El bombardeo de una ciudad por fuerzas armadas del propio país es una acción con pocos antecedentes en la historia mundial. El del 16 de junio de 1955 tuvo esa singularidad. Pasado el mediodía de ese jueves, un coro de truenos comenzó a ser audible. Desde el cielo emergía una bandada de aviones en vuelo hacia la plaza de Mayo. Exactamente a las 12:40 estalló la primera bomba sobre la Casa de Gobierno.
Los días previos fueron vidriosos. En el marco del enfrentamiento de la Iglesia con el gobierno peronista, la procesión de Corpus Christi del 11 de junio mutó en una virulenta manifestación. Concluiría con la quema de una bandera argentina arriada de un mástil y su remplazo por la del Vaticano. La respuesta oficial fue organizar para el día 16 un acto de desagravio, en cuyo transcurso una escuadra de la Aeronáutica sobrevolaría la Catedral. Tal detalle hizo que el contralmirante Samuel Toranzo Calderón, jefe de los complotados contra Perón, adelantara su plan de operaciones: destruir con un ataque aéreo la Casa de Gobierno, con el objetivo de eliminar al general.
El putsch se gestó en las entrañas de la Marina. Hasta el representante de esa fuerza en el gabinete, contralmirante Aníbal Olivieri, era parte de la conspiración. Aquella vez, el Ejército se mantuvo leal al gobierno. Pero los generales Eduardo Lonardi y Pedro Eugenio Aramburu no eran ajenos al asunto. El comandante de la III Brigada con asiento en Paraná, general Justo Bengoa, se plegó a la conjura a último momento, junto con el integrante del Estado Mayor General del Ejército, coronel Eduardo Señorans. También a último momento, el vicealmirante Benjamín Gargiulo, al mando del Batallón IV de Infantería de Marina, se sumó al complot. A media mañana del 16 de junio, avanzaría con sus tropas hacia la plaza de Mayo. Tenía la misión de tomar la Casa de Gobierno tras el ataque aéreo. En ese mismo instante, Perón estaba en el Ministerio de Guerra; se había refugiado allí por consejo de su titular, el general Franklin Lucero.
Luego del primer bombazo sobre la Casa de Gobierno, un avión Beechcraft hizo blanco en un trolebús repleto de pasajeros; no hubo sobrevivientes. La escuadra agresora —compuesta por otros cinco aparatos de ese tipo, 20 naves North American y tres hidroaviones Catalina de la aviación naval, junto a diez cazas Gloster Meteor de la Aeronáutica— repartieron puntería entre ese edificio, la plaza y sus alrededores: el Ministerio de Hacienda, la sede de la CGT y una boca del subte. Más de 100 bombas sobre la gente que corría sin rumbo entre lenguas de fuego, bajo el tableteo de las ametralladoras. Trece toneladas de trotyl y miles de balas calibre 7,62 fue el gasto de la jornada. Quedarían allí 308 muertos y 700 heridos.
El plan criminal de los sublevados desembocó en una tragedia histórica. Su propósito: imponer el terror; golpear en forma feroz e indiscriminada con un escarmiento sobre el conjunto del cuerpo social. Por eso se eligió como blanco un escenario simbólico de la movilización popular. Era el anticipo de un genocidio; la semilla que habría de alentar la escalada criminal que culminó en 1976 con el secuestro, la tortura y el asesinato de miles de personas. Algunos de sus hacedores son la prueba palmaria de ello.
El 15 de junio de 1955, los jóvenes pilotos navales fueron a dormir sabiendo que al día siguiente rociarían bombas sobre plaza de Mayo. Ello al teniente Rivero Kelly, de 23 años, no le quitó el sueño. Rivero Kelly cometería luego delitos de lesa humanidad como jefe de la Base Almirante Zar, de Trelew, y en el norte de Chubut. Ninguno de los que bombardearon la plaza de Mayo rindió cuentas ante la Justicia. Si los criminales de 1955 hubieran sido castigados, quizás no hubiese existido el 24 de marzo de 1976.
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