Caso Sain: la comisión de Acuerdos replica ante la Cámara Laboral y la Corte

El presidente de la comisión bicameral de Acuerdos, Fabián Bastía, planteará hoy ante la Cámara Laboral una queja por la resolución de la jueza Paula Calace Vigo que denegó por “falta de legitimación” el recurso de apelación y nulidad —presentado previamente por el diputado provincial de la UCR— del amparo que había ordenado archivar el proceso disciplinario a Marcelo Sain, director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Paralelamente, Bastía remitirá mañana a la Corte Suprema de Justicia santafesina un planteo de conflicto de poderes, instancia que elevará el voltaje de la crisis institucional por la que atraviesa la provincia.

Calace Vigo denegó ayer el planteo de apelación y nulidad interpuesto por Bastía al amparo otorgado el 30 de junio pasado por la misma jueza Laboral al titular del OI, que de ese modo buscó detener el sumario administrativo en su contra por presuntas faltas graves.

Sain considera que se lo quiere juzgar como miembro del MPA por su actuación en otro poder, cuando ejerció como ministro de Seguridad provincial (renunció en marzo).

Argumentos

Para la magistrada, Bastía no posee “legitimación procesal”, en su doble condición de diputado y presidente de la bicameral de Acuerdos, para participar del proceso judicial, al tiempo que entendió que sólo el Fiscal de Estado, Rubén Weder, está en condiciones de ejercer la defensa de la provincia.

No obstante, el titular de la comisión presentará un recurso de queja para que un camarista del fuero Laboral resuelva la cuestión. Y luego ingresará a la Corte Suprema un planteo de conflicto de poderes.

El legislador sigue apuntando a Weder ya que, a su entender, el haber compartido el gabinete provincial con Sain obligaba a una toma de distancia del incidente. Pero también advierte que contradice sus posiciones en otros caso similares (como la investigación al fiscal rosarino Adrián Spelta).

A su vez, legisladores de la oposición continúan analizando el desempeño reciente de Weder para una inminente solicitud de juicio político.

La apelación le había sido encomendada a Bastía durante la sesión conjunta del jueves, en la que por mayoría senadores y diputados también resolvieron dejar en pausa el pedido de suspensión —con quita de la mitad de sus haberes— de Sain hasta tener “certezas judiciales”, en el marco de un expediente abierto por presuntas faltas graves.

Bastía, titular de la comisión bicameral de Acuerdos.

Un día antes de la sesión conjunta de las Cámaras alta y baja, Calace Vigo había aceptado el amparo presentado el 24 de junio por Sain y ordenó a Acuerdos archivar el sumario en contra el director el OI.

Sain había formalizado el recurso contra la provincia en paralelo a la decisión legislativa de ir por su suspensión mientras se instruye la investigación interna a manos del auditor ad hoc del MPA, el fiscal Regional de Reconquista, Rubén Martínez. Posteriormente, la jueza emitió una resolución sustentada en el allanamiento al amparo del ex ministro que aportó Weder.

El titular del Organismo de Investigaciones pidió que se declare inconstitucional la aplicación retroactiva de la ley Nº 14.016 (incompatibilidades y prohibiciones para miembros del MPA) con el objetivo de evitar cualquier sanción dentro del sumario administrativo propiciado por el fiscal general, Jorge Baclini.

Defensa

En ese contexto, el ministro de Seguridad provincial, Jorge Lagna, aludió sobre la arremetida de la Legislatura contra su antecesor.

Lagna afirmó que es “inconstitucional” la pretensión de senadores y diputados de suspender a Sain en el OI (cargo en el que había pedido licencia para asumir en Seguridad) y alertó: “Existen ataques por todos los costados”.

Al respecto, el funcionario exigió “que cada uno cumpla su rol de acuerdo a la ley”.

Corte nacional

Por su parte, Hernán Martínez, abogado de Spelta (con proceso disciplinario abierto en la Legislatura provincial), afirmó que recurrirá a la Corte Suprema de la Nación como consecuencia del reciente fallo del máximo tribunal santafesino que avaló el control de senadores y diputados a miembros del MPA.