El escenario económico actual se ve atravesado por un proyecto de reforma laboral que, bajo el lema de la “modernización”, plantea una reconfiguración estructural de los derechos históricos de los trabajadores. Según se desprende del reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), la hoja de ruta oficial no solo busca flexibilizar las condiciones de contratación, sino que promueve una pérdida sustancial de derechos consagrados en la ley de contrato de trabajo, afectando la estabilidad, el salario y la capacidad de organización colectiva.
La reforma propuesta no es una simple actualización de normas, sino un cambio de paradigma que busca desconectar la seguridad social del mundo del empleo, advierten desde el Cepa. Al promover el “colaboracionismo” y el encubrimiento vía tercerización, se amenaza con desmantelar la relación de dependencia tal como se conoce, impulsando un modelo de crecimiento sin empleo formal que ya ha demostrado sus límites en otros países de la región. El costo económico de estas medidas, estimado en un 1,5% del PBI en términos de recursos cedidos al capital, recaerá principalmente sobre las espaldas de los trabajadores y el sistema de seguridad social.
Uno de los puntos más críticos de esta iniciativa es la individualización de las condiciones laborales, lo que debilita la posición del trabajador frente al empleador. El proyecto contempla el fraccionamiento de las vacaciones como un acuerdo individual, eliminando la protección colectiva sobre los períodos de descanso. A esto se suma la instauración de la jornada extendida y el banco de horas, lo que en la práctica representa el fin del pago de horas extra, permitiendo que las empresas compensen la mayor carga horaria en momentos de alta demanda con francos en períodos de baja actividad, sin el debido reconocimiento salarial por el esfuerzo adicional, detalla el informe.
La reforma también avanza sobre la integridad del ingreso en situaciones de vulnerabilidad. Se propone una reducción del salario post accidente o enfermedad, castigando económicamente al trabajador que no puede cumplir sus funciones por razones de salud. En la misma línea, el cálculo de las indemnizaciones sufre un recorte drástico; se busca la licuación de la indemnización por despido mediante la exclusión de diversos componentes salariales que hoy son computables. Esto incluye la eliminación de gratificaciones, premios y participaciones en las utilidades de la base de cálculo, lo que en sectores como el transporte o la industria indumentaria puede representar una pérdida de entre el 40% y el 46% del monto indemnizatorio.
Proyecto: el laboratorio de la desregulación
El sector de los trabajadores de plataformas se presenta como el laboratorio de esta desregulación. El proyecto determina la exclusión explícita de estos trabajadores de las protecciones laborales, destacaron desde Cepa, en un contexto donde el empleo en aplicaciones como Rappi o Uber funciona como un amortiguador del deterioro del empleo formal.
La realidad de este sector ya es alarmante: en septiembre de 2025, un repartidor necesitó efectuar 461 pedidos mensuales —unos 15 diarios— solo para alcanzar la Canasta Básica Total. La reforma no solo ignora esta precariedad, sino que valida la “dictadura del algoritmo”, donde las tarifas y la carga de trabajo dependen de variables externas y ajustes unilaterales de las empresas, eliminando cualquier previsión económica para el trabajador.
En términos de acción gremial, la reforma impulsa una restricción sustantiva del derecho de huelga. Mediante la ampliación de los listados de “servicios esenciales” y “actividades de importancia trascendental”, el gobierno pretende elevar los umbrales de cobertura mínima al 75% y 50%, respectivamente. Esta medida alcanza a sectores tan diversos como la educación, el transporte, la industria alimenticia, bancarios y hasta la recolección de residuos, lo que en la práctica significa que el 55% de la fuerza laboral argentina vería limitado su derecho constitucional a la protesta. “Este debilitamiento de la estructura sindical se complementa con el desfinanciamiento de las organizaciones y el ataque a la ultraactividad de los convenios colectivos”, indicaron desde el Cepa.
Transferencia de recursos
Desde una perspectiva macroeconómica, el informe advierte sobre una trasferencia millonaria de recursos desde el trabajo hacia el capital. La reducción generalizada de las contribuciones patronales y el aporte a las obras sociales sindicales (que bajaría del 6% al 5%) implica un ahorro para las empresas de aproximadamente u$s 679 millones anuales, lo que impactará directamente en la calidad del sistema de salud laboral.
Además, se planta la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que se financiaría con recursos sustraídos al sistema previsional, generaría un doble efecto negativo: abarata el costo del despido y desfinancia al Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa), “poniendo en riesgo la sostenibilidad de las jubilaciones futuras”.
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El proyecto también abre la puerta a un negocio para las billeteras virtuales, permitiendo el pago de sueldos a través de plataformas como Mercado Pago, cuyos fondos no cuentan con la garantía del Banco Central, planteando dudas sobre la seguridad de los haberes y la intermediación financiera.
Cepa también adviete que todo este esquema, que busca imitar modelos de alta informalidad como el de Perú —elogiado por funcionarios oficiales por tener un 70% de mercado informal, pero tener una “macro ordenada” —, se alinea con las exigencias del FMI para finales de 2026, que incluyen una revisión integral del sistema previsional y el fin del monotributo.
