Pullaro fue a la Corte Suprema por el conflicto previsional con el máximo tribunal local

El Gobierno de Santa Fe realizó un planteo ante la Corte Suprema de la Nación para insistir en última instancia con la recusación a los jueces del máximo tribunal provincial. El planteo es que los ministros locales no deberían fallar sobre la reforma previsional ni declarar inconstitucional uno o más aspectos de la ley que se aplica desde 2024 por una presunción de intereses cruzados.

El argumento central del planteo oficial es que algunos cortesanos se encuentran alcanzados —de modo actual o inminente— por el régimen previsional que está bajo análisis judicial, lo que podría implicar un interés directo o indirecto en el resultado de las causas.

El 25 de junio pasado, Santa Fe, a través de la Fiscalía de Estado, se presentó en queja ante el máximo tribunal nacional.

Según supo La Capital, se planteó que la Corte nacional debe suspender los trámites de los juicios en la provincia ya que, si continúan y se resuelve con magistrados que no debían intervenir, sería un problema a futuro. Los ministros santafesinos están para resolver, si lo hicieran, el planteo mencionado seguirá igualmente su curso.

Pullaro a la Corte Suprema

Si bien tiene una última chance, el rechazo de tres planteos para que cuatro miembros de la Corte provincial se abstengan de intervenir en causas relacionadas con la reforma jubilatoria fue un golpe duro para el gobierno santafesino.

El recurso de queja no suspende plazos ni efectos, por lo que la Corte provincial está en condiciones de emitir sentencia en el caso de fondo. En marzo, el gobierno presentó ante el alto tribunal de Santa Fe un recurso extraordinario para que sea su par de la Nación la que decida sobre las recusaciones. Lo rechazó.

Así, el gobierno provincial mantiene tensión con el máximo tribunal, como ha ocurrido con varios temas, no solo con la reforma previsional. El tironeo de fondo fue la renovación de los ministros, que ya está en proceso.

“Se los recusó nuevamente porque creemos que hay una incompatibilidad ética y moral muy grande de fallar en última instancia por intereses personales y propios, porque los casos que resuelvan alcanzarán a varios miembros”, contó Jorge Boasso (secretario de Seguridad Social de la provincia) en LT8.

Boasso recordó que Rubén Weder ya estaba jubilado cuando fue elegido ministro de la Corte, por lo que tuvo que suspender el régimen, pero luego volverá a esa instancia. Y que hay otros miembros, como Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rafael Gutiérrez que se irán a fin de año y ya tienen el expediente iniciado de jubilación con todos los requisitos, menos el cese.

La mayoría de los casos que judicializaron la ley son exmagistrados o camaristas solicitando que se declare inconstitucional la cuota solidaria, que desde septiembre no se descuenta más, y en segundo término el tope de jubilaciones. La reforma estipuló un tope de cobro en 20 jubilaciones mínimas, que son unos 12.600.000 pesos.

“Deberían ser los primeros en defender porque, sin reforma, sería imposible sostener el déficit de la Caja de Jubilaciones, que tiene 105.000. Fue un acto de defensa para no transferirla. Si no se sancionaba la reforma, no era sustentable la Caja y tendríamos un déficit de 850.000 millones de pesos”, completó.