La PDI hizo múltiples allanamientos y cerró el círculo alrededor de los presuntos miembros de una red de narcomenudeo en Rosario y Villa Gobernador Gálvez
El hijo del Toro Escobar fue detenido este jueves por la policía.
La Fiscalía Regional de Rosario solicitó este jueves una serie de allanamientos por narcomenudeo que terminaron con el arresto de varias personas, incluido el hijo del Toro Escobar. El organismo judicial pidió la captura de este último por su relación con la banda que lideraba Jonatan Emiliano "Jano" Fernández desde la prisión.
Según fuentes oficiales, el familiar de uno de los principales referentes de Los Monos formaba parte de la organización comandada por un recluso en la cárcel de Piñero. Se trata del último prófugo en la lista de sospechosos identificados por los fiscales Pablo Socca y Brenda Debiasi.
El procedimiento de la Policía de Investigaciones (PDI) es un nuevo avance en la investigación sobre microtráfico de drogas que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) expuso a fines de septiembre, cuando solicitó más de 100 allanamientos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Entre los primeros detenidos aparecieron integrantes de la barra brava de Newell's y también de Coronel Aguirre.
Damián "Wampa" Escobar fue detenido a partir de su presunta participación en la venta de cocaína. La Fiscalía determinó que había unas 40 personas dedicadas a este negocio ilegal con un gerente que coordinaba la actividad desde la Unidad Penitenciaria 11. El hijo del Toro fue identificado tras dos allanamientos en un departamento de Sánchez de Thompson al 100 bis y otra vivienda ubicada sobre Medici al 4700.
Jano Fernández era el referente principal de la banda que operaba en Rosario y Villa Gobernador Gálvez al menos desde el 9 de junio de 2024. Los investigadores creen que asumió ese rol cuando se restringieron las comunicaciones en las cárceles federales de Ezeiza y Marcos Paz, donde se alojan actualmente Escoba, Nicolás "Pupito" Avalle y Leandro "Pollo" Vinardi.
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De acuerdo a la teoría del MPA, los delincuentes que manejaban facciones de la barra brava de Newell's decidieron delegar el mando de la organización en el momento en que empezaron a perder contacto con el exterior. Entonces, el recluso alojado en Piñero ganó protagonismo y tomó las riendas de distintas maneras, ya sea con el uso de teléfonos celulares dentro del penal o a través del diálogo con sus visitas.
Fernández acabó por convertirse en el nuevo gerente de una red de microtráfico que tenía otros puntales privados de su libertad. Al menos otros cinco internos del pabellón 5 formaban parte de la banda y otra mujer alojada en la Unidad Penitenciaria 5 también participaba en el negocio.
Uno de los enlaces principales del jefe con el exterior era Ricardo Rodríguez, encargado de recibir la droga en Villa Gobernador Gálvez y luego distribuirla entre los vendedores. Los fiscales plantearon que también se encargaba de repartir las ganancias entre los miembros de la organización, tanto de manera directa como a través de sus familiares o allegados.
La red tenía proveedores mayoristas aún no identificados. Para pagar la mercadería usaban dólares que les compraban a Antoine Arabian y Stéfano López, dedicados a operaciones no registradas con moneda extranjera. A fines de octubre, este último quedó en libertad y le impusieron una serie de reglas de conducta durante 6 meses. Ambos son considerados partícipes primarios en la asociación ilícita.
El MPA detectó que la banda recibía una gran cantidad de material estupefaciente y cada vendedor recibía una parte para fraccionar por su cuenta o con otros complices. Después, Rodríguez recibía pagos en efectivo, por transferencias bancarias o billeteras virtuales para cerrar la recaudación. Así se fueron conformando células o subestructuras con distintos jefes de menor rango.
En total, los fiscales imputaron a 32 personas por la venta de drogas en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Salvo el caso de tres mujeres que accedieron a un régimen de arresto domiciliario, las demás quedaron bajo prisión preventiva efectiva por el plazo de ley.
Por Aníbal Fucaraccio
