Se acelera el debate para regular el teletrabajo en la Argentina

Del sueño dorado de no ir a la oficina, quedarse en pijama en casa y cobrar igual a cambio de conectarse con la computadora y el teléfono con el jefe, a la pesadilla de pasarse doce horas disponible, sentado en una silla incómoda, en un rincón oscuro y ruidoso de la casa y con un niño pretendiendo jugar a la pelota en el living con el papá (mientras trabaja), suele haber una peligrosa y delgada línea divisoria.

   El trabajo a distancia ya venía ganándose un lugar significativo en la actividad económica, alcanzando un promedio del 7 por ciento a nivel global. Desde ya, eso fue antes de que el mundo quedara detonado por la pandemia. En estos días no tiene demasiada relevancia medir los altísimos índices de teletrabajo que surgieron como emergencia frente a la peste —no serán representativos a futuro— pero el dato clave lo proyectó la Organización Internacional del Trabajo (OIT): al menos el 16% de los asalariados lo haría a distancia para cuando el planeta vuelva a la nueva normalidad.

   El vacío legal para regular la modalidad se hizo evidente con el confinamiento obligado por el Covid-19. Por eso, al Congreso nacional le sobran motivos para apretar el acelerador y regular por ley la novedosa modalidad del trabajo desde la casa. Y Diputados ya analiza una veintena de proyectos.

   En las últimas dos semanas se hicieron escuchar dirigentes gremiales y el ministro de Trabajo nacional, Claudio Moroni. Todos expusieron en reuniones informativas de la comisión de Legislación del Trabajo. Hoy harán lo propio empresarios y el Colegio de Magistrados Laboralistas.

   En la caja de resonancia virtual del debate, la comisión permanente de Legislación del Trabajo, ya asoma una base de acuerdo general entre todos los bloques políticos: los trabajadores a distancia tendrán igualdad de derechos que los presenciales y la decisión de trabajar desde la casa será voluntaria (no podrá ser impuesta por la parte patronal) y reversible (el trabajador podrá aceptar, pero luego solicitar volver al modo presencial).

   También será obligatoria la desconexión digital fuera de los horarios de trabajo establecido (no se podrá enviar ninguna consulta ni indicación de tareas fuera de horario), los elementos necesarios para trabajar desde el hogar serán silla ergonómica, escritorio, computadora y teléfono y el costo de internet, mantenimiento de la línea, servicios utilizados en el hogar (luz y gas, entre otros), e incluso una compensación por espacio físico exclusivo destinado dentro del hogar, deberán ser provistos por el contratante o bien abonar una compensación dineraria en el caso de que los provea el empleado.

Próximos pasos

La comisión la preside Vanesa Siley, joven diputada de la agrupación La Cámpora, secundada por el santafesino Albor Cantard (Juntos por el Cambio, JxC). “Mi optimismo se basa en que veo muchas coincidencias. Es posible que se obtenga un dictamen en común, con algunos matices”, comentó a La Capital el macrista. Otros dos santafesinos integran la comisión en calidad de vocales: Patricia Mounier (FdT) y Enrique Estévez (PS).

   Cantard, quien ingresó a la Cámara en 2017, entiende que el teletrabajo tendrá una gran proyección en el futuro cercano. “Más del 50 por ciento de los empresarios y de los trabajadores lo ven de un modo positivo, pero deben garantizarse los derechos de igual modo que a los trabajadores presenciales”, abundó.

   En la última sesión informativa, Moroni expresó ante diputados y representantes del mundo sindical (siempre con la modalidad virtual, como viene funcionando el Congreso desde fines de abril): “Se trata de una ley necesaria, que plantea una base común para que luego los distintos gremios, con sus respectivos convenios colectivos, les vayan sumando letra chica en relación a la especificidad de cada actividad”.

   Moroni también advirtió que “no hay mucho para copiar” de otros países porque la Argentina en pionera en materia de derechos laborales.

   Entre los elementos a debatir, y aún no resueltos, asoma el modo en que la cartera nacional (y también los provinciales) se las arreglarán para fiscalizar la actividad remota. Se descuenta que el método será también remoto, ya que “no parece razonable ingresar a la casa de los trabajadores para fiscalizar”, comentó Moroni.

   Con todo, aclaró que el gobierno “no promoverá el teletrabajo”, aunque advirtió que es una realidad creciente. Algunos se ilusionan —también el ministro— con que la nueva modalidad se convierta, a su vez, en una oportunidad de aumentar la registración de las relaciones laborales no declaras (en negro). Siempre un porcentaje más alto que el deseado.

   Por el lado sindical, el diputado nacional y también titular de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, reconoció que “hay un vacío legal que llenar”, porque “cuando determinada actividad no está regulada se impone el más fuerte y pierden los trabajadores”.

   Yasky cree que el teletrabajo “no va a retroceder” y que la tarea del Congreso será “crear un piso de derechos sin dejar ningún resquicio” para que se filtren situaciones de abusos o violaciones a los derechos ya establecidos para los presenciales.

   En dos semanas, se estima que el debate fino para sacar dictamen de la comisión estará lanzado. Luego irá al recinto en la búsqueda de la media sanción.