En un procedimiento breve, que se estima durará dos semanas, este lunes en un tribunal de Nueva York se inicia la segunda instancia del juicio contra Sayfullo Saipov, quien el 31 de octubre de 2017 cometió el atentado terrorista más importante en Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001 y donde murieron cinco rosarinos egresados del Politécnico. El imputado ya fue hallado culpable en una primera etapa que demoró cinco años en comenzar pero luego se extendió solo entre el 9 y el 26 de enero; lo que ahora debe resolver el jurado es el tenor de la pena, es decir reclusión perpetua o ejecución legal, como solicitó la Fiscalía.
Por eso el juicio concita especial atención: si la sanción aplicada es la de muerte, se tratará del primer caso en los dos años de la administración del presidente Joe Biden (Partido Demócrata), quien a su vez había hecho campaña electoral por la abolición de este tipo de decisiones judiciales. Está previsto que a lo sumo para principios de marzo se conozca el veredicto al que arriben los doce miembros del jurado popular, el cual debe ser unánime. Las mismas personas ya decidieron previamente que Saipov fue responsable material de los luctuosos hechos, en el que fallecieron además otras tres personas, dos de origen norteamericano y una turista belga, y hubo una docena de heridos graves.
Los deudos de las víctimas no son parte del proceso penal como sucede en la Argentina, donde existe la figura de los querellantes que pueden presentar pruebas y solicitar medidas, entre otras facultades. No obstante, una comitiva de familiares de los rosarinos asesinados viajó nuevamente a Nueva York para participar de las audiencias, como también lo habían hecho en la primera parte.
Tiempo de definiciones
La defensa oficial de Saipov se juega desde este lunes su última carta para mantener con vida al inmigrante oriundo de Uzbekistán, país de Asia Central, quien tras afincarse en América del norte residía en la ciudad de Paterson en Nueva Jersey. Saipov permanece detenido desde el mismo día del atentado, ocurrido en la fiesta de Halloween, jornada que suele concentrar mayor cantidad de público en las calles y por eso fue elegida para llevar adelante el despliegue criminal.
Entre las personas que habían salido esa tarde a pasear estaban los rosarinos Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, amigos y ex compañeros del Instituto Politécnico Superior General San Martín, dependiente de la UNR. Habían viajado especialmente a Nueva York para celebrar su amistad y los 30 años de egresados. Fueron atropellados por Saipov, al mando de una camioneta alquilada horas antes, cuando circulaban por una ciclovía ubicada al sur de la isla de Manhattan. Tras la embestida, el uzbeko de entonces 29 años se bajó del vehículo y gritó “Allahu akbar”, lo que en árabe significa “Dios es grande”. Fue baleado y reducido por la policía, más tarde reveló que para cometer los crímenes se inspiró en videos del Estado Islámico que había visto en su celular.
Justamente el quid de la cuestión para la Fiscalía federal, representada por Jason Richman, es probar la vinculación del condenado con la organización ISIS, es decir que el acto fue terrorista. Si lo logra, Saipov quedará a un paso del patíbulo. “El punto crítico es la determinación de que estos homicidios intencionales constituyen un acto de terrorismo de estilo Isis, es decir no un ataque directo sino aquel en el que Isis usa un programa de radicalización de la violencia con sus fieles que están por el mundo y cometen un atentado que luego la organización valida”, había explicado a este diario el abogado argentino Juan Félix Marteau, que representa a familiares de Hernán Mendoza (su esposa Ana Evans y sus tres hijos).
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Apelación y cuestionamientos
Entre los 28 cargos a los que fue condenado el uzbeko Sayfullo Saipov a fines de enero por el mismo jurado popular, figura el delito de provisión material a una organización terrorista internacional designada. Se trata del artículo Nº 2339B del Código Penal norteamericano, que no tiene parangón en la legislación argentina. Si en esta etapa que ahora se inicia le aplican la pena capital, puede apelar la decisión, cuya naturaleza no solo cuestiona su abogado defensor David Patton sino organizaciones de derechos humanos. Estas voces critican que la ejecución aún esté disponible como sanción en 27 de los 50 estados del país del norte, donde actualmente suman 44 los prisioneros federales condenados a muerte.
