Jorge M. quedó en prisión preventiva acusado de participar del ataque a tiros contra una vivienda vinculada a Marisol Usandizaga. El hecho, perpetrado en 2018 e instigado por Guille Cantero, formó parte de la saga de atentados contra funcionarios judiciales por el juicio a Los Monos.
Alfredo Celoria
Jorge M. fue imputado por su participación en una balacera contra una vivienda de Zeballos al 2500 en 2018, en el marco de los ataques a funcionarios policiales y judiciales que investigaron a Los Monos.
A casi ocho años de haberse perpetrado, un hombre fue imputado por su participación en un ataque a tiros contra una vivienda de Zeballos al 2500 en el marco de la saga de atentados a inmuebles vinculados a funcionarios que investigaron y juzgaron a Los Monos.
Jorge M. fue detenido el pasado jueves 9 de este mes y el viernes último el fiscal Patricio Saldutti lo imputó de “amenazas coactivas agravadas por ser anónimas, por el uso de un arma de fuego, y por tener como propósito alguna concesión de un miembro del poder público en concurso ideal con daño calificado”. La fiscalía le atribuyó haber participado del ataque contra una vivienda vinculada con la jueza Marisol Usandizaga, quien fuera miembro del tribunal oral que condenó a Los Monos en primera instancia.
En lo referido a ese ataque se recuerda que ya fueron condenados su autor material Claudio “Churro” Canavo y los instigadores Ariel Máximo “Guille” Cantero, Matías Nicolás César y Lucía Estefanía Uberti.
El ataque a tiros por el que fue imputado Jorge M. fue una de las catorce balaceras investigadas en el marco de una saga de atentados contra antiguos domicilios de funcionarios judiciales y policiales, así como edificios del Poder Judicial, que estaban relacionados con la investigación y posterior juicio y condena a la banda de Los Monos. Los hechos se perpetraron en 2018 y en 2021 Guille Cantero fue condenado a 22 años de cárcel como instigador de siete de esos hechos.
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Entre los condenados en ese juicio oral —con penas ratificadas en segunda instancia por la Cámara Penal— estuvieron César y Uberti, sentenciados a 20 años de prisión, Daniel “Teletubi” Delgado (12 años y medio), Lenadro “Chulo” Olveira (12 años), Leonel Alejandro Fernández (ocho) y Damián Oscar Chávez (siete años). También hubo otros implicados que aceptaron penas en juicios abreviados, como Canavo, condenado a 17 años por su participación en esa saga y un homicidio.
En cuanto al tiroteo contra la vivienda de Zeballos al 2500, fue perpetrado a las 21.48 del 26 de julio de 2018 y fue uno de los domicilios vinculados a la jueza Usandizaga. La fiscalía lo consideró una maniobra “destinada a intimidar y amedrentar a la vicitma y a su entorno familiar”.
En ese marco le atribuyó a Jorge M. haber actuado en forma coordinada con Canavo, Cantero, César y Uberti, brindando “un aporte esencial mediante la planificación previa, el apoyo logístico y la verificación de la ejecución del ataque”.
La fiscalía le achacó a Jorge M. haber realizado tareas previas de inteligencia sobre el domicilio baleado, por cuyo frente pasó esa noche a bordo de un Renault Clio de su propiedad que contaba con vidrios polarizados y presentaba la puerta izquierda abollada. Esa maniobra tenía como fin “reconocer el lugar y constatar la presencia de moradores, para asegurar las condiciones necesarias para la concreción del atentado”.
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Luego de que Jorge M. fuera a verificar las situación en esa cuadra, a las 21.48 pasaron dos personas a bordo de una moto desde la cual dispararon ocho veces con una pistola 9 milímetros contra la fachada del inmueble. Los balazos provocaron daños en el portón, así como en una camioneta estacionada en el garage. También ingresaron dos proyectiles al interior de la vivienda donde se encontraba una persona.
La labor de Jorge M. en el ataque se completó diez minutos después de la balacera, cuando volvió a pasar frente a la vivienda en el mismo Renault Clio para corroborar que el ataque se había perpetrado según el plan. “Su intervención se enmarca como un aporte esencial y coordinado dentro de un plan delictivo dirigido a infundir temor a la funcionaria judicial y a su familia en particular, y en general a los distintos funcionarios judiciales intervinientes en investigaciones vinculadas a Ariel Máximo Cantero y su organización”, indicaron desde la acusación.
En ese contexto, una vez aceptada la imputación a Jorge M., la jueza María Trinidad Chiabrera le dictó la prisión preventiva por el plazo de ley de hasta dos años.
Los gremios estatales habían adelantado que la propuesta del gobierno provincial les parecía "considerable y razonable"
Por Guillermo Ferretti
