Reunidos en la Plaza San Martín, familiares, transportistas y profesionales de la salud exigieron al gobierno nacional que ponga en marcha la norma que actualiza aranceles
Foto: Sebastian Suárez Meccia / La Capital
La plaza San Martín de Rosario una vez más sede de un reclamo en el sector de discapacidad
Mientras mantienen un paro de actividades, trabajadores, familias y profesionales de la salud en Discapacidad volvieron a reclamar la correcta implementación de la ley de emergencia para el sector. La norma está promulgada, pero en suspenso por el gobierno nacional. "Es una demora muy cruel”, remarcaron los manifestantes que se congregaron este miércoles en la Plaza San Martín de Rosario.
A pesar de que el Congreso logró voltear el DNU que vetaba la ley de emergencia en discapacidad, el gobierno nacional encontró el mecanismo para dejar en suspenso la norma hasta que el Congreso defina las partidas presupuestarias específicas para su financiamiento. Los carteles se replicaban en manos de los presentes que intentaban explicar la importancia de la vigencia de la ley. El más crudo mostraba cómo fue la evolución de los aranceles para los profesionales que recibieron su último aumento en diciembre de 2024, que alcanzó un 0,5%. En total, desde septiembre de 2024, el sector alcanzó un 3,3% de incremento en sus pagos, contra un inflación superior al 35%.
La ley de emergencia en discapacidad pasó por varios estadios antes de ser promulgada. Primero fue debatida en el Congreso de la Nación y las dos Cámaras lo aprobaron, pero Javier Milei la anuló mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El cuerpo legislativo tomó nota y puso en discusión ese veto, el cual rechazaron para dejar vigente la norma. Así, mediante el Decreto 681/25, el presidente promulgó. Sin embargo, dejó en suspenso su aplicación.
Ante la nula respuesta del gobierno de Javier Milei los trabajadores del sector de Discapacidad llevan a cabo un paro de actividades que comenzó el martes y se mantendrá durante todo el día.
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“Hemos trabajado durante todo el año en la Ley de Emergencia que pasó por el Congreso, diputados, senadores, pudimos rechazar el veto del presidente de la Nación también en ambas cámaras, y sin embargo el Ejecutivo Nacional decide no cumplir con la ley. De manera que lo que vemos es una demora muy cruel”, manifestó Pablo Bolego, presidente de Atraes.
Por su parte, las instituciones nucleadas en Apridis lamentaron “recurrir a una suspensión involuntaria del servicio denunciando el abandono del gobierno al sector con la falta de implementación de la ley de emergencia en discapacidad”, señaló Mariel Chapero, presidenta de la organización. “Estamos en una situación desesperante, no recibimos ningún tipo de respuestas y las instituciones están desapareciendo”, alertó.
