Apenas la mitad de los beneficiarios de pensiones no contributivas por discapacidad laboral concurre la auditoría convocada por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andi). Según advirtieron desde la Defensoría del Pueblo, de acuerdo a cómo se planificaron los controles, unas 900 personas deberían presentarse a diario con los informes médicos autorizados, pero la asistencia es mucho menor. Desde la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad advierten que cinco de cada diez personas no fueron notificadas de la auditoria y podrían perder la pensión.
En Rosario, el operativo de fiscalización comenzó el 14 de abril pasado, en la semana de feriados por Pascuas. A los beneficiarios de pensiones no contributivas se les otorgó un turno, mediante carta documento, para asistir al Hospital Italiano donde los auditores reciben los informes médicos de los beneficiarios y constatan la validez de las evaluaciones y el cumplimiento de los requisitos del beneficio.
No obstante, de acuerdo a información de la Defensoría del Pueblo de la provincia, apenas se completaron la mitad de los trámites. Según explicó el defensor Gabriel Savino, el operativo de fiscalización tiene a 17 mil personas empadronadas, por lo cual se otorgaron 900 turnos diarios. Pero la concurrencia es mucho menor.
Y la falta de asistencia no es exclusiva de Rosario, en otras localidades de la provincia se verifica lo mismo, por ejemplo en Rafaela, Reconquista o Venado, Tuerto, durante las primera semana de la auditoría, apenas el 20 % de las personas había cumplido con los turnos.
Según destacó el funcionario, las auditorías no tuvieron planificación adecuada ni comunicación efectiva, lo que pone en riesgo "la continuidad de haberes fundamentales para personas en situación de extrema vulnerabilidad". Con esos argumentos están reclamando que se prorroguen los plazos del operativo, previstos en principio por tres meses.
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No fueron convocados
"La mitad de las personas no asiste a las auditorías porque no fueron convocadas", explica Luciano Urrutia, vice presidente de la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) y miembro del directorio de La Casa del Sol Naciente.
Cuando comenzaron las citaciones, mediante carta documento, las instituciones que forman parte de Apridis comprobaron que, de acuerdo al registro de las instituciones, existía un alto porcentaje de beneficiarios de pensiones sociales por discapacidad laboral que no habían recibido la comunicación de las auditorías.
Por eso, considera Urrutia, "la escasa asistencia de los beneficiarios viene a confirmar esta sospecha previa, la gente no concurre porque no sabe que tiene que hacerlo". Y apunta que la falta de comunicación no es casual, sino que "va directamente vinculada con el discurso del Poder Ejecutivo en el cual se sostiene que las pensiones fueron mal otorgadas, reafirma eso, y además son una excusa para recortar beneficios".
Desde Apridis, aclara, no se impugna la auditoría, sino la metodología utilizada para llevarla a cabo, con un total desconocimiento de la situación de los titulares de este beneficio, lo que crea sospechas. "Atando cabos, por un lado, desde presidencia se argumenta que las pensiones por discapacidad laboral fueron mal implementadas y otorgadas en forma ilegal, por otro lado se omite notificar de la auditoría a la mitad de las personas. Entonces podemos pensar que el objetivo no es auditar a los usuarios, sino que es llevar a cabo un operativo cruel que justifique el recorte", apunta.
Más de una vez, la asociación reclamó información sobre el padrón de beneficios a auditar. Sin embargo, "en ningún momento tuvimos respuestas", recuerda y destaca que de por sí "resulta imposible" que por el dispositivo montado para desarrollar la auditoría reciba a 900 personas por día.
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Qué hacer si no se recibió el turno
Desde las entidades relacionadas con la problemática de la discapacidad advierten que todas las personas mayores de edad que reciben una pensión no contributiva por discapacidad laboral tienen que participar de la auditoría, aun si no recibieron la carta documento con el turno asignado.
En este caso, recomiendan, que los beneficiarios, familiares o cuidadores se acerquen a las oficinas de la Superintendencia de Servicios de Salud (Mendoza 1035) a consultar sobre su situación ya que es probable que tengan un día y horario asignado para presentarse en el Hospital Italiano.
Estas instituciones están trabajando para que todas las personas puedan defender el derecho a pensión. Por eso, solicitan que se aplace la auditoría, que quienes no recibieron notificación sean atendidos y, por último, están reuniendo información sobre vulneraciones de derechos, en el caso en que sea necesario iniciar una acción legal.
Las pensiones no contributivas son una herramienta establecida por ley para acompañar a poblaciones vulnerables. Hay cuatro tipo de beneficios: por discapacidad laboral, para madres de siete o más hijos, para adultos mayores y las llamadas pensiones graciables que entrega el Congreso. Según datos oficiales existen en el país 1,5 millones de beneficiarios, de los cuales un millón son personas discapacitadas.
Según advierten desde Apradis, en el último año no se otorgaron estos beneficios, por lo cual a nivel nacional hay unas 500 mil personas que tienen toda la documentación y están tramitando la pensión pero no tiene respuesta. Lo más preocupante es que esto no sólo les garantiza un ingreso económico, de unos 200 mil pesos mensuales, sino permite a personas que no tienen cobertura de salud acceder al sistema de prestaciones médicas de acuerdo a su necesidad.
