Prestadores y familiares de beneficiarios de pensiones hicieron una movida en el centro de Rosario. Demandan el tratamiento urgente del proyecto en el Congreso de la Nación
Foto: La Capital/Virginia Benedetto.
El reclamo por las personas con discapacidad se hizo escuchar en el centro.
El camino hacia la sanción de la ley de declaración de emergencia en discapacidad llegó este martes a una instancia de protesta en Rosario por las demoras parlamentarias. "El sistema integral de prestaciones se está desintegrando", advirtieron desde una de las organizaciones que impulsó la manifestación en el centro.
El encuentro en el cruce del bulevar Oroño y Córdoba comenzó cerca de las 10 de la mañana con un reclamo a la Cámara de Diputados de la Nación en primer plano. El proyecto debía ser tratado este miércoles en la comisión de Presupuesto y Hacienda, pero la reunión se postergó debido al duelo por la muerte del Papa Francisco.
Por otra parte, se renovaron las críticas a las auditorías y cambios en el régimen de pensiones. "Ni imbécil ni idiota, persona con discapacidad", decía la enorme pancarta que exhibieron los manifestantes sobre la calle.
El proyecto presentado por el diputado nacional Daniel Arroyo ya obtuvo dictamen de dos comisiones en la Cámara baja. Si bien falta poco en el derrotero administrativo para que se trate en el recinto, quienes fueron a protestar al bulevar aseguran que la actualización de las prestaciones y los salarios no puede esperar más.
La presidenta de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis), Mariel Chapero, trazó un panorama preocupante frente a las demoras legislativas. " Es fundamental y urgente que pueda haber un acompañamiento a todo el sector", indicó.
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La representante de los prestadores subrayó que contrajeron "grandes deudas" debido al atraso en sus ingresos, ya que no recibieron aumentos en lo que va del año y también existe una brecha significativa en cuanto a los aranceles de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga. Esto genera "muchísima dificultad para sostener el servicio" y en algunos casos han llegado a dejar de brindarlo.
Además de este inconveniente, Chiapero puso en foco la cuestión del personal de los talleres protegidos, que tiene una carga laboral de 20 horas semanales. "Tienen un sueldo muy bajito, cobran 28 mil pesos por mes", indicó.
El mensaje de Apridis sobre la crisis también incluyó un párrafo sobre las auditorías de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). "Necesitamos que puedan ser realizadas en condiciones de dignidad humana, respetando diagnósticos y los tiempos que las personas necesitan para ser notificadas debidamente y conservar su pensión", manifestaron desde la asociación.
Chiapero concluyó que la política económica del gobierno está ahogando a los trabajadores del sector y también pone en jaque el cuidado de la salud. Así reclamó respuestas de "un Estado presente que pueda garantizar los derechos de su población".
En lo que respecta al trámite en el Congreso, el proyecto de la declaración de emergencia ya obtuvo dictamen de las comisiones de Salud y Discapacidad. El próximo paso es la reunión en el área de Presupuesto y Hacienda, pero el encuentro se postergó hasta la semana siguiente, después del duelo nacional por el fallecimiento del Papa.
