El ex fiscal regional de Rosario, Patricio Serjal, seguirá preso por el plazo de ley después de ser reimputado ayer por pertenecer a una asociación ilícita que protegía el juego ilegal en la provincia que, según la acusación de los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, contaba no solo con el paraguas judicial sino también con protección de ciertos estamentos políticos de la provincia y de la policía santafesina. En tanto, el ex empleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Ugolini, vinculado a la misma causa, continuará en libertad aunque bajo determinadas reglas de conducta. La resolución se conoció pasadas las 21 de ayer y fue dictada por la jueza Eleonora Verón.
Los Fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada imputaron a ambos por haber conformado una asociación ilícita integrada también por el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad, el empresario de juego Leonardo Peiti, el sicario Maximiliano “Cachete” Díaz, el fallecido David Itatí Perona, el policía retirado Alejandro Torrisi (condenado en un juicio abreviado), el senador provincial por el departamento San Lorenzo Armando Traferri y otras personas a la fecha no identificadas.
El objeto de la asociación ilícita fue “usufructuar el dinero ilícito proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y apuestas electrónicos sin contar con la autorización de la autoridad competente. Para ello, con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal, ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de su funciones, omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos”.
Dicha organización, que se desplegó en al menos cinco localidades, se extendió entre el 24 de abril de 2017 (cuando se constató el primer contacto telefónico entre el senador Traferri y Peiti) hasta el 24 de julio de 2020 (fecha en la cual se reunieron en una cochera de Pichincha el abogado de Peiti y Ponce Asahad).
El lunes, en el inicio de la audiencia, los fiscales expusieron la carga de pruebas acumuladas contra Traferri, de quien dijeron que “al conocer el vínculo de Peiti con el juego ilegal en la provincia aprovechó sus influencias para vincularlo con Serjal y Ponce Asahad”.
En ese marco, la acusación contra Serjal es la de organizador de la asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho pasivo agravado, falsedad ideológica de documento público agravado por ser funcionario público, omisión de persecución y peculado de servicios todo en carácter de autor y en grado de consumado.
En tanto a Ugolini le achacaron los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y en carácter de autor en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público y cohecho pasivo agravado en carácter de partícipe primario.
