La ONU mandó un mensaje de apoyo y rechazó argumentos religiosos

El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de discriminación contra la mujer en la legislación y la práctica envió ayer una carta a la Cancillería argentina en la que enfatizó que penalizar el aborto "instrumentaliza los cuerpos de las mujeres, niega su autonomía y pone en peligros sus vida y su salud".

"Le escribimos para felicitar a su Legislatura por su consideración de un proyecto de ley que despenaliza la interrupción del embarazo en las primeras catorce semanas y para instar a que aprueben dicho proyecto. Acogemos con beneplácito la importante medida que se está tomando para garantizarles a las mujeres todos sus derechos humanos", comenzó la carta dirigida al canciller Jorge Faurie.

El organismo remarcó que "la penalización del aborto y la falta de acceso adecuado a los servicios para la interrupción de un embarazo no deseado constituyen discriminación basada en el sexo", en contravención del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por la Argentina el 8 de agosto de 1986 y el artículo 2 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificado por Argentina el 15 de julio de 1985.

Además, insistió en que, "de acuerdo al derecho internacional de los derechos humanos, no son permisibles los argumentos religiosos para impedir la adopción de proyectos de ley porque esto violaría el derecho humano a la libertad religiosa".

"En su informe al Consejo de Derechos Humanos sobre la Salud y la Seguridad de las Mujeres, el Grupo de Trabajo enfatizó que penalizar la interrupción del embarazo instrumentaliza los cuerpos de las mujeres, niega su autonomía y pone en peligro sus vidas y su salud", indicó la nota, que llevó la firma de la presidenta del Grupo de Trabajo, Ivana Radicic.

Y agregó que "el tratamiento del aborto como una cuestión penal a menudo produce consecuencias colaterales dañinas, incluido el encarcelamiento de mujeres que han tenido abortos espontáneos, así como la estigmatización de la mujer lo que a su vez produce más discriminación y abuso".

"Además, la prohibición del aborto autoinducido causa aún más daño a las mujeres económicamente desfavorecidas, cuyos recursos limitados incrementan sus posibilidades de embarazos no deseados, les impiden acceder a cualquier método de aborto seguro ni a buscar tratamiento por complicaciones que puedan sobrevenir lo que a su vez las pone en más riesgo de ser procesadas criminalmente", completó.