La Confederación General del Trabajo (CGT) anunció este viernes una movilización al Congreso para el próximo miércoles, día en que el Senado debatirá la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional. La central obrera resolvió avanzar con una protesta masiva, pero descartó —al menos por ahora— la convocatoria a un paro general, tal como reclamaban los sectores más duros del sindicalismo.
El integrante del triunvirato de conducción, Jorge Sola, afirmó en conferencia de prensa que la iniciativa oficial “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores” y confirmó que la movilización será “multitudinaria y contundente”. La concentración está prevista para las 15 en la plaza del Congreso.
Sola sostuvo además que la resolución del conflicto es “política” antes que gremial y trasladó la responsabilidad del futuro de la reforma a los legisladores que deberán tratarla. “Van a tener que dejar en claro si defienden o no los intereses de los trabajadores”, señaló el dirigente, que también encabeza el sindicato del Seguro.
En ese marco, detalló que la CGT expuso sus objeciones al proyecto ante “más de 16 gobernadores, 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de representantes del sector pyme. Al mismo tiempo, dejó abierta la posibilidad de recurrir a un paro general más adelante, al considerar que se trata de “una batalla larga”.
Las definiciones surgieron tras una reunión del Consejo Directivo de la CGT, donde volvió a evidenciarse la tensión interna entre los sectores más confrontativos y los más dialoguistas. Finalmente, se impuso la postura de quienes consideran que aún no es el momento de convocar a un cuarto paro general contra la gestión de Javier Milei.
Entre los argumentos que pesaron en esa decisión, estuvo el antecedente del paro de abril del año pasado, cuando la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no se sumó a la medida y le restó impacto. Además, este sector apuesta a introducir modificaciones al proyecto a medida que avance su tratamiento en ambas cámaras y, de ese modo, atenuar su alcance.
Diferencias por gremios
En la vereda opuesta, gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) venían reclamando una huelga y ya se movilizaron por su cuenta junto a las dos CTA el jueves pasado en Córdoba. Volverán a hacerlo este martes en Rosario. De todos modos, el Consejo Directivo resolvió que cada sindicato quede facultado para disponer ceses de actividades, aunque sean parciales, con el objetivo de facilitar la participación de los trabajadores en la movilización.
En ese sentido, la UOM confirmó un paro para el miércoles a partir de las 10, justamente para permitir que sus afiliados concurran a la protesta frente al Congreso.
El Frente de Sindicatos Unidos en Rosario ya anunció que realizarán una jornada nacional de protesta contra la reforma laboral. La movilización se llevará a cabo este martes 10, al mediodía, en la plaza San Martín. Participarán, entre otros, la CTA Autónoma, ATE Rosario, el sindicato de Aceiteros, la UOM, gremios portuarios, Fenat y organizaciones sociales.
La ofensiva sindical contra la reforma tuvo otro capítulo el miércoles pasado, cuando más de 35 gremios industriales rechazaron el proyecto oficial. Los sindicatos nucleados en la Coordinadora de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA) se reunieron en la sede porteña de Smata y advirtieron que la iniciativa cambia las reglas “para que pierdan los trabajadores”.
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Durante el encuentro, coincidieron en que la reforma tendría un fuerte impacto sobre los derechos laborales, el rol de las organizaciones sindicales y el sistema de salud. Además, denunciaron que el proyecto busca “debilitar a las asociaciones sindicales y reforzar el poder empresario” y que algunas de sus disposiciones “son contrarias a la Constitución”. También cuestionaron los artículos que, según señalaron, intentan limitar el derecho de huelga y quitarle a los trabajadores una herramienta central de presión.
En paralelo al conflicto por la reforma laboral, la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) abrió un escenario de desconfianza en torno a la futura medición de la inflación. Frente al temor de una eventual intervención o condicionamiento político sobre las estadísticas oficiales, la CGT anunció que avanza en la elaboración de un índice propio de precios al consumidor.