En los tiempos actuales en los que, en la ciudad y en el país, se han multiplicado exponencialmente los problemas de inseguridad y delitos asociados al fenómeno del narcotráfico y la retracción del Estado con políticas sociales y sanitarias para preservar a los ciudadanos -en especial a aquellos de los sectores más vulnerables- puede resultar surrealista insistir con la necesidad de reformar la política de drogas.
Sin embargo, debemos recordar que a nivel internacional ha crecido en la última década el consenso acerca del fracaso del abordaje prohibicionista de las drogas en todo su espectro y se han evidenciado claramente las amenazas que las organizaciones que lucran con uno de los principales negocios del mundo; las drogas, significan para los ciudadanos y gobiernos: corrupción, violencia, inseguridad.
Mientras tanto, en nuestro país y nuestra región han crecido y se han multiplicado las organizaciones criminales, y no se ha obtenido avances en el control de la demanda de drogas, sino que contrariamente han aumentado los consumos problemáticos y los daños asociados al mismo, incluidas las detenciones a los simples consumidores y los cultivadores que continúan siendo el chivo expiatorio de la parodia argentina del abordaje de las drogas.
Se ha diversificado el mercado de las drogas, su toxicidad y adulteración, por la necesidad del mercado de volver tanto más lucrativo como atractivo e innovador al producto. Y mientras la oferta de drogas se amplía y moderniza y sus medios de comercialización innovan junto a la tecnología y la virtualidad, la oferta asistencial continúa empobreciéndose de la mano de la doble moral argentina que insiste que el que no puede o no quiere dejar de consumir debe simplemente “Decirle No a las Drogas”, sostiene la falacia de que “El encierro cura” y naturaliza las muertes en quienes consumieron una droga como efecto del consumo, des-responsabilizando al Estado y llegando al colmo de banalizar a la Reducción de Daños interpretándose como medidas sociales, comunitarias tendientes a la inclusión.
Debemos recordar que si bien la Reducción de daños promueve estos abordajes, es algo más, es garantizar los derechos de quienes consumen drogas, abusan de las drogas o dependen de ellas, incluído su derecho a drogarse sin morir. Sin pagar con su vida, como los hicieron los jóvenes de la tragedia de Time Warp, o los de la tragedia de Puerta 8, o el joven que murió este pasado domingo en la Fiesta Mandarine de Capital Federal o aquellos de las múltiples tragedias silenciosas asociadas a drogas adulteradas, clandestinidad y falta de presencia del Estado con políticas de cuidado.
Reducir daños es garantizar que los usuarios de drogas no sigan pagando con su vida los costos de nuestra falaz política de drogas, ni tampoco con su libertad.
En Argentina sigue vigente la penalización de la tenencia para consumo personal, la demonización de “las drogas” con la consecuente maximización de daños para los que las consumen en situación de clandestinidad y posible persecución policial y penal y una percepción social del tema en la política y la opinión pública que continúa asociándolo más a la agenda de Seguridad que a la agenda de Salud pública.
Este sábado 6 de Mayo nuevamente Rosario y el país asistirán a una concentración multitudinaria en la Marcha Internacional de la Marihuana reclamando por la reforma de la ley de drogas 23.737 y la legalización de la marihuana. Si la sustancia fuera legal en el modelo de la legalización controlada o regulación, el ciudadano mayor de edad podría cultivarla o consumirla dentro de lo reglamentado: en cuanto -entre otras cuestiones- a cantidad, lugar de consumo, calidad controlada por el Estado en cuanto a concentraciones de THC y etiquetado, e indudablemente se restringiría el negocio del mercado negro, su lucro y poder.
Indudablemente este año habrá notables diferencias con la primera marcha de 2002 con sólo un centenar de personas por la peatonal rosarina en su mayoría profesionales de la salud y los derechos humanos; este sábado como en los últimos años abundarán las organizaciones de cultivadores, microemprendedores, usuarios medicinales y recreativos. Para algunos son tiempos de festejos en torno al modelo regulatorio en Argentina de la Ley 27.350 de Investigación médica y científica del uso medicinal y la Ley 27.669 de promoción de los usos industriales y medicinales.
