Santiago: guardias armados impiden una inspección de la Afip por trabajo esclavo

El delegado del Ministerio de Trabajo en Santiago del Estero, Alejandro Ducca, presentó una denuncia penal ante la justicia federal por explotación a centenares de peones rurales estacionales y aseguró que guardias armados impidieron que el lugar fuera inspeccionado por la cartera laboral y por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
  El lugar denunciado es la explotación agraria en el campo Las Corzuelas, de unas 9 mil hectáreas, cerca de Tintina, unos 200 kilometros al noreste de la capital de Santiago del Estero.
  Ducca informó que junto con el responsable de la Afip en la provincia norteña, Ricardo Dib, y la jefa regional de ese organismo, Sara Leguizamón, más inspectores de la cartera laboral, se presentaron en el campo pero guardias armados a bordo de una camioneta les cerraron el paso y debieron retirarse.
  El funcionario fue informado de la situación por dos peones que se escaparon del campo, Elías Barrazán y Juan Manuel Larrea, quienes contaron al funcionario que entre 500 y 600 trabajadores, muchos de ellos con sus familias (mujer e hijos chicos), estaban en el campo desde abril, adonde habían llegado desde distintos puntos de Santiago del Estero.
  “Dormían y comían en el suelo, sin la mínima protección contra el clima o animales. Los alimentos eran vendidos por los empleadores a precios exhorbitantes, una bolsa de harina que cuesta 25 pesos se las cobraban 100 pesos; les daban dos kilos de carne cada cuatro días y como no tenían ninguna forma de conservación, se pudría”, detalla el escrito enviado al juez federal.
  A los peones, contratados para desmontar el campo y luego proceder a la siembra de soja, y en menor medida maíz y sorgo, les vendían las herramientas de trabajo –palas, hachas y machetes– a mucho mayor precio de lo que corresponde, según denunciaron.
  Ducca presentó pruebas documentales y fotos que acompañan la denuncia: “Los peones se encuentran en estado de abandono, hacinados en carpas construidas de manera improvisada, calzadas en troncos y con techos de plásticos o lonas, precarias”, precisó.
  “El abastecimiento de agua es esporádico y no es apta para consumo humano. Los obreros duermen en colchones en pésimo estado, en el suelo, expuestos a picaduras de animales venenosos, rodeados por monte y malezas. Se autoabastecen de alimentos y los cocinan a fuego de leña, y están en permanente contacto con bidones de plaguicida a los que usan para sentarse”, añadió.
  También denunció que “no se respeta la normativa que garantiza condiciones mínimas de seguridad e higiene”, ya que carecen de baños, duchas o letrinas, y el desmonte (principal motivo para contratarlos) lo hacen “descalzos y sin guantes”.
  La intención de los inspectores era examinar la situación de los peones rurales en Las Corzuelas, según la denuncia que habían recibido, pero tras recorrer 18 kilómetros desde la ruta provincial 5 una tranquera los obligó a caminar 12 kilómetros, hasta que se toparon con las llamadas “guardias blancas”, quienes con escopetas en la mano los intimaron a retirarse.
  Las “guardias blancas”, según denuncias en distintas causas judiciales, están integradas por personas armadas que se desplazan en modernas camionetas, y son contratadas por los empresarios de vastas zonas de Santiago del Estero.
  Ante esa situación, los funcionarios presentaron la denuncia penal ante el juzgado federal, y pidieron la intervención de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, entre otras medidas para esclarecer la situación de explotación a la que eran sometidos centenares de trabajadores.

Escape. Los muchachos que lograron escapar la noche del jueves 11 de mayo debieron caminar en el barro, dentro del monte y sin caminos, para no ser encontrados por los guardias.
   Ya en Tintina, uno de ellos se contactó con su hermana, quien vive en la capital santiagueña. Ella se dirigió a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) y luego a la Dirección de Trabajo.
  Por último, recurrieron a la Gerencia de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, con sede en Santiago. Inmediatamente dieron la siguiente respuesta de organizar todos los recursos para hacer un viaje de inspección, en conjunto con funcionarios de la Afip.
  Ahora, la Gerencia de Empleo indicó que “se elevó una denuncia penal en el juzgado federal, para allanar el lugar con una orden del juez”. l (Télam)

Brasil: cerca de 20 mil explotados

Cerca de 20 mil brasileños trabajan hoy en condiciones semejantes a la esclavitud y para ellos el Ministerio Público del Trabajo (MPT) presentó una campaña nacional de combate a ese tipo de práctica.
  Destinada a promover la educación y concientización del empleador, del trabajador y de la sociedad, la campaña lleva por título ¿Cuál es el trabajo esclavo contemporáneo?
  En la presentación del plan, la coordinadora nacional para la erradicación del trabajo esclavo del MPT, Débora Tito Farias, respondió que muchas personas piensan que ese tipo de afrenta a la dignidad humana sólo se halla en el campo, sin embargo, investigaciones actuales revelan que esa irregularidad migró hacia el área urbana.
  Por ello, indicó, uno de los spots de radio y televisivos de la campaña alerta que condiciones análogas a la esclavitud están también en las industrias de la confección textil y en la construcción civil.
  Recordó que la legislación brasileña sobre el tema cambió en 2003 y ahora el trabajo esclavo no sólo tiene que incluir la privación de la libertad, como ocurre en la zona rural, sino además cuando las presiones son psicológicas o morales.
  Por su parte, el procurador general del Trabajo, Octavio Brito, sostuvo que ese tipo de práctica laboral no está distante, pues puede estar incluso representada en productos que consumimos o usamos diariamente, los cuales son elaborados en empresas que no respetan los derechos de los trabajadores.
  Con la campaña, el MPT pretende ofrecer capacitación y resocializar a esos trabajadores que sufren de esas condiciones semejantes a la esclavitud para que no reincidan.
  “Cuando sacamos a una persona de esa situación de trabajo y no le damos una alternativa de calificación no estamos ayudando, estamos engañando”, subrayó Brito y agregó que las alianzas para la capacitación de esos brasileños son firmadas entre las administraciones estaduales y locales, de acuerdo con las necesidades regionales.