Por Nicolás Maggi
A pesar de funcionar en la clandestinidad y sufrir incautaciones, Uber tiene cada vez más coches en Rosario y los taxistas pusieron el grito en el cielo con distintas acciones. Hoy es sencillo conseguir viajes en esa app que, fiel a la política de dumping que aplica en todos los lugares donde desembarca para quedarse con el mercado y luego imponer precios más caros, todavía tiene tarifas más económicas que las de los taxis y las de su competidora Cabify.
Es cierto que el municipio ha acarreado coches ilegales y les ha impuesto multas altísimas, pero no ha sido suficiente. Desde 2021 rige en Rosario un endurecimiento de las sanciones económicas de 1.300 a 3.800 UF para rodados que usan aplicaciones que levantan pasajeros sin contar con habilitación. Cada unidad fija (UF) corresponde a un litro de nafta súper de YPF que hoy se encuentra en 287,80 pesos. El piso de la sanción municipal parte en 374.140 pesos y puede llegar hasta los 1.093.640 pesos.
Pero la empresa multinacional juega fuerte para conseguir choferes que corren el riesgo de trabajar para ella. Lo dicen los propios conductores: Uber les cubre las primeras dos veces que le llevan el auto al corralón. Entre ellos, hay una fuerte presencia de extranjeros, especialmente de Haití y Venezuela. También efectivos de la policía en busca de un ingreso extra. Y mes a mes se multiplica silenciosamente la oferta.
En este marco, los taxistas encabezaron este martes una conferencia de prensa en la que manifestaron que hay una gran cantidad de autos con aplicaciones ilegales que les están sacando el trabajo, lanzaron una serie de acciones como volanteadas en esquinas importantes del centro, y anunciaron una marcha hasta la Municipalidad.
"Se autoconvocaron distintas agrupaciones que están viendo cómo caen las fuentes de trabajo porque la rentabilidad es cada vez menor producto de una tarifa desfasada, y con viajes que se pierden por la situación económica y por la actividad de aplicaciones ilegales. Le entregamos a la sociedad un volante en el que mostramos la diferencia que hay entre Uber y el transporte monopolizado por el Estado, que es el taxi y el remís", explicó Marcelo Díaz, referente de la Cámara de Titulares de Licencias de Taxis de Rosario (Catiltar).
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Entre ese contraste, mencionaron que los taxis tienen seguro, el conductor está registrado, está monitoreado por la Municipalidad y debe cumplir con la inspección técnica debida, y utilizan la aplicación Movi Taxi. Los de Uber, en cambio, "no están controlados ni monitoreados por el municipio, no tienen inspección técnica correspondiente y no se sabe quién trabaja. No sabemos si es un delincuente, un violador o un drogadicto el que maneja", disparó Díaz.
Este miércoles piensan repetir la volanteada en arterias importantes, y el jueves, a las 10 de la mañana, van a marchar directamente al municipio para visualizar "el reclamo y la bronca que tiene la familia taxista por la escasez de operativos que se realizan. Aunque existe una muy buena voluntad de la Secretaría de Fiscalización, con esto no alcanza", agregó el referente.
Según las cifras que les informó la Municipalidad, durante el mes de octubre se han incautado 12 Uber en los controles, y hay un promedio de entre 8 y 10 por mes. "Esto contrasta con la ciudad de Córdoba, por ejemplo, donde se atrapan entre 15 y 20 Uber por día y lo dan a conocer a través de una página oficial del municipio. Allí se trabaja mancomunadamente con el gremio y hay una decisión política firme del Ejecutivo con los hechos. Exigimos lo mismo", lamentó.
El dirigente de Catilrar reveló que funcionarios cordobeses les contaron que están trabajando con grupos de inspectores que se especializan en hacer operativos contra las aplicaciones ilegales, con tres turnos diarios las 24 horas. "Hace falta que la Intendencia le dé herramientas a la Secretaría de Fiscalización para que actúe. Nos hemos enterado que han agredido a inspectores municipales en los operativos. Necesitan un resguardo del Estado y que les den las herramientas para hacer los operativos de forma segura", detalló.
"Esta gente violenta que ataca inspectores en los operativos es la misma que lleva después a tu hijo, a tu hermana o a tu madre arriba del auto, solo por una cuestión de querer pagar un poco más barato. Como hemos visto en otras partes del mundo y también en Buenos Aires, es algo que solo sucede al principio. Cuando cautivan al sector lo quiebran, y terminan cobrando una tarifa dinámica a oferta y demanda" describió.
Por último, dijo que "hay que defender el producto local, porque toda la plata que recauda Uber se va a los paraísos fiscales, siendo que la de los taxistas se tributa en la Argentina". Y agregó que observan que "muchos de los Uber que están incautando son choferes, no son dueños de los autos. Quiere decir que encima ahí se nota más la precariedad laboral, porque esos conductores cobran menos y están precarizados".
El hombre fue imputado por tentativa de femicidio, abuso sexual y amenazas. La hija de ambos, de 13 años, intervino para frenar el ataque y llamó al 911. La Justicia le dictó 180 días de prisión preventiva.
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