Son cinco agentes del Comando y uno de guardia de Infantería. El miércoles se evaluarán las medidas cautelares pedidas por los fiscales
La familia de Mauro inició la investigación y denunció a los policías
Cinco policía del Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional I fueron imputados como coautores del delito de tortura seguida de muerte. Además, un integrante del Cuerpo Guardia de Infantería fue imputado por vejaciones en contra de la misma víctima. Las atribuciones delictivas fueron realizadas por el fiscal Ezequiel Hernández, ante la jueza Cecilia Labanca, en una audiencia desarrollada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares se desarrollará el próximo miércoles, en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). En tal sentido, el fiscal adelantó que solicitará que las seis personas imputadas transiten el proceso judicial en prisión preventiva.
La víctima, Mauro Daniel González de 35 años, falleció mientras estaba bajo custodia estatal en la seccional. La detención fue a partir de una investigación impulsada inicialmente por la familia del hombre fallecido que, por medio del abogado Rodolfo Mingarini, denunció el suceso ante la Justicia que derivó en la reciente detención de los policías.
El fiscal remarcó que “los policías investigados sometieron a la víctima a graves sufrimientos físicos y psíquicos que provocaron su fallecimiento”. Al respecto, indicó que “los agresores crearon y aceptaron con total indiferencia el evidente riesgo letal de su conducta”. Los uniformados del Comando investigados son tres hombres y dos mujeres, cuyas iniciales son LGA, SDB, FSA, MGD y SMP. Por otra parte, las iniciales del agente de Infantería son JCB.
El fiscal aseguró que: “Los policías incumplieron los estándares de actuación que ordenan dar intervención a personal sanitario y privaron a la víctima de su libertad mediante un uso ilegítimo, excesivo y desproporcionado de la fuerza”. Y agregó: “Los funcionarios policiales sujetaron a González violentamente, lo hicieron caer y le colocaron esposas. Luego llegaron los otros investigados y, entre todos, lo agredieron mientras estaba en el suelo”.
En cuanto al relato de lo hechos, destacó: “Algunos de los integrantes del Comando imputados trasladaron a la víctima en la camioneta a la que lo habían obligado a subir, el cual era seguido por otro vehículo oficial en el que iban los demás. Durante ese traslado, los policías agredieron nuevamente a González, quien tenía puestas esposas y no podía defenderse de ningún modo”.
“Dentro del auto, le dieron golpes con los puños y con un bastón o escopeta. Las sucesivas torturas le causaron a la víctima por lo menos 20 lesiones visibles en distintas partes del cuerpo, entre las que estaba la fractura de una costilla, lo que deterioró el funcionamiento de su organismo”, precisó el fiscal.
La muerte de Mauro Daniel González fue el sábado 17 de enero de este año cuando el hombre, oriundo de barrio Yapeyú de la capital provincial, fue detenido en la puerta de su casa luego de que alguien llamó al 911 para denunciar que había una persona que provocaba disturbios en la calle. Tras su arresto, fue llevado a distintas sedes policiales y luego terminó alojado en un calabozo de la Comisaría 8ª, en donde se dio el desenlace fatal.
Horas después de su arresto, el fiscal que se encontraba de turno aquel día le dio la libertad al hombre. Sin embargo, la liberación se dio en horas de la madrugada del 18 de enero. Cuando los agentes de la Comisaría fueron a notificarlo, González no respondía a ningún estímulo. Desde entonces, se inició una investigación, motorizada por la querella y que ahora sumó un paso trascendental.
González fue hallado sin vida durante la madrugada de ese domingo de enero en el interior de la Comisaría 8ª, ubicada en avenida General Paz al 7300. El hecho fue caratulado inicialmente como "muerte dudosa" y se activaron los protocolos de investigación para casos de personas bajo custodia estatal.
La investigación se rige bajo el Protocolo de Minnesota, diseñado específicamente para indagar muertes ocurridas bajo responsabilidad estatal, buscando determinar si existió un uso desmedido de la fuerza o negligencias graves en el deber de cuidado.
Según la querella, representada por el abogado Rodolfo Mingarini, la aprehensión fue violenta e ilegal desde su origen. Denuncian que uno de los efectivos le habría provocado la fractura de una costilla a González, al arrojarse sobre él durante la aprehensión. Testigos y registros de cámaras de seguridad serán piezas fundamentales para reconstruir lo ocurrido aquel día. La querella sostiene que durante el camino del patrullero hasta la dependencia policial, realizaron diversas paradas, prolongando el trayecto. En ese tiempo, la salud del detenido se habría deteriorado.
Cuando fue entregado formalmente a la Comisaría 8ª, cerca de las 20, González "no respondía, no podía sostenerse en pie y las imágenes muestran que estaba prácticamente desvanecido", indicó Mingarini. De acuerdo con el expediente, el fiscal de turno había dispuesto que el aprehendido fuera liberado, instrucción que fue comunicada a la seccional a las 22.40 de ese 17 de enero. Sin embargo, el hombre permaneció encerrado hasta la madrugada del 18, cuando los guardias acudieron a notificarle su liberación y descubrieron que ya no presentaba signos vitales.
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