El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, confirmó que pagarán los honorarios de la defensa tras el deceso de Mauro González
El funcionario hizo un llamado de atención sobre la imputación a seis policías.
En vísperas de la segunda audiencia sobre los seis policías detenidos por tortura seguida de muerte en la ciudad de Santa Fe, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, dijo este miércoles que mantiene "extrema precaución" ante el caso y cuestionó la calificación legal. "Queremos garantizar que se repete el debido proceso", reclamó.
El funcionario confirmó que el gobierno provincial se hará cargo de pagar los honorarios de la defensa particular en el proceso por el fallecimiento de Mauro Daniel González. Luego argumentó que la situación "amerita una mirada distinta" a la de otras investigaciones sobre violencia institucional porque un agente "puede estar años en disponibilidad, perder su ascenso, su familia y su salud" hasta que es absuelto.
El exsecretario de Asuntos Penitenciarios de Santa Fe opinó que ningún miembro de la fuerza puede sentirse "adecuadamente salvaguardado" ante una acusación como la del fiscal Ezequiel Hernández y la querella. De hecho, consideró que la definición de los hechos genera un perjuicio similar al de una condena. "Una imputación de ese calibre es punitiva en sí misma", afirmó.
Los acusados prefirieron contar con patrocinio privado en vez de recurrir a la defensa pública. En este contexto, el Ministerio de Justicia y Seguridad resolvió cubrir los gastos "hasta cierto monto y, por supuesto, contra facturación", según precisó el titular de la cartera durante una rueda de prensa en Rosario.
A la hora de explicar la medida, Cococcioni sostuvo que el financiamiento de los honorarios implica "respetar la decisión que han tomado los propios policías" para afrontar el proceso. Al respecto, agregó: "Lo que debe prevalecer acá es la confianza que cada uno le tiene a la persona en la que deposita su vida y su futuro".
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Por un lado, el ministro aclaró que tiene "el mejor concepto" sobre la defensa pública penal de Santa Fe en las condiciones actuales. De inmediato, recordó que el servicio tuvo "un discurso profundamente antipolicía en los primeros seis años" y añadió que su titular en ese período firmó dos resoluciones que prohibían asistir a agenets de la fuerza en casos de violencia institucional.
El funcionario no sólo se refirió a la desconfianza que pueden tener los agentes por estos antecedentes a la hora de afrontar una causa penal. También planteó que es necesario controlar la labor de los fiscales para "evitar barbaridades" y puso como ejemplo la resolución de las investigaciones sobre las muertes de Franco Casco y María de los Angeles Paris. El primero se refiere a un joven que estuvo detenido en la comisaría 7ª de Rosario, pero todavía no tiene sentencia firme, ya que la Justicia federal anuló el primer fallo dictado en 2023 para absolver a 19 integrantes de la fuerza.
"Uno puede ver cuántos casos hubo de funcionarios imputados. Se los detiene y el caso es exhibido de manera muy escandalosa, su carrera queda paralizada con enormes perjuicios que rara vez tienen una reparación adecuada y salen absueltos seis, siete u ocho años después", enumeró el titular de la cartera de Justicia y Seguridad. En esa misma línea, advirtió: "La espectacularidad del momento imputativo inicial no se corresponde con lo que después puede probarse en juicio".
Antes del pronunciamiento de Cococcioni en Rosario, el gobernador Maximiliano Pullaro había planteado este martes que estaba preocupado por la situación. "Le pedí al ministro que esté encima del tema y que evalúe muy bien lo que sucedió, con mucha prudencia", comentó.
A nivel general, el jefe de la Casa Gris reiteró: "Si hay agentes que cometen delitos, por supuesto hay que correrlos, moverlos y sacarlos". No obstante, indicó que "primero hay que esperar que se sustancien las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación (MPA)".
El exministro de Seguridad también citó los antecedentes de Casco y Paris a la hora analizar el conflicto en la ciudad de Santa Fe. "No hago juicio de valor sobre esta situación porque sería imprudente de mi parte, pero sí hubo casos de estas características en donde posteriormente la investigación determinó la absolución de culpa y cargo de los policías", manifestó.
Por su parte, Cococcioni se mostró dispuesto a "colaborar en todo lo que corresponde" con el fiscal Ezequiel Hernández. Así como expresó esta voluntad, también remarcó que "no hubo medidas ordenadas por seis meses" para investigar la muerte de González en la ciudad de Santa Fe y la primera novedad fue la orden de arresto de los agentes. Con respecto a la imputación por torturas seguidas de muerte, señaló: "Esta es una tipicidad penal que tiene requisitos muy estrictos. Todo muy lindo, pero después hay que probarlo".
La muerte de Mauro Daniel González se produjo el sábado 17 de enero de este año, cuando el hombre de 35 años fue detenido en la puerta de su casa del barrio Yapeyú por una denuncia sobre disturbios a través del 911. Tras el arresto lo llevaron a distintas dependencias y terminó alojado en un calabozo de la comisaría 8ª de la capital provincial.
Luego de la aprehensión, la Fiscalía ordenó la liberación del sospechoso. Durante la madrugada siguiente, el personal de la seccional advirtió que la víctima no respondía a ningún estímulo y finalmente constataron que había fallecido dentro de la seccional.
El exjuez penal y abogado querellante Rodolfo Mingarini denunció a seis agentes ante el MPA como representante de la familia. Pasado casi medio año desde el deceso, cinco miembros del Comando Radioeléctrico fueron detenidos junto a un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería (CGI) al que también lo imputaron por vejaciones.
El fiscal de la causa sostuvo que González murió por "graves sufrimientos físicos y psíquicos” mientras estaba bajo custodia. "Los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta", indicó en el marco de la audiencia imputativa del último viernes.
Hernández planteó que "los policías incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza”. Entre otras cuestiones, mencionó que hicieron caer al detenido y le pegaron mientras estaba en el suelo.
“Algunos de los integrantes del Comando trasladaron a la víctima en la camioneta a la que lo habían obligado a subir, el cual era seguido por otro vehículo oficial en el que iban los demás. Durante ese traslado, los policías agredieron nuevamente a González, quien tenía puestas esposas y no podía defenderse de ningún modo", detalló el representante del MPA. En ese trayecto recibió puñetazos, pero también se presume que lo agredieron con "un bastón o escopeta". Uno de los exámenes forenses reveló que el cuerpo tenía al menos 20 lesiones visibles, incluida la fractura de una costilla.
La última víctima tenía 26 años y murió en el acto por la colisión. La policía investiga si hubo otro vehículo involucrado La primera víctima tenía 33 años