Ya había sido condenado por comercialización de drogas pero ahora volvió a prisión tras ser detenidos en los allanamientos del miércoles pasado
Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.
Junior Vivas vuelve a prisión: segunda causa por narcotráfico para jefe de una banda rosarina.
La Justicia federal ordenó la prisión preventiva por 180 días para los integrantes de una organización narcocriminal que, según la investigación, era liderada por Arnaldo Andrés Vivas, conocido como “Junior”. El grupo está acusado de desarrollar actividades de almacenamiento, distribución y comercialización de estupefacientes en Rosario y la región, con una estructura organizada y distintos roles para sostener el negocio ilegal.
La medida fue dispuesta por el juez de garantías Eduardo Rodríguez Da Cruz, luego de la audiencia de formalización de la investigación penal en la que intervino el fiscal Franco Benetti, de la Oficina de Narcocriminalidad del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. La Fiscalía le atribuyó a Junior el papel de organizador y financiador de las actividades ilícitas, mientras que a los demás sospechosos les adjudicó diferentes grados de participación en el tráfico de drogas.
La prisión preventiva alcanza a todos los imputados por un plazo de 180 días, aunque dos de ellos cumplirán la medida bajo modalidades alternativas. Sahira Nicole T. tendrá arresto domiciliario por ser madre de tres niños, uno de ellos en período de lactancia, mientras que Matías Santos B. también permanecerá en su domicilio, previo pago de una caución de cinco millones de pesos.
En la audiencia, Benetti acusó a Vivas de organizar y financiar las actividades ilícitas, además de atribuirle encubrimiento agravado. Al resto de los imputados —Gisela Y., Walter Esteban F., Kevin Alejandro V., Sahira Nicole T., Kevin V., Isaías A., Rubén S. y César P.— les adjudicó tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas, bajo las modalidades de almacenamiento, distribución, comercio y tenencia de drogas con fines de comercialización. Matías Santos B. fue imputado por el mismo delito, pero como partícipe secundario.
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La acusación también incluyó delitos vinculados con la tenencia de armas de fuego. A Gisela Y. y Walter Esteban F. les atribuyeron la tenencia ilegítima de armas de guerra de uso civil condicional, en concurso real con encubrimiento, por las armas secuestradas en su domicilio. Además, a ambos y a Kevin V. les imputaron la tenencia ilegítima de un arma de uso civil encontrada en una vivienda de Funes a la que, según la Fiscalía, los tres tenían acceso.
El juez formalizó las imputaciones de acuerdo con la calificación legal y las evidencias presentadas por la Fiscalía. La prisión preventiva por 180 días busca asegurar el avance del proceso mientras continúa la investigación. Las excepciones para Sahira Nicole T. y Matías Santos B. contemplan el arresto domiciliario, con condiciones específicas: en el caso de ella, por su situación familiar y la lactancia de uno de sus hijos; en el de él, mediante el pago de una caución de cinco millones de pesos.
Arnaldo Andrés Vivas, de 39 años, es un nombre conocido en las investigaciones por narcotráfico en Rosario. En noviembre de 2020 fue condenado a ocho años de prisión en una causa vinculada con la organización de Ramón “Rengo” Insaurralde y su familia, dedicada a la comercialización de drogas en el sudoeste de la ciudad. Antes, en junio de 2017, había sido detenido durante un operativo en el que se secuestraron cocaína, dinero y vehículos de alta gama.
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Durante años, los investigadores lo señalaron como una figura con influencia en el narcomenudeo de sectores como Villa Banana y Vía Honda, además de otros puntos de Rosario y la región. En la estructura vinculada a Insaurralde, la droga era adquirida al por mayor en la provincia de Buenos Aires y luego trasladada a Rosario para abastecer puntos de venta, con distintas modalidades de distribución.
La nueva investigación, a cargo del fiscal federal Franco Benetti, derivó el 3 de noviembre en una serie de allanamientos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Rosario, Funes, Granadero Baigorria, Ibarlucea, Casilda y la provincia de Buenos Aires. La pesquisa apunta tanto al presunto tráfico de drogas como a posibles maniobras de lavado de activos.
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