 21; Martín D., de 21; Alvaro G., de 22; y Valentina C., de 21 años, quienes subieron imágenes y sus testimonios a sus perfiles de Facebook.
Los acusados son cinco efectivos de la PAT y tres del Comando. La fiscal Bartocci pidió en su momento la prisión preventiva para dos de los acusados, los suboficiales Mariano S. y Erika D. ambos del Comando Radioeléctrico. Al mismo tiempo se comenzó a investigar las responsabilidades del resto, que fueron imputados en libertad: el suboficial Walter D., también del Comando; los suboficiales Gastón F. y Roberto S. de la PAT y los cabos Ariel G. y Santiago M. de esa misma agrupación. Para los últimos se prohibió todo tipo de contacto con las víctimas.
En mayo de 2018 el juez de primera instancia Santiago Becerra dictó la prisión preventiva efectiva para dos de los siete policías. Luego de la apelación realizada por los defensores, en junio de 2018 la Cámara Penal dejó en libertad a los dos detenidos por apremios y falsedad ideológica.
La resolución de la jueza Georgina Depetris alcanzó a Mariano S. y Erica D., quienes protagonizaron en primer lugar el operativo contra las víctimas en el que intervino una veintena de móviles. Si bien no trascendieron detalles, a partir de hoy Bartocci prevé ajustar las imputaciones y enrostrarles nuevos delitos a los implicados.
