Tras la polémica la Agencia Nacional de Discapacidad realizó un comunicado oficial explicando su postura y prometió un cambio en los términos
Después de la polémica el gobierno dio marcha atrás con los términos utilizados sobre discapacidad
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), dependiente del Ministerio de Salud del gobierno de Javier Milei, dio de qué hablar cuando se difundieron los términos utilizados en el Boletín Oficial para legislar sobre personas con distintos grados de discapacidad. Categorías como "imbécil", "idiota" y débil mental generaron el repudio generalizado de la comunidad. Ante esto, la agencia compartió un comunicado oficial excusándose y prometieron los cambios pertinentes.
"Queremos aclarar que la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", expresaron desde la entidad.
Asimismo señalaron que "la resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5)".
Por otro lado, aclararon que esta corrección no modificará el nuevo baremo para la evaluación médica de invalidez destinada a otorgar Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral. En este sentido, expresaron su "compromiso con un sistema de evaluación justo, transparente y basado en criterios médicos y en un análisis integral de la situación socioeconómica de las personas, que garantice que las pensiones no contributivas por invalidez laboral sean otorgadas a quienes realmente las necesitan".
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Los términos que generaron polémica y rechazo se exhibieron en el Anexo de la Resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde se catalogan distintos "criterios médicos" para medir la invalidez laboral.
En un apartado del anexo, llamado "Retardos mentales", se establecen una serie de categorías para determinar diversos grados de discapacidades. En este sentido, se especificó que el término "idiota" refiere a la persona que "no atravesó la etapa glósica, no lee ni escribe, no conoce el dinero, no controla esfínteres, no atiende sus necesidades básicas, no pude subsistir solo"
A continuación, establecieron en la categoría de "imbécil" a "quien no lee ni escribe, atiende sus necesidades elementales, pueden realizar tareas rudimentarias". También los conceptos de débil mental profundo, moderado y débil aparecieron en el anexo.
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Desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad de Santa Fe (Apridis) comunicaron su repudio absoluto a la utilización de estas categorías y señalaron que "viola la Constitución Nacional y acuerdos internacionales contra la discriminación".
La presidente de Apridis, Mariel Chapero, en diálogo con La Capital señaló que las categorías como idiota o imbécil son términos definidos en el siglo XIX por la psiquiatría de ese entonces y que deberían estar "absolutamente superados ya que ni siquiera figuran en los manuales de enfermedades".
"De todos modos, si bien la cuestión simbólica es gravísima, no deja de ser tan grave como la política de ajuste que se viene sosteniendo hacia las personas con discapacidad, colectivo históricamente vulnerable", sostuvo.
Desde Apridis, aseguran que se está realizando una auditoría masiva que tiene por objetivo el recorte de pensiones y de prestaciones del sistema integral de atención para personas con discapacidad.
Como explica Chapero, lo grave de esta situación es que "las personas que no puedan calificar para un retraso mental profundo no van a ser consideradas para la pensión y esa pensión, que en muchos casos se trata de infancias y adolescencias, les implica una gran pérdida de una asignación que les permite solventar algunos gastos relacionados a sus discapacidades".
Al mismo tiempo hay un dato que no puede pasar desapercibido: las personas con discapacidades que se incluyen dentro de las pensiones no contributivas reciben sólo 190 mil pesos.
Al mismo tiempo, tener la pensión garantiza la afiliación instantánea al Programa Federal Incluir Salud. Este programa resulta esencial para garantizar los derechos básicos de salud.
