El gobierno de Nicaragua disolvió otras 25 ONG y suman 3.500 en cinco años

El gobierno de Nicaragua canceló este lunes la personalidad jurídica de 25 organizaciones no gubernamentales y confiscó los bienes de 12 de ellas, con lo que suman unas 3.500 cerradas desde las protestas de 2018 contra el presidente Daniel Ortega.

En una resolución, el Ministerio de Gobernación (Interior) dijo que 12 ONG deberán cerrar porque “han incumplido sus obligaciones” de ley al no reportar sus finanzas, y sus bienes pasarán a manos del Estado, según el diario oficial La Gaceta.

El gobierno también canceló la personalidad jurídica y registro de otras 13 organizaciones que solicitaron la “disolución voluntaria”, en algunos casos por haber concluido sus proyectos y en otros por dificultades económicas o falta de fondos. Sus bienes nos fueron incautados.

En la lista de las 12 ONG cuyos bienes sí fueron confiscados figuran organismos religiosos católicos y protestantes, así como otros de atención a población como una asociación de mujeres discapacitadas, según la resolución oficial.

Nicaragua endureció las leyes sobre las ONG tras las protestas de 2018, que en tres meses de bloqueos de calles y choques entre opositores y oficialistas dejaron más de 300 muertos, según la ONU.

Entre los miles de organismos clausurados hay varios ligados a la Iglesia católica, como la orden de los Frailes Menores Franciscanos en octubre y la Compañía de Jesús en agosto, tras confiscar la universidad jesuita de Managua bajo acusaciones de “terrorismo”, así como una residencia para sacerdotes aledaña al campus.

La relación entre la Iglesia católica y el gobierno se deterioró en medio de las protestas. Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países denunciaron una violenta represión contra opositores.

Varios religiosos se vieron obligados a abandonar el país y 12 sacerdotes fueron enviados a Roma la semana pasada tras su excarcelación. Pero queda aún en prisión el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico de Ortega, condenado en febrero a más de 26 años bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato.

Miles de nicaragüenses se exiliaron, mientras que un total de 222 opositores presos fueron expulsados del país en febrero pasado y privados de su nacionalidad nicaragüense y de sus derechos ciudadanos a perpetuidad.