El gobierno nacional impulsará una ley contra el consumo de prostitución

El gobierno nacional impulsará el año próximo una ley que sancione al cliente de un prostíbulo, según anticipó ayer el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Julio Alak.

En este sentido, Alak aseguró que "en 2014 estará listo el marco legal para ir contra el cliente de la trata de personas, que es la pata principal de un delito que expresa el retorno a la esclavitud y el único negocio en donde el cliente nunca tiene la razón".

La cartera de Justicia distribuyó el jueves un informe estadístico que indica que desde la sanción en 2008 de la ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas se rescataron 5.884 personas tras 2.745 allanamientos. Alak destacó que para el gobierno nacional esos son resultados de "una lucha sistemática contra el tercer delito en importancia a escala global".

El informe reveló también que más de 1.560 víctimas de este delito fueron rescatadas durante los primeros diez meses de 2013.

Según Alak, "el avance normativo dado en Argentina en la materia se renovará y profundizará el año entrante con la sanción definitiva de la ley que penaliza al cliente, porque como decía Cervantes los delitos siempre tienen en la espalda un castigo".

Alak sostuvo que "la trata es el tercer delito en importancia a escala global" y que la lucha contra este flagelo "se convirtió en una política de Estado de primer orden en el país que ya tiene alcance regional en el marco de un proceso de integración cada vez más vigoroso con los gobiernos hermanos de Sudamérica".

En este sentido, el área de Delitos y Sumarios de la Policía Metropolitana llevó a cabo esta semana una investigación que derivó en 57 allanamientos en prostíbulos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Durante los procedimientos, en los que se detuvo a 25 personas, se rescataron a 96 mujeres obligadas a prostituirse y se secuestró gran cantidad de documentación, celulares, credenciales falsificadas, armas y dinero en efectivo.

La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima vinculada a una casa de citas ubicada en Lima 1035, de la ciudad de Buenos Aires, donde según el denunciante se estarían produciendo situaciones de trata de personas. Por este motivo tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 a cargo de Ariel Lijo, quien ordenó a la Policía Metropolitana realizar tareas investigativas para determinar la veracidad del delito que se estaría cometiendo.

Las brigadas del área de Delitos y Sumarios comenzaron a realizar diferentes tareas que consistieron en discretas vigilancias y vistas fotográficas sobre el lugar denunciado determinando que en principio funcionaba de manera encubierta un prostíbulo. Una vez que la Justicia Federal tomó conocimiento, ordenó intervenir las líneas telefónica allí instaladas.

Luego, realizando un entrecruzamiento de datos, algunos obtenidos en las escuchas, los investigadores determinaron que el prostíbulo ubicado en Lima 1035 estaba vinculado con otros domicilios de la ciudad y también en el partido de San Miguel, provincia de Buenos Aires. Muchos de esos domicilios también funcionaban como prostíbulos.

Por este motivo, al igual que con el domicilio anterior, el juzgado ordenó intervenir todas las líneas telefónicas que estarían involucradas. A raíz de estas escuchas, se pudo determinar, en principio, que los prostíbulos eran regenteados por una organización con niveles jerárquicos bien delineados, que tenía un centro de operaciones en un domicilio ubicado en la calle Tribulato, en el partido de San Miguel, en el que vivía Silvia, la líder de la organización. En ese lugar se preparaba el alimento para las mujeres y se les tramitaban las radicaciones a las que eran extranjeras. Una vez que se detectó la organización, las brigadas profundizaron en algunos datos de la investigación obtenidos tanto de las escuchas como tareas de seguimiento, vistas fotográficas y charlas con los vecinos de los domicilios identificados y pudieron determinar que este grupo delictivo regenteaba mujeres para prostituirlas.

Todas las pruebas fueron presentadas ante la Justicia Federal que ordenó allanar más de 17 domicilios implicados entre los que había nueve prostíbulos y casas particulares de los integrantes de la banda. En este caso los allanamientos se realizaron en el partido de San Miguel y la ciudad de Buenos Aires donde se rescataron 36 mujeres y se detuvo a otras nueve personas. Además, se encontró material vinculante entre la organización delictiva y la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), una asociación creada para darle un marco de legalidad a la prostitución.

Sobre la base del análisis de la información recabada en los procedimientos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 4 a cargo de Ariel Lijo, ordenó profundizar una serie de tareas investigativas, ya que a partir de algunos documentos se comprobó una conexión con otra parte de la banda que regenteaba otros 40 prostíbulos.

Privadas de voluntad. Esta organización, si bien no las tenía privadas de la libertad físicamente, las privaba de su voluntad con maniobras económicas; es decir que si no trabajaban toda la semana, no les abonaban el dinero pactado. Por otro lado, cuando una de las víctimas intentaba plantear un problema, era trasladada a otro prostíbulo y les retenían la documentación que ellos mismo le gestionaban ilegalmente para radicarlas.

Recabadas las pruebas necesarias, el juzgado interveniente ordenó el allanamiento de los 40 domicilios identificados. En la ciudad de Buenos Aires la mayoría de los lugares allanados se encontraban en radio comprendido entre las calles Esmeralda, avenida Belgrano, avenida Santa Fe y avenida Callao; en la provincia de Buenos Aires los procedimientos se llevaron a cabo en las localidades de Paso del Rey, Maquinista Savio y San Miguel. Durante los procedimientos, en los que también participó la Prefectura Naval Argentina, se rescataron 60 mujeres de la trata y se detuvo a otras 16 personas.

El Area de Violencia de Género de la Policía Metropolitana realizó el traslado y la contención de las 96 mujeres rescatadas que se entrevistaron con el equipo interdisciplinario. Los 25 detenidos fueron alojados en la U-29 del servicio Penitenciario Federal, donde quedaron incomunicados a disposición del secretario Juan Tomás Rodríguez Ponte y el juez Ariel Lijo, quien luego de tomarles declaración indagatoria dictó la prisión preventiva a los siete cabecillas de la organización y determinó el procesamiento de todos los detenidos.