La semana que viene arranca el debate en Diputados y antes de marzo llegaría al Senado. Los cambios y puntos principales del texto. El rol de las provincias
Por Facundo Borrego
Foto: La Capital / Celina Mutti Lovera.
El Congreso empezará a debatir la ley penal juvenil.
La reforma de la ley penal juvenil empezó a navegar por el Congreso luego de que tomara fuerza el consenso informal para que el límite de edad de punibilidad sea desde los 14 años, y no desde los 13 como en un primer momento impulsó el gobierno nacional, específicamente Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA).
Este miércoles se definió la hoja de ruta del tratamiento con los jefes de los bloques opositores en Diputados. Así, el debate llegará a comisiones de la Cámara baja el martes a la Penal, el miércoles Plenario con Presupuesto Presupuesto y, al otro día, se tratará en una sesión como único tema en agenda. En caso de aprobarse irá al Senado, que tendrá hasta el 27 de febrero para tratarlo antes que terminen las extraordinarias.
La iniciativa es el proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil enviado por el Ejecutivo al Congreso en julio de 2024, que obtuvo dictamen en mayo de 2025 de La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y toda partidos provinciales, por lo que se supone que se repita este año, pero nunca llegó al recinto.
La idea de los libertarios es replicar ese texto. Bullrich, quien tiene bajo su responsabilidad el diseño de la estrategia, era partidaria de reducir la edad de imputabilidad a los 13 años y, sobre esa base, se debatió en la agenda mediática las últimas semanas. Pero los votos no le alcanzan y podría subir el número.
En principio, podría quedar redactado de la siguiente manera, en base al proyecto presentado por Bullrich y las modificaciones de estos días.
ARTÍCULO 1º.- Objeto. Ámbito de aplicación. El objeto de la presente ley es el establecimiento del régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los CATORCE (14) años de edad hasta las CERO (0) horas del día en que cumplan DIECIOCHO (18) años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el CÓDIGO PENAL o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro.
El plazo máximo de las penas privativas de la libertad respecto de personas adolescentes será de 15 años para delitos graves, y no de 20 como se pretendía. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada, producto de la concurrencia real de varios.
El texto dispondrá que cada jurisdicción organice sus propios institutos adecuados de detención o secciones separadas en establecimientos penitenciarios.
En cuanto a los recursos, el artículo 51 establece que los gastos que demande el cumplimiento de la ley se atenderán con los recursos incluidos en las leyes presupuestarias de cada ejercicio. Además, para el año de entrada en vigencia, se faculta al jefe de Gabinete a reasignar las partidas necesarias para su implementación.
Por eso tomó fuerza en las últimas horas algún tipo de mecanismo de compensación para las provincias luego de que las jurisdicciones firmen convenios. "No se definió, la semana que viene trataremos todo", le bajó el tono una voz libertaria.
Como una de las opciones es la privación de la libertad en un instituto especializado de detención, o bien en una sección separada de un establecimiento penitenciario, se exige que los menores detenidos tengan un tratamiento diferencial en las cárceles. Serán separados por personalidad, características personales y condiciones de salud, edad de los alojados que procure respetar las franjas etarias, identidad cultural y educativa y naturaleza cautelar o punitiva de la privación de la libertad.
La finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es "fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social". El objetivo es "procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito, mediante las medidas establecidas en la presente ley".
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro es impulsor de la baja de edad de imputabilidad, pero hasta dijo que el número en sí no es la discusión de fondo, sino el delito que se cometa.
“El homicidio está sancionado culturalmente y moralmente en la sociedad desde que sos un niño. Entonces, claramente todos saben la acción negativa que están llevando adelante. Ni siquiera hablo de límites de edad, hablo de tipos de delito y de la intención del delito, del dolo, que eso pueda marcar la pena con la cual se tiene que tratar”, indicó.
“Si querés, no discutamos la edad, pero sí qué hacemos con los inimputables. Ese es el problema, ¿qué haces con ellos?”, se preguntó el gobernador. Y explicó que el Estado no tiene ninguna medida para blindarlos y proteger a la sociedad. Con la nueva ley habría un marco para crear instituciones y resguardalos.
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