La tensión institucional que mantiene en vilo al círculo rojo de Santa Fe sumó este jueves un nuevo capítulo: el presidente de la Comisión Bicameral de Acuerdos, el diputado Fabián Bastía, presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia un planteo por conflicto de poderes por el fallo de la justicia laboral que benefició al ex ministro de Seguridad Marcelo Sain y ordenó a la Legislatura archivar el proceso disciplinario en su contra. No sólo eso: el legislador radical confirmó que impulsarán el juicio político contra el Fiscal de Estado, Rubén Weder.
En el escrito, de 96 páginas, Bastía solicita a la Corte que “disponga que la competencia es contencioso-administrativa propia suya, y anule y/o revoque la sentencia dictada por la jueza de Primera Instancia en lo Laboral”.
El objetivo de la presentación, dijo el diputado radical a La Capital, es que se “anulen las actuaciones judiciales anteriores y se pueda retomar el proceso disciplinario”.
La presentación se basa en dos incisos del artículo 93 de la Constitución Provincial. La carta magna establece que compete a la Corte Suprema de Justicia, exclusivamente, el conocimiento y resolución de los recursos contencioso-administrativos sometidos a su decisión en los casos y modos que establezca la ley (inciso 2) y los conflictos de atribuciones planteados entre funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial (inciso 6).
Ahí es donde entra Sain, cuyo futuro como director del Organismo de Investigaciones generó tensiones cruzadas entre los tres poderes del Estado. El 30 de junio, la titular del juzgado Laboral Nº 10 de Rosario, Paula Calace Vigo, hizo lugar a un amparo solicitado por Sain, ante la inminente decisión de la Legislatura de suspenderlo durante 6 meses y rebajar su sueldo a la mitad.
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El argumento del director del OI es que pretenden aplicar retroactivamente una ley y que lo investigan por hechos que ocurrieron mientras estaba de licencia en el MPA.
El presidente de la comisión de Acuerdos solicita a la Corte Suprema que rechace el amparo de Sain
La orden de la magistrada inyectó tensión e incertidumbre a la Asamblea Legislativa, que freezó el proceso contra Sain hasta que se despeje el escenario judicial y encomendó a Bastía para que se presente ante la justicia laboral.
Y así lo hizo, pero Calace Vigo rechazó el planteo: consideró que la comisión legislativa no tiene “legitimidad procesal” para intervenir en la causa. Ante esto, Bastía siguió dos vías: una queja ante la Cámara Laboral, que dio trámite al pedido, y la presentación ante el máximo tribunal de la provincia, en este momento presidido por Roberto Falistocco.
Los tiempos apuran: mañana es feriado y el lunes empieza la feria judicial de invierno, que se extenderá por dos semanas. Trabajó en la presentación un equipo de abogados integrado por el constitucionalista Domingo Rondina, el ex Fiscal de Estado Pablo Saccone y el ex secretario de Asuntos Penitenciarios Pablo Cococcioni.
Estrategias
Ahora habrá que ver si la Corte Suprema toma el planteo. Si los ministros dan luz verde, intervendrá el Procurador Jorge Barraguirre y después habrá una definición. Se sabe: los tiempos de la Justicia son lentos y no coinciden con el vértigo de la política.
La semana pasada, la Corte cerró otro caso de alto voltaje político: por cuatro votos contra dos, el tribunal se pronunció a favor de la constitucionalidad de la norma que otorga a los legisladores el control disciplinario de fiscales y defensores
Más allá de la estrategia en los tribunales por el caso Sain, en la Legislatura apuntan los cañones hacia el Poder Ejecutivo. La oposición señala que a través de un decreto el gobernador ordenó al jefe de los abogados del Estado que se allane en una causa que justamente tiene a la provincia como destinataria de la demanda.
El presidente de la comisión Bicameral de Acuerdos, el diputado radical Fabián Bastía
Además, cuestionan otros dos elementos técnicos de la intervención del fiscal de Estado pero que a su entender son relevantes políticamente. Por un lado, critican que Weder haya cambiado el criterio con pocas semanas de diferencia: en el caso Spelta señaló que el fuero laboral no era el ámbito adecuado para una demanda y sí el contencioso administrativo y en la causa Sain sí consideró que es competente. Por el otro, que no haya consultado su opinión a la Legislatura.
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A esos argumentos suman otro, específicamente político: remarcan que Weder fue compañero de gabinete de Sain y consideran que se debería haber excusado.
“Sain puede reclamar justicia por lo que entiende que son sus derechos, pero acá el que actúo mal es el Fiscal de Estado”, opinó Bastía. Y agregó: “Weder va a juicio político. Habrá que ver si prospera o no, pero en su accionar no hay duda que no es conforme a lo que debía hacer”.
La Constitución santafesina establece que Diputados acusa y el Senado juzga, y en ambos casos se necesita el voto afirmativo de al menos dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara.
