El diputado provincial Martín Rosúa (UCR-Unidos) presentó un proyecto que establece restricciones para las personas que cumplen condena fuera de prisión
Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.
Asoma un febrero de alta intensidad política en la Legislatura santafesina.
El diputado provincial Martín Rosúa (UCR-Unidos) presentó un proyecto para que la provincia de Santa Fe lleve adelante una reforma profunda del régimen de prisión domiciliaria. El legislador advierte sobre privilegios encubiertos y asimetrías escandalosas en la ejecución de la pena.
“Durante años vimos cómo un instituto pensado para situaciones humanitarias terminó funcionando, en la práctica, como un beneficio reservado para unos pocos. Hablo de condenados por delitos graves, incluso corrupción y defraudación al Estado, que están cumpliendo su pena en departamentos de lujo, con acceso irrestricto a celulares, internet, redes sociales y visitas ilimitadas. Es evidente que, con estos privilegios, la ley no está siendo igual para todos”, explicó el dirigente radical.
Se conocieron casos en donde se organizaron fiestas, reuniones masivas o celebraciones en el mismo domicilio donde se debía estar cumpliendo una pena.
“Mientras esto sucede, el resto de los internos en el Servicio Penitenciario Provincial cumple normas estrictas: cupos de visita, horarios fijos, limitaciones a la comunicación, espacios reducidos y control permanente”, detalló Rosúa.
Y agregó: “El sistema terminó generando privilegios por capacidad económica, algo completamente incompatible con la Constitución y con cualquier principio republicano básico. Lo más preocupante es que esto no ocurrió por falta de norma, sino por falta de una aplicación rigurosa. Lo que debió corregirse desde la función jurisdiccional, con sentido común y con una lectura integral del plexo normativo, derivó en un entramado de abusos que hoy obliga a modificar la ley para impedirlos expresamente.
La reforma que propone Rosúa establece un límite máximo de 120 m² para la vivienda donde se cumpla la pena, prohibición de amenities de lujo o condiciones que transformen la pena en un privilegio y un régimen de visitas idéntico al penitenciario junto a la prohibición de celulares e internet, salvo excepciones estrictamente justificadas.
Además, estipula un monitoreo electrónico obligatorio y controles sorpresivos, revocación inmediata ante cualquier incumplimiento y un registro público para garantizar transparencia.
“El mensaje es claro y directo, en Santa Fe la prisión domiciliaria vuelve a ser lo que siempre debió ser: una excepción humanitaria, no un privilegio reservado para quienes pueden pagar condiciones de vida que ningún otro interno posee", señaló Rosúa.
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"Esta reforma repone igualdad, devuelve seriedad a la ejecución penal y responde a un reclamo muy simple pero muy profundo de la sociedad. Si hay condena, la pena se cumple de verdad y se cumple igual para todos”, concluyó el legislador de Unidos.
Agustín Adrián Torales, de 29 años, fue ejecutado este jueves. Antes sobrevivió a dos intentos de asesinato y fue demorado varias veces por distintos delitos
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