Para otros, como es mi caso, son tiempos de reflexión sobre la persistencia de la política de drogas argentina en el fracaso y la lesividad de cuerpos y derechos de los usuarios. Reflexión sobre la ineptitud de la política de drogas santafesina multiplicando convenios con instituciones monovalentes de encierro y aislamiento y en ocasiones incluso derivando a Comunidades Terapéuticas clandestinas que han costado la vida de jóvenes (Lo ilustra el Caso Santiago Hellman Suarez derivado por Dir. de Niñez a C.T Soltar en Ituzaingó, cuya muerte aún no fue esclarecida). Reflexión sobre la inercia de la política asistencial municipal ampliando los lugares de “primera escucha” (que yo llamo catársis) junto a la burocratización de un Estado que no puede garantizar la continuidad de la primer escucha en un tratamiento, porque si no hay nuevos dispositivos públicos, el cuello de botella podrá ser más largo pero seguirá siendo igual de estrecho y el sujeto que “necesita de las drogas” quedará en la vorágine de las derivaciones a las mismas instituciones públicas municipales sin personal suficiente ni especializado y extensas listas de espera y a los mismos centros monovalentes en los que se continúa tercerizando la asistencia.
Los supuestos logros de los nuevos marcos regulatorios en relación a la marihuana son a mi entender un espejismo moderno. No se ha legalizado el autocultivo, ni siquiera para el uso medicinal, ambas conductas están condicionadas a la investigación médica y al registro en el REPROCANN que dejan al usuario de marihuana a merced de la burocracia estatal y sus laberintos. El sujeto de estas leyes no es un sujeto de derechos y la marihuana una medicina. El sujeto es un objeto de investigación y la marihuana un objeto de control social, igual que quien la consume.
No hay logro posible en vigencia de la actual ley de drogas, ni convivencia armónica entre las Ley 27.350 y la Ley 23.737. El mejor analizador del fracaso del abordaje tradicional punitivo es la misma ley de estupefacientes que no fue modificada a pesar del Fallo de la Corte Suprema (Fallo Arriola) que en 2009 declaró inconstitucional la penalización de la tenencia para consumo personal.
Este sábado, la sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones de derechos humanos, reducción de daños, cannábicas, y usuarios y ciudadanos autoconvocados marcharán por las libertades individuales y los derechos humanos.
Para algunos hablar de despenalizar la tenencia para consumo personal de todas las drogas encuentra el límite de la toxicidad de algunas drogas, su potencial adictivo, sin ver la toxicidad del abordaje actual. Muchos argentinos no perciben a la marihuana como droga, sino asociada a un uso ocasional y recreativo y a ello ha contribuido el fenómeno mediático de la “salida del armario” de personajes públicos que reconocen haber probado la marihuana o consumirla. El termómetro de la tolerancia social al consumo de marihuana no es equiparable a otras drogas. Los beneficios del uso medicinal de la marihuana se han socializado junto a la expansión del autocultivo y las redes de elaboración y venta clandestina de los aceites a pesar de que la Ley 27.350 de Investigación médica y científica del uso medicinal no los legaliza, ni legitima.
Quienes consideramos que debe despenalizarse la tenencia para consumo personal de todas las drogas apelamos a instalar el tema de las drogas más allá de la lógica de la Seguridad en la lógica de la Salud pública y los Derechos humanos.
Es imperioso preguntarnos si la Argentina actual puede seguir dilapidando recursos en persecución policial, allanamientos y causas judiciales a “perejiles”, sin invertir en asistencia y Reducción de Daños, mientras los usuarios de drogas (muchos de ellos jóvenes y muchos de ellos usuarios ocasionales) siguen pagando por la política vigente con su vida (riesgos asociados a la clandestinidad del consumo y al mercado negro sin política pública de Reducción de Daños y daños de muertes por adulteraciones y sobredosis) y siguen pagando con su libertad (detenciones policiales, causas judiciales, encierro).
Los tiempos actuales nos interpelan y una pregunta insiste; ¿podrá el pragmatismo finalmente devolverle la humanidad perdida a la política de drogas argentina?. O seguiremos avanzando hacia un lugar cada vez más triste y oscuro, donde incluso los tímidos avances de la legislación argentina sobre marihuana tengan por “chivo expiatorio” a los usuarios de otras drogas o a los mismos usuarios recreativos que no acepten camuflarse en usuarios medicinales del REPROCANN o incluso los usuarios medicinales de marihuana que resistan por fuera de los registros del Estado y sus laberintos de burocracia y control alejados del cuidado.
(*) Silvia Inchaurraga / Doctora en Psicología. Directora del CEADS (Centro de Estudios Avanzados en Drogadependencias de la UNR) y secretaria general de ARDA (Asociación de Reducción de Daños de la Argentina).
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