La investigación a una banda dedicada al robo de celulares en Rosario derivó en una audiencia imputativa a nueve personas acusadas de integrar una asociación ilícita. La organziación operó desde 2023 hasta hace pocos días, cuando en una serie de allanamientos la policía detuvo a los sospechosos y secuestró casi treinta teléfonos.
El fiscal Carlos Covani los acusó por el robo de los aparatos, su posterior comercialización y la utilización de denuncias falsas para recuperar motos que usaban en los atracos y eran abandonadas en persecuciones. Entre los imputados hay dos mujeres a las que además les atribuyeron falsas denuncias de sustracción de esos rodados.
El juez de primera instancia Juan Ignacio Gasparini dispuso distintas medidas cautelares. Tres de los acusados quedaron en prisión preventiva efectiva hasta el 28 de enero de 2027, mientras que para otros imputados se acordó la libertad con reglas de conducta hasta esa misma fecha.
Venta y falsas denuncias
La banda estaba integrada por personas que cumplían funciones diferenciadas. Lucas E., Kevin G., Lautaro J. y Brian S. fueron señalados como quienes concretaban los arrebatos en la calle a bordo de motocicletas. Actuaban de a dos: robaba los teléfonos y el otro brindaba cobertura para facilitar la fuga. Si eran perseguidos por la Policía, podían abandonar los rodados, que estaban registrados a nombre de integrantes del grupo.
La maniobra continuaba con la recuperación de esas motos. Según el fiscal, algunas de las mujeres vinculadas a la organización denunciaban falsamente que los vehículos habían sido robados para gestionar su restitución y volver a utilizarlos. También se atribuyó a Kevin R. la regularización de multas e infracciones ante el Tribunal Municipal de Faltas. En la audiencia, Débora A. fue imputada por una falsa denuncia realizada el 22 de abril de 2025 en la comisaría 19ª, mientras que a Maira B. le atribuyeron otra presentación de similares características el 17 de septiembre de 2026.
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Los celulares sustraídos eran trasladados a inmuebles utilizados por la organización, entre ellos uno ubicado en Amenábar al 3500. Desde allí, según la imputación, Cristian M. y María P. se encargaban de reducir y comercializar los dispositivos. La acusación sostiene que parte del dinero obtenido se canalizaba a través de una billetera virtual a nombre de María P. La hipótesis fiscal es que el esquema permitía sostener un circuito que abarcaba desde el robo callejero hasta la venta de los aparatos y la administración de los ingresos.
Un robo captado en cámaras
En los últimos días se conoció que el sistema de vigilancia Lince había captado un arrebato ocurrido en agosto, en inmediaciones de un hotel de calle San Lorenzo al 1400. El análisis de las imágenes permitió reconstruir los movimientos de dos motociclistas antes y después del hecho, detectar cambios de vestimenta y establecer posibles desplazamientos coordinados hacia un inmueble de Amenábar al 3500.
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Las ampliaciones del informe también permitieron identificar un Citroen C4 Cactus y un vehículo similar a un Renault 9 durante los recorridos analizados. Además, se detectó que el mismo domicilio ya había sido mencionado en una investigación anterior por otro robo de celular ocurrido en abril. Esta información, complementada con tareas de campo y registros policiales, contribuyó a establecer posibles vínculos entre distintos hechos.
La investigación que desembocó en las imputaciones tuvo como antecedente los once allanamientos realizados el 28 de octubre en distintos domicilios de la zona oeste de Rosario. En esos procedimientos fueron detenidas nueve personas y secuestraron 26 celulares, nueve cascos, documentación, equipos de comunicación, dos motocicletas Honda Wave, un vehículo Jeep, 490 euros y 1.290 dólares.