Pablo Cococcioni propuso una intervención policial directa para evitar burocracias y costos con fiscales y jueces. El Senado lo trata este jueves
El proyecto que declara la prohibición de cuidacoches pasó del Senado santafesino a Diputados.
El debate por la reforma del Código de Convivencia y el futuro de los cuidacoches en Santa Fe sumó una voz de peso técnico y político. El ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, fijó la postura del Ejecutivo y lanzó una fuerte advertencia: que la futura legislación sea una herramienta ágil para las patrullas de calle y que no genere un incremento de gastos en el sistema penal santafesino.
En la antesala de la sesión clave en la que el Senado buscará insistir con el proyecto de prohibición total, el titular de la cartera de Seguridad convalidó la preocupación de los vecinos y analizó el impacto que tiene la actividad informal en el entramado urbano.
"No me traten al trapito como que hay que hacerle un juicio y nombrar un fiscal. Eso es un gastadero de plata y hay formas más baratas de resolverlo, como habilitar al policía para que lo saque y listo", argumentó de forma tajante Cococcioni, apuntando sus críticas implícitas a la estructura judicial que se anexó en el debate de la Cámara baja.
El funcionario definió la problemática sin rodeos: "Entendemos que el tema cuidacoches puede ser un factor criminógeno que aumente el nivel de riesgo. Es una situación que provoca un contacto social no solicitado por la persona y, en principio, es un factor de riesgo".
Cococcioni matizó que las realidades son disímiles según la geografía de la provincia, recordando que existen municipios pequeños o medianos que otorgan tiqueteras oficiales a los cuidacoches en lugar de implementar un sistema de estacionamiento medido por aplicación móvil.
Por este motivo, el ministro coincidió en que la estrategia estatal debe ser penalizar la actividad específicamente en aquellos distritos donde los gobiernos locales la hayan prohibido de manera taxativa mediante sus propias normativas y ordenanzas.
El eje principal de la advertencia ministerial se centró en la sustentabilidad económica y operativa de la reforma que se debate en la Legislatura. Para la cartera de Seguridad, destinar recursos de los ministerios públicos, defensores oficiales y jueces para tramitar un proceso penal tradicional contra un cuidacoches resulta inviable y satura las comisarías con burocracia administrativa.
Por este motivo, desde el ministerio de Seguridad detallaron cuál es la alternativa técnica que prefieren e intentan consensuar con los legisladores, orientada a la aplicación de sanciones contravencionales de resolución inmediata que no impliquen necesariamente la privación de la libertad:
Poder de policía directo: dotar de facultades normativas claras al personal de calle de la Policía de Santa Fe para intervenir ante la mera denuncia o detección del cuidacoches no autorizado, procediendo a su retiro del espacio público de manera inmediata.
Prohibición de concurrencia: implementar la herramienta jurídica de un "decreto penal contravencional de prohibición de concurrencia". Este mecanismo permitiría retirar al infractor mediante el uso legítimo de la fuerza policial y restringir, bajo apercibimiento legal severo, su reingreso físico a la zona comercial o gastronómica afectada.
Foco en la disuasión rápida: evitar la apertura de expedientes judiciales engorrosos, priorizando la recuperación del espacio público en tiempo real y resguardando la tranquilidad del conductor en las zonas críticas.
La postura de Cococcioni introduce una variable de realismo logístico a pocas horas de que los senadores definan si avanzan con el texto de tolerancia cero o si aceptan los condicionantes y programas de inclusión que bajaron desde la Cámara de Diputados. Para el ministerio, la efectividad de la ley dependerá exclusivamente de que sea una norma de aplicación barata, directa y de resolución instantánea en la vereda.
Por Mariano D'Arrigo
Por Elbio Evangeliste
