Andis anunció que elaborará una nueva propuesta para actualizar los criterios de evaluación de invalidez laboral
Foto: La Capital/Sebastián Suárez Meccia.
En abril se realizó un operativo de fiscalización de pensiones en Rosario.
Después de varios meses de conflicto por la revisión de las pensiones por discapacidad, el gobierno nacional dispuso este martes la derogación de la resolución 187/25. Así quedó sin efecto el nuevo régimen que había sido criticado por beneficiarios y organizaciones de servicios de asistencia, ya que el Poder Ejecutivo introducirá mejoras y correcciones.
La medida anunciada a través del Boletín Oficial implica un cambio de rumbo en la reforma del sistema de aportes no contributivos por invalidez laboral. La decisión estaba en carpeta desde fines de febrero, cuando las autoridades admitieron un error en el uso de conceptos como "idiota" o "imbécil" para definir la situación de las personas que cuentan con este ingreso o lo solicitan.
El director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, dio el primer paso para corregir la falla a través de la resolución 1.172/25. En esta instancia pierde vigencia la normativa dictada a mediados de enero, pero aún faltan otras medidas para actualizar el sistema de asistencia.
En los considerandos del texto, el gobierno admite que recibieron diversas "observaciones" sobre la fiscalización de las pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral. A partir de allí, los funcionarios detectaron "oportunidades de mejora en los criterios de evaluación contenidos en dicho baremo".
Según fuentes oficiales, las reformas proyectadas se enfocarán "especialmente en lo referido a la incorporación de referencias a normativas internacionales". Por otra parte, un informe de la Dirección Nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas recomendó elaborar una nueva propuesta para actualizar cuestiones técnicas y metodológicas del trámite.
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De momento, la Andis sólo derogó la resolución previa que contenía el baremo de la discordia entre personas con discapacidad y organizaciones afines. Por la misma vía le dio intervención a la Dirección de Asuntos Jurídicos para completar las modificaciones requeridas.
A principios de año, el gobierno inició la revisión del régimen de pensiones como una "lucha contra el malgasto de los recursos". Su objetivo es eliminar la arbitrariedad en el otorgamiento de las PNC parar que "cada peso invertido tenga un impacto real en la vida de los ciudadanos".
Los ajustes en la normativa se activaron dos semanas después de las protestas por las demoras en el tratamiento del proyecto de ley de emergencia en discapacidad. Andis criticó la iniciativa del Congreso a fines de abril porque "multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían".
De acuerdo al análisis del Poder Ejecutivo nacional, la declaración no plantea "soluciones sostenibles", ya que promueve masivamente la cobertura o el monto de las prestaciones sin indicar de dónde saldrá el dinero. "Quienes hoy impulsan esta supuesta emergencia son los mismos que durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizar las pensiones por invalidez para hacer política", plantearon las autoridades.
Desde la Andis recordaron que en 2003 había 80.000 PNC por invalidez laboral. Veinte años después, el total ascendía a 1.250.000 personas registradas, incluyendo algunas que no cumplían con requisitos médicos ni socioeconómicos. En esta instancia, el gobierno defendió el proceso de auditoría y advirtió que "frenar esta tarea con un proyecto inconsistente no resolvería los problemas: los agravaría".
El Concejo mantuvo los montos de las multas, pero eliminó la clausura ante la primera infracción y también redujo el castigo en caso de reincidencia.
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