La medida incluye a centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, residencias, transportistas y servicios de apoyo a la inclusión educativa, entre otros
El Concejo aprobó este jueves por unanimidad una ordenanza que establece un régimen excepcional de alivio fiscal para sostener la continuidad de servicios esenciales en discapacidad que hoy se encuentran en riesgo, a partir del desfasaje entre los costos fijados por el Estado y los gastos reales para mantener la actividad.
La propuesta presentada por el concejal del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Leonardo Caruana, incluye a centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares, residencias, transportistas, servicios de apoyo a la inclusión educativa y otras organizaciones del sector, que vienen sufriendo los embates de los recortes del gobierno nacional, que dejó a muchas instituciones al borde del cierre.
Justamente, el miércoles se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y distintas agrupaciones reclamaron por la ley de emergencia sancionada en el Congreso, pese a que el presidente Javier Milei no la promulgó para su correspondiente aplicación.
En ese marco, la titular de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero, advirtió que el sistema de atención a la discapacidad “se está desarticulando y varias entidades van a dejar de prestar servicios, porque no se pueden sostener”.
En ese contexto, Chapero apuntó que el Presupuesto 2026 que el oficialismo envió al Congreso nacional "no contempla la ley de emergencia en discapacidad", al asegurar que "el presidente (Javier) Milei no considera a las personas con discapacidad" a la hora de acceder a derechos esenciales.
En este contexto, y teniendo en cuenta experiencias previas en las que el municipio adoptó medidas excepcionales para sectores críticos, el proyecto del concejal del FAS propone exenciones tributarias y condonación de deudas para instituciones categorizadas prestadoras de servicios en discapacidad.
El concejal Caruana, ex secretario de Salud Pública municipal, señaló que cientos de instituciones rosarinas “garantizan la continuidad de terapias y tratamientos fundamentales para la calidad de vida de miles de personas con discapacidad, y hoy están atravesando una situación crítica como consecuencia del desfinanciamiento en el sector”.
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Si bien la responsabilidad primaria es de la Nación, a través de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el proyecto destaca que el municipio debe adoptar medidas que permitan sostener servicios esenciales, tal como las medidas tributarias excepcionales aplicadas durante la pandemia o la eliminación de tasas a taxis y remises.
También menciona que la provincia incorporó de manera reciente en su ley tributaria 2025, una serie de mecanismos extraordinarios de alivio para sectores afectados por la crisis económica, lo que refuerza la urgencia de actuar a nivel local.
Caruana afirmó que “el Estado local no puede ser indiferente frente a instituciones que sostienen derechos esenciales. Sin estas organizaciones, miles de familias quedarían sin apoyos indispensables”. Y concluyó que “ante la crueldad y el ajuste, la solidaridad, la inclusión, el apoyo y la ternura siguen siendo actos revolucionarios”.
Tal como lo publicó La Capital, desde Apridis adhieren al amparo colectivo presentado en el Juzgado Federal de Campana (a cargo de Adrián González Charvay), porque entienden que "la vía judicial es la única forma que queda para se cumpla con la ley. El Poder Legislativo, con la configuración que tendrá a partir del 10 diciembre, tampoco va a apoyar los reclamos de las personas con discapacidad”, afirmó Chapero.
Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue ejecutado este jueves. Antes sobrevivió a dos intentos de asesinato y fue demorado varias veces por distintos delitos
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